La Oficina Regional de la Defensoría del Pueblo en Darién convocó a una reunión con la Dirección Nacional de Política Indígena, con la finalidad de realizar una reunión de coordinación interinstitucional con las autoridades de la provincia, autoridades tradicionales, para exponer el tema de los colonos o campesinos dentro de la comarca Kuna de Wargandí, y así encontrar una solución a la problemática existente.
Durante la reunión, el Señor Fernelio Martínez, Secretario General de la comarca Wargandí, explicó que actualmente en las comunidades de Asnatí y Rio Sucurtí, supuestamente los colonos o campesinos talan madera ilegal y que han acudido a la Autoridad Nacional del Ambiente, pero que responden que no tienen el personal suficiente para realizar las inspecciones.
Igualmente, manifestó que la comarca Kuna de Wargandí, creada mediante Ley No. 34 del 25 de julio de 2000, conformada por las comunidades de Wala, Nurra y Mortí, los campesinos llevan años realizando actividades de ganadería y agricultura y que las autoridades tradicionales han notificado a las autoridades de la provincia y las mismas no acatan a los llamados.
Agregó que son consientes de que antes de la creación de la comarca existían algunas personas establecidas en esas tierras, pero que sólo son 4 de ellos; sin embargo, Reforma Agraria indica que 16 personas se encuentran registrando solicitudes de derechos posesorios del lugar.
Ante esto, Roberto Lino Guaynora, Asesor Legal de Política Indígena, indicó que ya existe una decisión que tomó el Ministerio de Gobierno, de hacer cumplir la Ley No. 34 del 25 de julio de 2000, y que las autoridades tradicionales deben hacer las notificaciones correspondientes conjuntamente con las unidades de SENAFRONT, respetando así el debido proceso, para que en un termino de 2 meses y 15 días los invasores abandonen el área.
Por su parte, el vice gobernador de Darién, Miguel Marín, señaló que el problema de la tierra es un tema nacional y que se está trabajando con la Comisión de Límite y la Contraloría General de la República, en un estudio de la tierra; y a la vez argumentó que estos casos deben ser manejados con mayor prudencia, porque existen muchas familias ubicadas en el lugar y que el Estado tiene el deber de atender a los mismos.
FUENTE: Defensoría del Pueblo Panamá.