El Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega, el Jefe de la Sección de Cooperación al Desarrollo de la Unión Europea, Jean–Charles Fiehrer, el representante del ProgettoMondo Mlal, Marco De Garteano, y el Director Ejecutivo de Forum Solidaridad Perú, Rómulo Torres, lanzaron hoy el proyecto “PERÚ MIGRANTE”, con el fin de promover los derechos de los peruanos y fortalecer la lucha contra el tráfico ilegal de migrantes del Perú hacia la Unión Europea.
“Esta iniciativa busca reducir los niveles de vulnerabilidad legal, social y económica de los migrantes actuales y potenciales, que deriva del tráfico ilegal y de la migración clandestina. Además, permitirá fortalecer los mecanismos de protección de los derechos de los migrantes, articulando las iniciativas de las organizaciones de la sociedad civil y de las entidades públicas vinculadas con el proceso migratorio”, sostuvo Eduardo Vega.
Más adelante afirmó que, en el marco de este Proyecto, la Defensoría del Pueblo dará inicio a una investigación con dos objetivos: analizar las dificultades que enfrentan los peruanos que viven en Italia respecto a la aplicación de la “Directiva Europea de Retorno de Inmigrantes”, y evaluar las medidas adoptadas por el Estado peruano para garantizar los derechos humanos de los peruanos a quienes se les aplique esta norma.
“El Perú es un país con un significativo flujo migratorio que equivale al 10% de su población total. En el caso de Europa, según algunos estudios, Italia es uno de los países donde reside un alto número de peruanos (aproximadamente, 100 mil). Milán, Génova y Turín son las ciudades italianas que concentran a la comunidad peruana. La mayoría de los migrantes peruanos en estas ciudades está integrada por mujeres (58.4%), pero existe un significativo porcentaje en situación de irregularidad (11%)”, subrayó Eduardo Vega.
Asimismo recordó algunos desafíos pendientes en materia migratoria, como la aprobación de una ley–marco que defina los principios, objetivos y lineamientos de la política migratoria nacional, con un enfoque de derechos, y en la que se resalte la persona del migrante como objeto de las políticas del Estado.
Por otra parte, sostuvo que aún está pendiente la aprobación de la norma que brinde respaldo legal a la “Mesa Intersectorial para la Gestión Migratoria en el Perú”, así como la actualización y reglamentación de la ley de extranjería que regula la situación de los extranjeros en el país (que data del año 1991).
Finalmente, Vega dijo que se debe retomar el reconocimiento de la competencia del Comité para la protección de los derechos de los trabajadores migratorios, así como la aprobación de los Convenios 97 y 143 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), referidos a los trabajadores migrantes y las migraciones en condiciones abusivas, así como el mejoramiento de los servicios que brindan los consulados a los peruanos en el exterior.
Cabe indicar que «PERÚ MIGRANTE» contempla la implementación de una red peruana de organizaciones de la sociedad civil para la realización de acciones de observación y vigilancia sobre el tema de los derechos humanos de los migrantes y de la prevención del tráfico ilegal, la formación de operadores y profesionales, así como la promoción de encuentros nacionales y planes de incidencia, además de la difusión de información mediante el sitio Web: www.perumigrante.org
FUENTE: Defensoría del Pueblo del Perú.