La Oficina del Defensor del Pueblo que dirige la Defensora del Pueblo (e.f), María Luisa Cava de Llano, ha iniciado cerca de 2.000 expedientes en materia de extranjería en 2010, un 30 por ciento más que en el año anterior. Muchos de estos expedientes han generado sugerencias y recomendaciones que han sido aceptadas, en muchos casos, por las Administraciones competentes en beneficio de la población.
Del estudio de los escritos enviados a la institución es destacable que cada vez son más frecuentes las quejas enviadas por ciudadanos españoles sobre situaciones que afectan a personas extranjeras. Existen ya muchos españoles con estrechos lazos con personas extranjeras: matrimonios con un cónyuge español y otro extranjero, parejas de hecho en la misma situación, menores españoles de padres extranjeros o incluso empleadores o empresarios para los que la presencia de estas personas extranjeras es imprescindible.
Sugerencias para ayudar a solucionar problemas
Ante esta nueva realidad, se han dado casos como el de una mujer, madre de un menor español, que iba a ser expulsada pese a que estaba en juego el interés superior del menor y reunía las condiciones que hacían aconsejable la residencia por circunstancias excepcionales. Desde la Oficina del Defensor se ha sugerido en numerosas ocasiones que se concedan estas autorizaciones, que, en general, han sido bien recibidas por las autoridades competentes.
También son frecuentes las quejas referidas a actuaciones de diversos consulados que, a pesar de la existencia del registro del matrimonios entre ciudadanos nacionales y extranjeros, deniegan el visado al cónyuge extranjero impidiendo el desplazamiento de éste a España al considerar que puede tratarse de matrimonios de conveniencia por motivos migratorios o económicos. Ante estos casos se ha sugerido a diversos consulados que doten de visado a los cónyuges extranjeros, salvo que no haya duda de que ese matrimonio ha sido disuelto. Este tema preocupa especialmente a la institución ya que la respuesta consular no suele ser muy positiva.
Los problemas a la hora de obtener reagrupaciones familiares también han sido una constante en las quejas recibidas. Se han producido varios casos en los que las dilaciones en la tramitación del procedimiento por los consulados para dictar resoluciones en esta materia han ocasionado que hijos de ciudadanos con residencia permanente inicien el procedimiento cuando son menores de edad y al finalizar el expediente sean mayores y esto dificulte su reagrupación. Ante estos casos, se ha sugerido a las autoridades competentes que tomen como edad de referencia la que tenía el afectado cuando se presentó la solicitud de autorización de residencia. La respuesta de las administraciones implicadas también ha sido positiva en este caso.
Situaciones de rechazo en frontera a menores con nacionalidad española que viajaban acompañados de uno de sus padres -cuando éstos carecían de permiso de residencia- también han sido objeto de intervenciones de la Oficina del Defensor. En estos casos, la institución que dirige en funciones Mª Luisa Cava de Llano, ha insistido en que la Policía tiene la obligación de intentar localizar al progenitor que se encuentra en territorio nacional para que pueda hacerse cargo del niño. Cuando esto no es posible, la Defensoría ha recordado a las autoridades que nada impide legalmente la entrada del menor y la de su padre o madre para que se cumpla el derecho fundamental del niño español a residir en España.
Fallos burocráticos han ocasionado que personas inscritas en el Registro Central de Extranjeros desde al menos cinco años, plazo que establece la legislación vigente para dotarles de residencia permanente, no hayan obtenido este permiso. Las intervenciones de la Oficina del Defensor del Pueblo en esta materia han subsanado los problemas en algunos casos, pero este tipo de fallos siguen produciéndose con frecuencia.
Víctimas de trata
Uno de los asuntos que más preocupan a la Defensora del Pueblo (e.f) es la situación de las víctimas extranjeras de trata. Durante 2010 han llegado varias quejas a la Oficina que dirige Cava de Llano y muchas de ellas continúan en trámite o se han resuelto cuando la persona ya había sido expulsada. Por este motivo, la institución está trabajando en un informe que verá la luz en 2011 y en el que se hará especial hincapié en la situación de las menores extranjeras no acompañadas. Estas niñas son totalmente invisibles en España.
La determinación de la edad de los menores extranjeros no acompañados también es motivo de preocupación en la institución. En 2010, Cava de Llano ha conseguido reunir a todos los actores implicados en la determinación de la edad de estos menores para intentar aunar criterios. Fruto de estas reuniones se está elaborando un informe monográfico al respecto que también verá la luz en 2011.
FUENTE: Defensor del Pueblo de España.