El Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega, recomendó al Poder Ejecutivo intensificar las acciones de erradicación de la minería ilegal y exhortó a los gobiernos regionales a liderar los procesos de formalización en sus circunscripciones. Asimismo, señaló la necesidad de que los productores mineros, sujetos de formalización, colaboren para avanzar en el cumplimiento de dicho proceso de ordenamiento.
En ese sentido, Vega recordó que el Alto Comisionado en asuntos de formalización de la minería e interdicción de la minería ilegal de la Presidencia del Consejo de Ministros viene promoviendo la coordinación entre las entidades estatales competentes para este proceso. Asimismo, manifestó que se espera que la implementación de la Ventanilla Única en las regiones de Madre de Dios, Puno, Cusco, Abancay y La Libertad permita agilizar el proceso de formalización minera durante el año 2014.
Por su parte, Alicia Abanto, Adjunta para el Medio Ambiente, saludó la participación de los conciliadores extrajudiciales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en el proceso de formalización, quienes podrán intervenir como facilitadores en las negociaciones de los acuerdos o contratos de explotación. Sin perjuicio de ello, indicó que también debe garantizarse el cumplimiento de la acreditación de la propiedad o autorización del uso del terreno superficial, requisito indispensable para avanzar con el proceso de formalización. «El derecho de los propietarios de la tierra debe respetarse en el proceso de formalización», puntualizó la funcionaria.
Abanto advirtió la necesidad de que los gobiernos regionales lideren los procesos de formalización sobre la base del principio de legalidad y transparencia; a fin de lograr una depuración definitiva de las declaraciones de compromisos y realizar una adecuada evaluación de los instrumentos de gestión ambiental correctivos.
En relación al control de insumos químicos, maquinarias y equipos, la funcionaria señaló como positiva la aprobación de nuevas rutas fiscales y la ampliación de la exigencia del uso del GPS en las mismas, específicamente para el control de combustibles. Además, sostuvo que es necesario emitir la normativa correspondiente para un efectivo control de la distribución, transporte y comercialización del mercurio y cianuro, maquinarias y equipos que puedan ser utilizados en la minería ilegal, así como señalar los productos mineros objeto de control y fiscalización.
Por otro lado, resaltó la importancia de la instalación de bases policiales en Madre de Dios y Puno para una intervención permanente del Estado orientada a erradicar la minería ilegal. Señaló que se deben incrementar tanto las acciones de interdicción, como el control en las Áreas Naturales Protegidas y sus zonas de amortiguamiento que se encuentren afectadas por la minería ilegal. Del mismo modo, señaló que es necesario que se realicen –con la mayor rigurosidad– las investigaciones y denuncias fiscales que correspondan.
Finalmente, Abanto sostuvo que resulta indispensable que las acciones de formalización e interdicción estén acompañadas por medidas destinadas a la remediación de los impactos ambientales. En ese sentido, recordó que se encuentra pendiente la aprobación del Plan de Recuperación de los Impactos Ambientales generados por la minería ilegal así como por la Pequeña Minería y Minería Artesanal, la implementación del Fondo de Remediación Ambiental, y el establecimiento de medidas complementarias para la correcta aplicación de las disposiciones referidas al cierre de minas abandonadas.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de Perú