Entrevista a Ramiro Rivadeneira, nuevo Defensor del Pueblo de Ecuador, por Katerine Erazo. «Nuevo defensor del Pueblo», publicado en el Diario El Univeso del 18 de Diciembre 2011.
Aunque el funcionario –que fue cuestionado durante su selección por haber sido funcionario de este Gobierno– rechaza la criminalización de la protesta, cree que no hay que señalar únicamente al régimen. Considera que hay que incentivar otras formas de participación.
El nuevo defensor del Pueblo, Ramiro Rivadeneira, posesionado el jueves de esta semana, dice que es injusto que se lo identifique por su cercanía con el régimen, antes que por su trayectoria en la defensa de los derechos humanos. Asegura que sus acciones hablarán de su independencia y prefiere no emitir su criterio sobre los casi 200 casos que –para dirigentes y sindicalistas constituyen una criminalización de la protesta social impulsada por este Gobierno.
La Defensoría no tiene una función coercitiva, pero sí puede incidir en políticas públicas. ¿Cómo asumirá esta facultad ante el Ejecutivo, la Asamblea y otros niveles de gobierno?
Esta Constitución dio un salto respecto a la de 1998 al incorporar, a la Defensoría, la competencia de emitir medidas de cumplimiento obligatorio, disposición que aún no ha sido desarrollada, pues se continúa trabajando con la Ley de la Defensoría, que data de los noventa. Es necesario que el Legislativo valore hasta qué punto pueden tener alcance estas medidas de cumplimiento. Lo importante no es cuan coercitiva puede ser la Defensoría. La institución de derechos humanos de Suecia no tiene medidas coercitivas, pero no hay ninguna autoridad o poder que se niegue a cumplir sus resoluciones. Es un tema cultural… Hay que posicionar a la Defensoría en el aspecto ético de cumplimiento de los derechos, de manera que las observaciones que realice tengan sustento sobre un cambio en la sociedad.
¿Cómo será su relación con los otros poderes del Estado?
Debemos trabajar en la construcción de derechos de forma coordinada. Se ha visto a la Defensoría como una institución que debería confrontar, pero eso también puede llevar a la no realización de los derechos. Más allá de tener parámetros de cumplimiento de derechos individuales, necesitamos acercamientos con todos los poderes. Según la Constitución, para hacer realidad los derechos no están solo las garantías judiciales, sino la normativa y las políticas públicas. La Defensoría debe coordinar con todas las autoridades.
Usted fue asesor de Gustavo Jalkh, en el Ministerio de Justicia, y subsecretario en el Ministerio del Interior. Fue el postulante con más impugnaciones (28). ¿Cómo se va a desmarcar y dar la imagen de independencia en este ente de control?
He sido activista de derechos humanos por veinte años y la independencia con cualquier poder, sea o no del Estado, está garantizada en mis creencias, posiciones y mi discurso. Lamento que la información dada a la sociedad no fuera completa porque, básicamente, se vio mi pasado inmediato. Poco se dijo sobre mi participación en varias organizaciones de derechos humanos y en Amnistía Internacional. Con Gustavo Jalkh trabajé en Projusticia y cuando se crea el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se abren unas puertas impresionantes de trabajo en la sociedad. Por eso voy gustoso cuando me propone acompañarle. Luego, como asesor jurídico del Ministerio de Gobierno, asumí el proyecto de Ley de la Policía y participé en el proyecto de Ley de Igualdades y Libertad Religiosa. Todo desde los derechos humanos.
¿De qué instituciones y actores provienen las violaciones de derechos humanos en el país?
Hay que leer la posibilidad de hacer realidad los derechos humanos desde el desarrollo. Ecuador es un país en desarrollo. Los más desarrollados siguen teniendo violaciones de derechos humanos, pero no en los mismos ámbitos y la misma intensidad.
¿Su diagnóstico de Ecuador?
Aún tenemos violaciones a los derechos a la vida y a la integridad personal, desaparecidos, ejecuciones extrajudiciales, tortura.
¿Cuáles son los actores políticos o institucionales que atentan contra esos derechos?
Mencionar personas o actores me parece irrelevante… Una línea estratégica es combatir la violación del derecho a la vida y la tortura. Tenemos que lograr mensajes de no violencia y no discriminación, un trabajo que no es solo observar los derechos humanos hacia las instituciones, sino fundamentalmente hacia lo cultural.
¿Cómo está el respeto a los derechos a la resistencia?
