El incremento del desplazamiento interno en México, causado por la violencia que generan los enfrentamientos entre la delincuencia y elementos de seguridad pública en algunas zonas del país, es un fenómeno que debe erradicarse, afirmó el doctor Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la CNDH.
Durante la Jornada de Capacitación en Materia de Desplazamiento Interno el Ombudsman nacional enfatizó que las autoridades tienen la obligación y responsabilidad de proporcionar protección y asistencia a la sociedad.
Los espacios de reflexión como este foro en el que participan expertos en la salvaguardia de las comunidades afectadas, permiten proponer soluciones, dijo. Según cifras oficiales, en el mundo existen más de 27.5 millones de personas desplazadas que se ven obligadas a huir de sus lugares de residencia debido a que su integridad física y vida peligran.
Plascencia Villanueva indicó que cuando la cultura de la legalidad prevalezca, no habrá nadie que deba desplazarse de sus raíces familiares y culturales para buscar en otro sitio la protección de sus derechos humanos. Este Organismo nacional hace un llamado a las autoridades para que se atiendan las consecuencias del desplazamiento y se garantice el respeto a los derechos de la población.
También a que se analicen las causas de este fenómeno y se lleve a cabo una efectiva labor de prevención, combate a la impunidad y fortalecimiento del respeto a la ley. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos prevé un instrumento de atención a víctimas del desplazamiento forzado que incluye propuestas de reparación del daño.
Raúl Plascencia Villanueva estuvo acompañado en la inauguración por Sebastián Albuja, representante del Observatorio del Desplazamiento Interno (IDMC) del Consejo Noruego para los Refugiados; Bryce Campbell, director Asistente del Proyecto Brookings-London School of Economics sobre el Desplazamiento Interno; Hans Hartmark, oficial a cargo de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en México, y Marco Romero, presidente de la consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, Colombia.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de Panamá