En atención a la inseguridad que se registra en Lima y el interior del país, el Adjunto en Asuntos Constitucionales, Fernando Rafael Castañeda Portocarrero, sostuvo hoy que si bien es positiva la propuesta de revisar los protocolos de seguridad privados para encarar esta situación, es el Estado el principal obligado a brindar protección y auxilio a los ciudadanos.
Castañeda Portocarrero lamentó las muertes producidas en la Notaría Paino a raíz del accionar delictivo y expresó que desde la Defensoría del Pueblo «exigimos la captura inmediata de los implicados, así como la determinación judicial de su responsabilidad».
En este contexto, recordó que por mandato expreso del artículo 44 de la Constitución Política de 1993 «es un deber primordial del Estado proteger a la población de las amenazas contra su seguridad». Por ello, enfatizó que «el Estado peruano no puede trasladar esta responsabilidad a los ciudadanos».
En tal sentido, indicó que el Ministerio del Interior y la Policía Nacional del Perú son los encargados de cumplir con este mandato constitucional a través de las comisarías, las que tienen el deber legal de garantizar la seguridad local, revisar y potenciar sus labores de inteligencia, patrullaje y reacción ante el accionar delictivo que afecta su distrito, en atención al artículo 33 de la nueva Ley de la Policía Nacional del Perú (Decreto Legislativo N° 1148).
Asimismo, señaló que los alcaldes en su calidad de Presidentes de los Comités Distritales de Seguridad Ciudadana y de acuerdo con el artículo 13 de la Ley N° 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, son los responsables de implementar un sistema de prevención y reacción inmediata frente a situaciones de inseguridad local.
El funcionario explicó que este sistema debe comprender el patrullaje articulado entre el serenazgo y la policía, la instalación de cámaras en puntos estratégicos, la implementación de canales de alerta del vecino con su serenazgo y la policía, entre otras acciones.
La Defensoría del Pueblo renueva su compromiso de seguir contribuyendo con las autoridades competentes en la defensa de los derechos fundamentales de las personas frente a la inseguridad ciudadana.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de Perú