El Primer Visitador de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Mario Patrón Sánchez, subrayó que al término de la Audiencia Preliminar del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), capítulo México, sobre la militarización de las fronteras, criminalización y desaparición forzada de migrantes en tránsito, se evidenció la tragedia humanitaria que viven las y los migrantes, aderezada de una falta de Estado y de impunidad total.
En conferencia de prensa, destacó que el TPP es darle voz a los sin voz, así, «los testimonios de Brasil, Honduras, Guatemala y México, presentados con dignidad, lo que reflejan es la tragedia humanitaria que significa la migración hoy en México, y que se trata de un problema trasnacional».
Aseveró que hay zonas de México donde no hay Estado, no hay instituciones a quien acudir, y en todo caso, «cuando las personas migrantes y las y los defensores de los derechos humanos de los primeros acuden a las instancias oficiales, la respuesta se traduce en riesgos y mayor inseguridad».
En el marco de la sesión del TPP, señaló que a tres años de la masacre de San Fernando, donde fueron asesinados 72 migrantes centroamericanos, hay impunidad, «no se puede decir qué es lo que pasó, las víctimas, los familiares no han tenido acceso a la verdad a la justicia, y sobre todo, a los mínimos márgenes de transparencia y rendición de cuentas del Estado mexicano».
Estuvieron presentes Jueces y fiscales del TPP, Capítulo México, Eje de migración, quienes detallaron que el proceso para juzgar al Estado mexicano por crímenes, caracterizados de la mayor gravedad en el marco internacional, continuará hasta que se logre obtener el respeto y el reconocimiento pleno del derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y las garantías de no repetición.
El Fiscal del TPP, Camilo Pérez Bustillo, sentenció que este proceso no cesará hasta que no haya más un San Fernando, fosas clandestinas, secuestros, desapariciones, secuestros masivos de migrantes, ni hostigamiento contra las y los defensores de éstos.
Agregó que se considera al gobierno de los Estados Unidos, responsable de las políticas que se han intentado imponer extraterritorialmente, vulnerando la soberanía del pueblo de México, en territorio mexicano, al perseguir y criminalizar a las y los migrantes, que implica la militarización de las fronteras de norte a sur.
En nombre del Jurado hablaron Fiona MacPhail del Haldane Society of Socialist Lawyers de Inglaterra; Azadeh Shahshahani del National Lawyers Guild, de Estados Unidos; Leticia Calderón del Instituto Mora; Laura Carlsen del Programa Américas del Center for International Policy, en Washington, y Wilner Metelus, del Comité Ciudadano de Defensa de los Naturalizados y Afro mexicanos; Iver Orstavik de la Fundación Rafto pro Derechos Humanos, de Noruega, y Luis Daniel Vázquez de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).
Detallaron que el Jurado encuentra, en principio, que existe responsabilidad estatal de los estados de origen, de México como país de tránsito y de Estados Unidos como país receptor. «Es una responsabilidad de distintos agentes por violación a los Derechos a la protección a la vida, a la integridad, al libre tránsito, de seguridad y en general de la dignidad de las personas».
Apuntaron que el Estado mexicano tendría que adoptar, de manera inmediata, medidas tales como reconocer la culpabilidad estatal, ya que en su discurso se dice que los responsables de los crímenes contra las y los migrantes son del crimen organizado, lo cual no cuadra con los testimonios y evidencias.
El Estado, añadieron, ha fracasado en garantizar los derechos de integridad física de migrantes en México, defenderlos y garantizar la protección y condiciones de trabajo para defensores y defensoras de los derechos de migrantes. Hay indicios de complicidad entre agentes estatales y el crimen organizado, corrupción y abusos.
Además de discriminación y falta de investigación, lo cual obliga a las víctimas y sus familiares a investigar con el riesgo a su seguridad. Consideraron que se tiene que hacer una reparación integral a las víctimas de acuerdo con lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).
Como medidas de prevención señalaron que el Estado tiene que crear las Instituciones necesarias para garantizar la seguridad de los migrantes en tránsito, su salud, vivienda y alimentación y mecanismos anti corrupción.
Advirtieron que la Reforma migratoria en Estados Unidos profundizará la militarización de las fronteras y las criminalización de los migrantes.
A su vez, el padre Alejandro Solalinde acusó al gobierno mexicano de abandono de persona, de abandonar a su pueblo, poniendo su interés en los intereses trasnacionales. «¿Dónde están las autoridades y los pastores de México?», preguntó.
«¿Cómo es posible que en nuestro país haya ese tipo de violencia sin que haya responsables, sin que a nadie le importe nada?; pienso todo lo que las instituciones pueden hacer y no están haciendo», advirtió.
En la conferencia estuvo presente María Luz Gloria, tía de Juliard Aires Fernandes, joven migrante brasileño, quien fue víctima en San Fernando, y cuyos restos fueron recibidos por sus familiares dos meses después de lo ocurrido, pero sin tener la certeza de que fuera su cuerpo, ya que estaba irreconocible.
A la Audiencia Previa del TPP estaban convocadas las diversas autoridades del Gobierno mexicano involucradas, pero no acudieron.
Será el año 2014 cuando los miembros del TPP con sede en Roma acudan a México para la Audiencia final, que abarca seis ejes, entre ellos el de migración.
FUENTE: Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal de México