La causa nº 57516/09 se inició a partir de la denuncia del propietario del inmueble situado en Chacabuco 630, radicara contra quienes se encontraran habitando el referido inmueble.
El día 4 de octubre de 2010 la Jueza de Primera Instancia Luisa María Escrich dictó sentencia condenatoria disponiendo la pena de seis meses de prisión en suspenso a ocho de los imputados, y de cumplimiento efectivo a uno de ellos.
Con las constancias del caso y observando la posible vulneración de garantías constitucionales consagradas en el art. 18 de la Constitución Nacional y en Tratados Internacionales de Derechos Humanos jerarquizados, en orden a quienes resultaran condenados por el delito de usurpación, el día 1º de noviembre de 2010 esta Defensoría del Pueblo se presentó en la causa (fs. 30/31 de la presente actuación).
Finalmente el fallo de la Cámara de Apelaciones ha puesto en evidencia un actuar por parte de la Jueza de Primera Instancia y del Fiscal interviniente en la causa, que aparecería prima facie como lesivo de garantías constitucionales y que, de una completa lectura del expediente, podría denotar la persecución penal de grupos vulnerables.
En estos casos el Estado, y máxime su magistratura que debiera ser garante de derechos mínimos que hacen a la dignidad del hombre, acciona contrariamente a ello, castigando penalmente las conductas de personas que sólo intentan satisfacer sus derechos básicos.
Por este motivo, la Defensoría del Pueblo puso en conocimiento del Presidente del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, doctor Horacio Guillermo Corti, la actuación de la Jueza Luisa María Escrich, a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 20, en la presente causa, en virtud de lo establecido en el art. 116 inc. 4) de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires