En una comunicación dirigida a la Primera Ministra, Ana Jara, el Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega, recomendó la instalación del Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Migraciones, tal como lo establece el Decreto Legislativo N° 1130 que creó dicha entidad. Señaló que, pese a que han trascurrido dos años desde su creación, este Consejo aún no ha iniciado sus funciones.
El documento precisa que la Superintendencia Nacional de Migraciones, en su calidad de organismo técnico especializado, debe planificar, supervisar, ejecutar y controlar la política migratoria interna con un enfoque multisectorial, como lo establece la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. La falta de instalación de su máxima instancia, como es el Consejo Directivo, genera que las decisiones en esa materia no tengan este enfoque multisectorial.
«En los últimos años, el Perú ha recibido un importantes número de extranjeros y esta situación requiere la coordinación de distintos sectores del Estado. Por ello, se creó la Mesa de Trabajo Intersectorial para la Gestión Migratoria, adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores, donde participan representantes de 10 Ministerios y de entidades públicas con la finalidad de atender de forma multidisciplinaria, todos los aspectos del fenómeno migratorio», señaló Vega.
De acuerdo con las cifras de la Superintendencia Nacional de Migraciones, en el 2014, 21,170 personas extranjeras han prorrogado su permanencia en el Perú; de ellas 5,881 tienen calidad de trabajadores y un alto porcentaje corresponde a mujeres.
Por ello, a fin de diseñar una política migratoria compatible con los estándares establecidos en los tratados internacionales ratificados por el Perú, resulta necesario que este Consejo se instale a la brevedad posible. Asimismo, es importante que este Consejo asuma como una de sus principales tareas la actualización de la Ley de Extranjería.
En esa medida, sin perjuicio de la pronta instalación del Consejo, Vega Luna también recomendó que se evalúe la posibilidad de incorporar en dicha instancia a otros sectores vinculados con esta temática -como el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y el Ministerio de Trabajo, entre otros- con la finalidad de brindar una respuesta integral que garantice los derechos de las personas migrantes.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de Perú