El Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega Luna, presentó la semana pasada el «Segundo Reporte de Supervisión al funcionamiento del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma en relación a los procesos de compra».
El documento, remitido a la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Paola Bustamante, señala que existe un número limitado de proveedores locales que participan y cumplen con los
requisitos exigidos en las bases de los procesos de compra de los productos o alimentos preparados que son distribuidos en las instituciones educativas públicas.
Por ello, recomendó al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), en coordinación con
los otros sectores y los Gobiernos Regionales y Locales, buscar los mecanismos que permitan fortalecer a los productores locales, así como a las micro y pequeñas empresas, para promover su desarrollo, competitividad y asociación; lo que contribuirá a generar mayor desarrollo local y a dar sostenibilidad al programa.
El funcionario señaló que, en la primera convocatoria del 2014, en 18 Comités de Compra de
los 44 supervisados se declararon desiertos los procesos de compra de productos y/o raciones por falta de postores o incumplimiento de requisitos. Ello, generó que se tengan que realizar, en algunos casos, más de dos convocatorias para contar con proveedores que abastezcan a todas las instituciones educativas de sus respectivas jurisdicciones.
Asimismo, indicó que, en el año 2013, se impusieron 148 sanciones -entre penalidades y resoluciones de contrato- a los proveedores en los Comités de Compras supervisados, por incumplimiento de sus obligaciones contractuales. Esta situación, en algunos casos, afectó a los usuarios y las usuarias del programa por una inadecuada prestación o la interrupción de la prestación del servicio.
Por ello, Vega refirió que es necesario regular un mecanismo provisional que permita garantizar
la prestación de los servicios alimentarios en las instituciones educativas y su continuidad, en aquellos casos en los que se declaren desiertos los procesos de compra o se declare la resolución o nulidad de los contratos, y se tengan que llevar a cabo nuevos procesos de compra.
Respecto al funcionamiento de los Comités de Compra, manifestó que en la supervisión realizada, se observó que hay un importante número de padres y/o madres de familia que ocupan los cargos de secretarios y tesoreros en dichos Comités. Sin embargo, en algunos casos su participación se ve limitada debido a la distancia de sus localidades o a la falta de recursos para cubrir sus gastos de traslado.
De igual modo, el funcionario señaló que de acuerdo al procedimiento de transferencia de recursos financieros y rendición de cuentas, los Comités de Compra efectúan el pago a los proveedores pero no tienen una participación activa en la revisión de sus valorizaciones, por lo cual, en su mayoría, consideran que cumplen un rol formal.
Vega propuso que se pueda evaluar cubrir los gastos de los padres/madres de familia para asegurar su participación en los Comités de Compra, así como evaluar el procedimiento de transferencia de recursos financieros y rendición de cuentas, a fin de fortalecer las funciones de dichos Comités o relevarlos de su participación en este procedimiento.
A través del documento que contiene los resultados de la supervisión realizada, se reconocen
los esfuerzos realizados para fortalecer este programa y superar las deficiencias que se observaron en el Pronaa.
FUENTE: Defensor del Pueblo de la República de Colombia