Los portavoces de los grupos parlamentarios, Carlos Fernández Carriedo (PP), Ana Redondo (PSOE) y Joaquín Otero (Mixto), están de acuerdo en la modificación de la ley por la que se creó el Procurador del Común para reforzar su autonomía y garantizar mejor la defensa de los derechos de los ciudadanos, si bien el primero supedita el cambio al consenso mientras que los otros dos entienden que hay tiempo aun en esta legislatura.
El debate sobre la conveniencia de modificar la ley del defensor de los derechos de los ciudadanos de la Comunidad se abrió durante la presentación del informe de 2009, que ha contado con 2.484 quejas (150 más que en 2008), por el portavoz del Grupo Mixto, Joaquín Otero, que desveló la propuesta del Procurador del Común y las dos reuniones que han tenido con él para abordar este asunto.
La adaptación al Estatuto de Autonomía, donde se equipara al Procurador del Común con las otras instituciones de autogobierno como son el Consejo de Cuentas y el Consejo Consultivo, y a la ley de Derechos de los Ciudadanos en su relación con la administración son las bases de la reforma, en la que están de acuerdo los grupos, que tienen como base el texto que les ha remitido el alto comisionado, Javier Amoedo.
“Es urgente, sí; si no se hace en esta legislatura no pasa nada, pero se puede hacer”, sentenció Otero, propuesta a la que se sumó después la socialista Ana Redondo, que expresó el compromiso de su grupo de acordar una proposición de ley de reforma de la institución. “Las Cortes no pueden dejar pasar esa oportunidad”,
aseguró.
El portavoz del Grupo Popular no se refirió a la reforma durante su intervención, pero en los pasillos de las Cortes explicó que existe una “buena base de partida”, en referencia al texto presentado por Amoedo, y se mostró a favor de la reforma, pero supeditó el momento a la existencia del consenso con el que se aprobó la ley por la que se creó la institución del Procurador del Común.
Colaboración correcta
Durante la exposición del informe, el Procurador del Común declinó valorar la falta de colaboración de las administraciones con la institución, ya que en varias ocasiones ha tenido que realizar tres requerimientos para que respondieran a su petición de información, además de que 24 expedientes se tuvieron que archivar por no recibir esos datos, todos ellos de la administración local. Amoedo, en ese contexto, pidió a ‘sus señorías’ que valoren “si la colaboración de la administración ha sido correcta con el Procurador del Común”.
Otero y Redondo incidieron en la advertencia del Procurador y se refirieron a alguno de los instrumentos para “sacar los colores” a las administraciones que no responden, entre ellos el registro de entidades no colaboradoras que ha creado el alto comisionado donde se recogerá los ayuntamientos u otras instituciones que no ofrezcan los datos que se solicitan.
Javier Amoedo les respondió que las únicas críticas recibidas de los ciudadanos se producen cuando las administraciones a las que requieren la información no les responden y los usuarios les dicen “de qué sirven si no se les responde”.
El Procurador del Común recibió la felicitación de los tres portavoces por el trabajo realizado por la institución, que calificaron de “buen informe”, si bien para la portavoz del Grupo socialista muestra una “fotografía con claroscuros”, mientras que el portavoz popular llevó el debate al número de quejas y su disminución en 2009 respecto de las de 2006 así como las que se dirigen a los servicios básicos que gestiona la Junta, como la educación sanidad o la dependencia.
El Procurador del Común observó, en su intervención, que las medidas de la administración, en concreto de la Consejería de Familia y de los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, no han sido suficientes para hacer frente al acceso del consumo de alcohol por jóvenes de entre 14 y 18 años, en línea con la resolución propuesta.
En sanidad, recordó que ha abierto una investigación para clarificar si se garantiza el decreto sobre listas de espera en relación al tiempo máximo para una operación, mientras que en dependencia reconoció la mejora en la resolución de los expedientes ya que en abril de este año se habían resuelto el 90,58 por ciento de los
presentados.
Por su parte, la portavoz socialista evidenció que vivir en un pequeño pueblo de Castilla y León tiene “un coste” en el derecho de sus ciudadanos a la hora del acceso a la sanidad, educación, dependencia o nuevas tecnologías y estimó que las políticas de la Junta llevan a una comunidad de dos velocidades: las grandes ciudades que van “en quinta” y los pueblos “en segunda y con el freno echado”.
El popular Carlos Fernández Carriedo se ciñó a la reducción del número de quejas al Procurador del Común este año y a que la protesta se dirija más a los ayuntamientos, que ha pasado a ocupar el primer lugar, que a la Junta así como a que la sanidad sólo absorba un seis por ciento cuando tiene una tercera parte del presupuesto regional. Amoedo explicó que han recibido más quejas en 2009 que en 2008 y se refirió a las resoluciones emitidas, tanto a las asumidas como a las rechazadas.
La institución recibió 2.484 quejas, 150 más que en 2008, y practicó 51 intervenciones de oficio, de las que 1.009 fueron a la administración local y 1.000 a la autonómica, mientras que León, Valladolid y Burgos fueron las provincias con más iniciativas, 608, 378 y 343, respectivamente. De las 686 resoluciones incoadas, se respondió a 423 de las que 297 fueron aceptadas, 38 de forma parcial y 88 no aceptadas. Otras 201 quedaron pendientes de respuesta, de las que a 31 de agosto de 2010 se contestaron a 148, de ellas 96 aceptadas, 6 parcialmente y 46 no asumidas.
FUENTE: Procurador del Común de Castilla y León, España.