Desde el inicio de esta administración, se ha hecho un acercamiento con la sociedad civil panameña para conocer las crecientes amenazas a las que son sometidas las defensoras y defensores de derechos humanos en el país cada vez que se atreven a luchar por el bien común.
Ante esta situación el Defensor del Pueblo, Alfredo Castillero Hoyos, manifestó que las amenazas más comunes son ante su integridad física, demandas penales y civiles; cosa que no debería pasar, ya que ellos solo están defendiendo sus derechos humanos y los derechos colectivos.
“Consientes de eso, consideramos que lo ideal para nuestro país es introducir las buenas y mejores prácticas en la materia, que incluyen precisamente el establecimiento de un sistema integral de protección de los defensoras y defensores de derechos humanos”, manifestó el Ombudsman.
Uno de los modelos más ambiciosos, de este sistema, es el que hay actualmente en Colombia, con la Unidad de Protección. Es por esta razón que se invitó a su director general, el doctor Diego Fernando Mora, para que realizara una capacitación en la materia y expusiera el funcionamiento de este programa a la sociedad civil panameña.
“Compartimos no solo la experiencia, sino toda la normatividad para la protección de las defensoras y defensores de derechos humanos, para encaminar a Panamá en la creación de este mecanismo y que ellos puedan realizar su trabajo sin ningún riesgo”, explicó Mora.
Víctor Atencio, director de Asuntos Internacionales y relator para la Protección de Defensores de los Derechos Humanos de la institución, explicó que la realidad de Panamá es un reflejo de lo que ocurre a nivel centroamericano, en contra de los defensores de derechos humanos.
“Es por esto que hemos asumido el compromiso de elaborar un anteproyecto de ley que busque la protección de los defensores y para esto estamos contando con el apoyo internacional. Este es el inicio de un proceso de diálogo que involucrará a agentes estatales, universidades, academias y sociedad civil; para presentar oportunamente este anteproyecto ante la Asamblea Nacional y se vuelva una realidad”, manifestó Atencio.
Por su parte, María Chávez, de la Red Ciudadana Urbana, mencionó que se requiere del trabajo conjunto de múltiples actores para seguir luchando por la defensa de las personas y sus derechos.
De esta capacitación participaron distintos grupos de la sociedad civil panameña y el embajador de Colombia en Panamá, su excelencia Juan Morales.