Documentos de Trabajo

El derecho de las personas menores de edad a la libertad sexual en Argentina

— Diego Mielnicki
Alumno del Máster en Derechos Humanos, Estado de derecho y Democracia en Iberoamérica. Abogado (Universidad de Buenos Aires). Postgraduado en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional (Universidad de Buenos Aires). Master en Derechos Humanos, Estado de Derecho y Democracia en Iberoamérica (Universidad de Alcalá, España). Jefe de Área de Asuntos Urbanos, Espacios y Servicios Públicos de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Docente titular de las materias Práctica Profesional I y III de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo (Buenos Aires, Argentina).

La sexualidad en tanto inherente a la personalidad y a la naturaleza humana posee un innegable carácter vital, sin embargo, también se encuentra atravesada por la cultura y los contextos. El reconocimiento del derecho al libre ejercicio de la sexualidad no ha sido pacífico ni carente de contradicciones y dilemas. Puede advertirse que el derecho a la libertad sexual actúa como eje entre los diversos derechos sexuales reconocidos, y a su vez, se relaciona -aunque no debe en modo alguno ser confundido- con los derechos reproductivos. El derecho a la libertad sexual puede desprenderse como contenido de los derechos a la privacidad, a la intimidad, a la identidad y del principio de libertad. Niñas, niños y adolescentes son sujetos titulares de derechos y de Derecho. Por ello, entre otros interrogantes se plantean los siguientes: ¿Es el derecho a la libertad sexual un derecho humano o fundamental? ¿Son las personas menores de edad, en sus diferentes etapas y grados de autonomía y competencia, titulares plenos del derecho? ¿Qué ocurre con la aplicación del principio de universalidad? ¿Cuáles son los límites en el derecho-deber y el ejercicio de la patria potestad de los padres? ¿Existen vacíos o aparentes contradicciones entre las disposiciones de las diferentes ramas del derecho; derecho civil, derecho sanitario y derecho penal? ¿Cómo se integran o supeditan sus normas respecto de los postulados del derecho constitucional y convencional de fuente internacional en materia de derechos humanos?.

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El ejercicio privado de funciones públicas en el moderno derecho público: la supervisión por los Ombudsmen de los privados a propósito del nuevo papel del Defensor catalán

— Juli Ponce Solé
Profesor de Derecho Administrativo (Acr. Catedrático) – Universidad de Barcelona

El ejercicio por privados de funciones públicas es una realidad internacional creciente, en el marco de las privatizaciones y liberalizaciones. Esta realidad plantea el problema de cómo rediseñar el papel del moderno Derecho público para garantizar los derechos de los ciudadanos que se relacionan con los privados ejercientes de poder y la buena administración en el desarrollo de éste. El Derecho privado, en solitario, es incapaz de garantizar la posición de los ciudadanos/consumidores/usuarios ante este ejercicio de poder por delegación de empresas privadas. Éste requiere una regulación específica del debido proceso de toma de decisiones y de su motivación, así como de los principios limitativos, inexistente aún en España. Pero existen avances parciales en este campo, incluyendo el nuevo papel atribuido por reciente legislación al defensor del pueblo catalán. La supervisión por parte de éste del ejercicio de poder por privados es analizada en el estudio, vinculándola a la corporate compliance y a la responsabilidad penal de las personas jurídicas.humanos?.

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Los derechos de los pueblos indígenas: una compilación de mejores prácticas defensoriales

— Alejandra Celi Maldonado
Investigadora del Programa Regional de Apoyo a las Defensorías del Pueblo de Iberoamérica; Máster en Derecho con Especialidad en Unión Europea, Universidad de Alcalá; Experta en Derecho Español para Juristas Extranjeros, Universidad de Alcalá; Abogada, Pontificia Universidad Católica del Ecuador; Máster en Protección de los Derechos Humanos, Universidad de Alcalá.

