El Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, y el Ministro del Interior, Fernando Carrillo Flórez, radicaron hoy ante la Secretaría de la Cámara de Representantes, el proyecto de ley que busca darle facultades extraordinarias al Presidente de la República para modificar la estructura orgánica de la Defensoría del Pueblo, y convertirla en una institución moderna y eficiente que responda a los actuales retos que enfrenta el país en materia de protección y promoción de los derechos humanos.
Otálora Gómez, quien estuvo acompañado del ministro del Interior, Fernando Carrillo, aseguró que en los 20 años de historia que tiene la Defensoría del Pueblo nunca se había realizado un ajuste institucional acorde con las necesidades que en materia de derechos humanos ha venido registrando el país en los últimos años.
El Defensor del Pueblo destacó que el país requiere contar con una entidad robusta y capaz de responder a los retos que imponen las actuales condiciones del conflicto interno o de las tareas que impone la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, entre otras.
A juicio de Otálora Gómez, aunque la Defensoría del Pueblo ha venido siendo reconocida como una entidad que trabaja de manera decidida tema como la defensa de los derechos de los ciudadanos en materia de salud, pensiones, cárceles, agua, niñez y desplazados, también considera fundamental trabajar mucho más en la promoción y divulgación de derechos relacionados con los temas ambientales, mineros, económicos, entre otros.
Para enfrentar los nuevos retos y poner fin al rezago de dos décadas, la Defensoría del Pueblo deberá lograr una perfecta armonización y equilibrio con las demás entidades que conforman el Ministerio Público. Para ello será necesario modificar su actual estructura orgánica, su régimen de competencias interno y suprimir funciones que no correspondan con su naturaleza.
«Es urgente llevar a cabo una reforma de la estructura organizacional de la Defensoría del Pueblo, así como de otros instrumentos de la gestión organizacional, para mejorar la prestación del servicio al ciudadano, cualificar la gestión defensorial y elevar el nivel de incidencia de sus pronunciamientos», aseguró el Otálora Gómez.
Por su parte, el Ministro Carrillo advirtió que este proyecto de ley tiene una enorme importancia porque, en la historia de la Defensoría es la primera vez que se va a dar un salto cualitativo para robustecerla y actualizarla, frente a las necesidades que han surgido en el país en materia de derechos humanos.
«Para la Defensoría del Pueblo contar con una persona como Jorge Armando Otálora Gómez es garantía de que en esta institución va a haber una política de derechos humanos con la autonomía, independencia y proyección que se necesita», destacó Carrillo.
De la misma forma, señaló que si se firma la paz la Defensoría del Pueblo va a tener un rol protagónico para buscar la reconciliación de los colombianos y para continuar con una política de derechos humanos en el posconflicto. «No habrá paz si no hay reconciliación» recalcó.
Por último, subrayó «la labor que ha desarrollado el Defensor del Pueblo en los pocos meses que lleva al frente de la entidad porque lo ha hecho con integridad y, lo más importante, con las uñas». «Él necesita fortalecimiento administrativo, robustecimiento institucional y más recursos para esta institución, porque en términos de lo que representa una política de derechos humanos que acompaña reconciliación en Colombia la Defensoría del Pueblo juega un papel protagónico», puntualizó el Ministro.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de la República de Colombia