La Defensora del Pueblo (e.f.), Mª Luisa Cava de Llano, ha inaugurado el Congreso Internacional “La protección de los Derechos Humanos por las Defensorías del Pueblo”, que se celebra del 1 al 3 de junio en la Universidad de Alcalá de Henares. Junto a ella, participaron en la inauguración el Rector de la Universidad de Alcalá, Fernando Galván, el coordinador científico del Congreso, Guillermo Escobar, el representante de la SEGIB para México y el Caribe, Manuel Guedán y la consejera técnica de AECID, Carmen de Juana.
Cava de Llano destacó la excelente organización del encuentro y el interés de los temas programados en este congreso. Para la Defensora los temas elegidos para debatir en las jornadas “nos van a dar ocasión de desarrollar muchos de los asuntos que hoy más preocupan a nivel global”, señaló. Cava de Llano apuntó que este Congreso es fundamental para tratar de optimizar esquemas de organización y funcionamiento interno, cuya mejora “ha de redundar necesariamente en una mejor atención a los ciudadanos, que no nos cansaremos de recordarlo, son nuestros auténticos mandatarios”, concluyó.
Haciendo alusión a su trayectoria en la Institución de más de once años, primero como Defensora Adjunta y ahora como Defensora, Cava de Llano destacó que “únicamente cuando he salido a las calles, al encuentro con los problemas reales de nuestros conciudadanos es cuando he podido comprender el máximo alcance de nuestra labor”.
La Defensora también aludió a las demostraciones populares de descontento que se están produciendo en muchos países y señaló que los responsables públicos no deben “hacer oídos sordos a esas propuestas”. En este sentido, hizo hincapié en que los defensores del pueblo tampoco pueden permanecer ajenos a los mensajes de estos ciudadanos. Para Cava de Llano los responsables de las Defensorías “debiéramos ser capaces de trabajar en una doble dimensión caracterizada por la proximidad y el rigor y la estructuración jurídica de nuestros argumentos, verdadera herramienta de la que disponemos a la hora de ejercer nuestro mandato de supervisión de las administraciones públicas.
FUENTE: Defensor del Pueblo de España.