En el documento se compilan algunas de las mejores actuaciones, recomendaciones e informes, del Ombudsman latinoamericano para garantizar los derechos de los pueblos indígenas en la Región. Las mismas que se articulan desde la Declaración de Naciones Unidas de los Derechos de los Pueblos Indígenas, como instrumento que desarrolla el contenido mínimo de los derechos que han sido objeto de mejores prácticas defensoriales. Previamente, se hace una breve reseña de los instrumentos básicos para la protección de los derechos de los pueblos indígenas y a modo de conclusión se realizan algunas recomendaciones para avanzar en la realización de los derechos de estos pueblos.

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Mejores prácticas del Ombudsman Iberoamericano: patrimonio cultural

— Sergio Cámara Arroyo
Prof. Asociado de Derecho penal (UNIR); Investigador del PRADPI. Licenciado en Derecho por la UAH; Máster Oficial en Derecho por la UAH; Experto Universitario en Delincuencia Juvenil y Derecho Penal de Menores por la UNED; Experto Universitario en Criminología por la UNED; y Doctor en Derecho por la UAH. Actualmente, desempeña su labor como investigador en el PRADPI, así como el cargo de Secretario de la revista científica online “Cuadernos electrónicos de Derechos Humanos y Democracia”.

El reconocimiento del Derecho al Patrimonio Cultural (material e inmaterial) ha supuesto una serie de obligaciones para los entes públicos, desde el plano supranacional hasta el ámbito regional y local. En el presente documento de trabajo realizamos una panorámica de las distintas disposiciones a nivel internacional, europeo e iberoamericano, con el objetivo de abordar la regulación, desde la perspectiva de los derechos humanos y libertades fundamentales, en materia de protección del patrimonio cultural en los distintos Estados miembros de la FIO. Una vez establecidos los principales instrumentos jurídicos internacionales y regionales de defensa del patrimonio cultural, serán objeto de análisis las diferentes actuaciones de las Defensorías del Pueblo (Ombudsman) iberoamericanas ante las vulneraciones llevadas a cabo por la Administración y los particulares. Finalmente, una vez analizados los principales problemas a los que las Defensorías del Pueblo se enfrentan en los supuestos de defensa del Derecho al Patrimonio Cultural es momento para extraer aquellos puntos fuertes en sus actuaciones que puedan ser utilizados como modelo de buena gestión: las mejores prácticas.

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El Defensor del Pueblo y las reclamaciones de consumidores bancarios

— Francisco Fernández Marugán
Adjunto Primero al Defensor del Pueblo de España

El análisis del contexto en que se originó, a finales de la pasada década, la grave crisis económica de ámbito global, y que afectó de forma especialmente contundente a España, y las perversas consecuencias que de ese cataclismo se derivaron para un número considerable de personas, familias y empresas, cuyos efectos todavía hoy están patentes y lamentablemente seguirán presentes en un futuro próximo, inicia este trabajo. La crisis del sistema financiero español, agravado por el estallido de la llamada “burbuja inmobiliaria”; su lento deambular por el filo de la navaja; el sobreendeudamiento de muchas familias y empresas, con la dolorosa consecuencia de no poder hacer frente a los créditos hipotecarios con los que se habían adquirido viviendas y locales de negocio, que desembocó en una cascada de desahucios, situando a muchos de los afectados en el umbral de la exclusión social, cuando no al borde de la pobreza, forma parte de las tremendas consecuencias sociales de esta grave crisis que aquí se describen. Otras patologías, como la perdida de los ahorros de significativos colectivos de ciudadanos que los invirtieron en productos financieros viciados, como las llamadas “participaciones preferentes” u otros que están afectados por las cláusulas suelo, insertas en sus contratos hipotecarios, también son objeto de análisis. En este contexto se sitúan las actuaciones del  Defensor del Pueblo, plasmadas en resoluciones, estudios e informes que analizan los hechos antes descritos y que incluyen toda una serie de propuestas dirigidas a los poderes públicos destinadas a intentar paliar la situación de los ciudadanos, que como usuarios y consumidores bancarios, se han visto afectados, de una u otra forma, por estos problemas, son aquí recogidas.

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