La protesta social no debe ser criminalizada. Es una forma de participación válida y legítima, y tenemos que avanzar en otras formas de participación que nos permitan integrarnos en las propuestas y hacer realidad lo que pensamos en colectivo. Los niveles de violencia que se pueden generar tienen que ser combatidos en todas sus formas porque no podemos tolerar niveles de violencia, provengan de donde provengan.
¿Cómo actuará frente a los casos de criminalización de la protesta que lleva la Defensoría?
Con el mismo nivel de priorización que se le ha dado. Haremos una revisión de cada uno. Cada caso tiene su dimensión particular.
Las organizaciones que denuncian esta criminalización señalan que el Gobierno, las transnacionales y autoridades seccionales son los principales impulsores de estos procesos. ¿Cuál será su papel, especialmente frente al régimen?
No es cuestión de señalar únicamente al Gobierno. Tenemos varios poderes que han estado involucrados con el retroceso del derecho de los pueblos a la resistencia.
¿No hay una preeminencia del Gobierno en esos procesos?
Es importante trabajar el tema de la no violencia en todas sus formas, proteger la protesta social como forma de participación e incentivar a otras formas que nos lleven a mejores resultados.
¿Pero la Defensoría no tiene que tomar una posición de defensa de los derechos?
Esa va a ser la posición. A partir de esta conceptualización se atenderá cada caso de protesta social que pueda ser criminalizado. Voy a pedir informes. Sé que la Defensoría ha emitido uno sobre la protesta social. Lo voy a estudiar y a obtener más información.
¿Mantendrá distancia con el tema de la renuncia obligatoria para los servidores públicos?
Hay que seguir la línea que ha tenido la Defensoría, que es solicitar información, analizarla y, con eso, tener una posición institucional. Pero la Defensoría no puede ingresar en todos los ámbitos de los fallos del poder público. Cuando los temas han sido judicializados, los jueces tienen la última palabra, independientemente de la posición de la Defensoría.
Si en lo judicial está marcada la cancha, ¿no le parece que, desde la defensa de los derechos humanos, usted debería tener una posición, sobre la base de la Constitución, para decir si hay o no violaciones?
Vamos a tener una posición, pero no existe ni conocimiento ni experiencia que pueda llevar a una posición previa sin tener antes toda la información… Tengo mi criterio, pero tiene que plasmarse en una posición de derechos humanos. Hay posiciones políticas, de desarrollo y de derechos humanos. Estas últimas tienen que pasar por un estándar de análisis de normas que solo se puede hacer tras obtener información sobre lo ocurrido.
Las organizaciones vinculadas a derechos humanos han emitido sus criterios y usted ha estado en esas organizaciones.
Voy a ser defensor del Pueblo, así que todos mis criterios no van a ser personales, sino institucionales.
¿Cómo ve el cumplimiento del derecho a la libertad de expresión en los últimos años?
Es un derecho fundamental para el desarrollo y tiene que ser defendido. Es un derecho de la ciudadanía, al que vamos a estar monitoreando.
¿Pero cómo está el ejercicio de ese derecho en el país?
Es un tema en el que, como sociedad, no estamos encontrando caminos de diálogo y confianza. Toda relación, como la de ciudadanos con el Gobierno o con otros poderes, para que sea fructífera, tiene que fundamentarse en la confianza. Tenemos que salir de este espectro de la libertad de expresión en que hemos entrado, política y coyunturalmente, para poder encontrar canales de diálogo reales respecto al cumplimiento de este derecho con todos los actores de la sociedad.
¿Y una señal importante de confianza no sería, por ejemplo, echar abajo la figura del desacato?
Por supuesto, tiene que entrar en el diálogo. Esa sería una señal de confianza y también la sería asumir los derechos con responsabilidades.
Perfil: R. Rivadeneira Silva
EDAD
42 años
FÓRMACIÓN
Doctor en Jurisprudencia de la U. Central (2001); diplomados en Derecho Constitucional en la U. San Francisco de Quito (2003) y en Derechos Humanos en la U. de Chile (2007).
TRAYECTORIA
Asistente legal de la Comisión Ecuménica de DD.HH. (1993-1996) y de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (1997-2000); asesor del Tribunal Constitucional (2001-2008); asesor del Ministerio de Justicia (2008-2009); subsecretario de asesoría jurídica del Ministerio de Gobierno (2009-2010); coordinador de asesoría jurídica del Ministerio del Interior (2010); consultor de la Secretaría de Transparencia de Gestión (2011); consultor de Unicef (2011).
FUENTE: Defensoría del Pueblo de la República de Ecuador