Defensoría del Pueblo recomendó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos dotar a la Procuraduría Anticorrupción de personal profesional y técnico (abogados, peritos y administrativos) necesario para ejercer adecuadamente la defensa de los intereses del Estado en casos de corrupción.
Del mismo modo se recomendó a la Procuraduría Anticorrupción, proponer la designación de Procuradores Públicos Adjuntos Especializados en Delitos de Corrupción, así como a Procuradores Anticorrupción Descentralizados faltantes; gestionar la contratación de personal (abogados, peritos y administrativos) a través de una modalidad de contrato que garantice un mayor grado de estabilidad laboral; y la provisión de recursos logísticos en las sedes descentralizadas.
Luego de realizar una supervisión a nivel nacional sobre el estado actual de la Procuraduría Anticorrupción, el Programa de Ética Pública, Prevención de la Corrupción y Políticas Públicas, constató la falta de procuradores adjuntos desde enero del 2017 en la sede central de la Procuraduría Anticorrupción y de titulares en ocho sedes descentralizadas desde 2015; la carga procesal aproximada por cada abogado es de 265 casos, lo cual supera la capacidad operativa de estos profesionales. Asimismo, se observó la falta de contratación de 217 abogados a nivel nacional, a fin de cubrir la brecha existente.
Se constató, igualmente, que la cantidad de peritos con los que cuenta la Procuraduría Anticorrupción a nivel nacional es insuficiente lo cual impacta negativamente en la sustentación de las solicitudes de reparaciones civiles. Asimismo, se evidencia que en la Procuraduría Anticorrupción no existe exclusividad en la defensa del Estado por casos de corrupción, puesto que 28 Procuradurías Anticorrupción Descentralizadas señalaron haber participado en diligencias de casos de otro tipo de delitos (lavado de activos, crimen organizado, entre otros).
Finalmente, el 54% del personal total (abogados, peritos y administrativos) de la Procuraduría Anticorrupción a nivel nacional ha sido contratado por locación de servicios, lo que genera alta rotación de personal y pone en riesgo la continuidad en la atención y tratamiento de los casos; además de no contar con condiciones logísticas adecuadas para desarrollar la defensa del Estado frente a actos de corrupción.
Estos hechos han sido puestos en conocimiento de las autoridades del sistema de justicia, del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Al respecto, la Defensoría del Pueblo hará el correspondiente seguimiento para coadyuvar al cumplimiento de las recomendaciones.
“Para los intereses del Estado, que son los de la sociedad, es indispensable contar con una Procuraduría fortalecida, con los recursos profesionales y logísticos que permitan desarrollar sus funciones a cabalidad”, sostuvo Rolando Luque, Adjunto de Lucha contra la corrupción, Transparencia y Eficiencia del Estado de la Defensoría del Pueblo.
Nota de Prensa N° 422/OCII/DP/2018