Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega, explicó que la nueva entidad debería atender y resolver reclamos ciudadanos e imponer sanciones a los infractores de la ley.
Una buena acogida obtuvo la iniciativa de la Defensoría del Pueblo –expuesta por su titular, Eduardo Vega Luna, durante la IV Conferencia Nacional de Acceso a la Información Pública, que se desarrolló en Lima– respecto de proponer la creación de una Autoridad Nacional Autónoma que se encargue de la transparencia y acceso a la información pública y de la protección de los datos personales.
En el curso de la inauguración del evento, Eduardo Vega propuso, como una acción que merece la más alta prioridad, “reflexionar sobre la necesidad de fortalecer la protección del derecho de acceso a la información pública mediante un mecanismo que garantice la entrega de información de calidad, en forma oportuna, completa y con menores costos”.
Con tal propósito, Vega explicó que esta nueva entidad debería: a) ser autónoma e independiente en el ejercicio de sus funciones; b) construirse a partir de una estructura organizacional acorde con la magnitud de la información a proteger, así como contar con recursos humanos, económicos y materiales suficientes; y c) poseer el conocimiento y la especialización de diversos campos de la ciencia y la tecnología.
El Defensor del Pueblo agregó que las principales funciones de esta Autoridad Nacional deberían ser: promover una cultura de transparencia y de respeto al derecho de acceso a la información pública y protección de datos personales y establecer lineamientos de política del Estado en estos temas; determinar criterios de clasificación, desclasificación y custodia de la información secreta, reservada y confidencial; contribuir con el Archivo General de la Nación y con las dependencias públicas en la elaboración y aplicación de los criterios para la organización de los archivos y la conservación de los documentos.
Asimismo, puso especial énfasis al señalar que otra de sus atribuciones sería “atender y resolver reclamos ciudadanos por la negativa de las entidades obligadas a brindar información pública, imponiendo las sanciones correspondientes a los infractores de la ley, fiscalizando la ejecución de sus decisiones”.
Vega afirmó que ésta es una experiencia que ha obtenido buenos resultados en otros países de la región y que su existencia en el Perú se asemejaría a la del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).
La IV Conferencia Nacional de Acceso a la Información Pública fue organizada por la Defensoría del Pueblo y el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) y se desarrolló en las instalaciones del Hotel Sol de Oro de Miraflores, con la participación de funcionarios del gobierno central y de los niveles descentralizados.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de Perú