En el marco de la XV Asamblea de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO) –que se celebra en Cartagena de Indias, Colombia, presidida por la doctora Beatriz Merino, Defensora del Pueblo en el Perú–, los Defensores y Procuradores de Derechos Humanos de Iberoamérica acordaron unir sus esfuerzos para impulsar un Observatorio Continental que les permitirá recopilar mayor información sobre las dificultades que deben superar los Estados para enfrentar problemas tan delicados como la migración irregular y la trata de personas.
El Observatorio Continental de las entidades defensoras de los derechos humanos facilitará, además, la coordinación de estrategias de intervención conjunta y sostenida de estas instituciones, así como la propuesta de recomendaciones al momento de diseñar y evaluar las políticas que los Estados desarrollan para atender de un modo conveniente los temas vinculados a la migración irregular y la trata de personas.
Según cifras de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), cada año son captadas por las redes de trata entre 600,000 y 800,000 de personas, quienes son sometidas posteriormente a situaciones de explotación en diversas modalidades, lo que conlleva a su muerte, en muchas ocasiones. Se calcula que, en la actualidad, 1,2 millones de las víctimas son menores de edad.
Este delito –que reporta a las organizaciones criminales unas ganancias que sobrepasan el monto de 9,500 millones de dólares anuales– se ubica, en la actualidad, entre los primeros crímenes del mundo más graves y complejos, junto con el Tráfico de Armas y el Tráfico Ilícito de Drogas.
Por su parte, en su reciente Informe Anual, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de los Migrantes, Jorge Bustamante, ha señalado que la criminalización de los migrantes indocumentados mediante algunas leyes –como la de Arizona o la Directiva de Retorno de la Unión Europea– potencia la xenofobia.
Según Bustamante, “criminalizar migrantes irregulares por la ofensa de estar en un país sin la documentación adecuada hace que todos los migrantes, independientemente de su estatus, sean vulnerables a potenciales actos xenofóbicos o racistas”.
En este sentido, las instituciones defensoras de los derechos humanos integrantes de la FIO estiman necesario reiterar a sus respectivos gobiernos la importancia de que éstos reafirmen su responsabilidad jurídica y moral respecto de proteger a todas las personas –incluidos los migrantes– sin discriminación alguna.
Asimismo, en concordancia con lo señalado por el Relator Especial, las instituciones miembros de la FIO exhortan a los Estados a tomar en consideración un planteamiento humano y de protección en la formulación de las políticas estatales, así como cambiar el enfoque de seguridad existente en la actualidad, pues éste ha demostrado que no contribuye a disuadir la migración irregular ni la trata de personas.
En el curso de la Asamblea, la doctora Beatriz Merino informó que el trabajo en el tema migratorio también involucrará los esfuerzos de otras organizaciones que conocen esta temática, como la OIM. Asimismo dijo que el próximo año se potenciará el trabajo en los países que integran la Comunidad Andina para fortalecer la protección de los derechos de los migrantes que se desplazan a los países vecinos.
De igual modo, recordó que la labor de las instituciones de derechos humanos busca contribuir al éxito de los esfuerzos que realizan los Estados. “La atención de problemas tan complejos como la migración irregular y la trata de personas requiere que nuestros países dejen de lado las respuestas unilaterales y coyunturales, y que sumen esfuerzos para lograr un impacto positivo en la vida de millones de personas que, por un lado, se ven obligadas a dejar sus países de origen por distintas razones y, por otro, en vista de sus precarias condiciones económicas, algunas personas inescrupulosas las engañan, prometiéndoles empleos fantásticos que terminan convirtiéndose en sus peores pesadillas”, finalizó Merino.
FUENTE: Defensoría del Pueblo del Perú.