La Defensoría del Pueblo denuncia que los operativos que realiza la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre para disminuir la competencia desleal en el traslado de usuarios del transporte público a través de los llamados «buses piratas», atentan contra lo establecidos en el artículo 27 de la Constitución Nacional en materia del derecho al libre tránsito.
Igualmente, considera la Defensoría del Pueblo que la acción de bajar a persona de vehículos particulares es violatoria de sus derechos ya que los mismos son una extensión de la propiedad privada y las autoridades están para respetar no para violentar las garantías de los ciudadanos.
El artículo 27 de la Carta Magna manifiesta que «toda persona puede transitar libremente por el territorio nacional y cambiar de domicilio o de residencia sin más limitaciones que las que impongan las leyes o reglamentos de tránsito, fiscales, de salubridad y de migración».
FUENTE: Defensoría del Pueblo de Panamá