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Noticias desde las Defensorías del Pueblo

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Ecuador: Defensoría del Pueblo reitera salvaguardar los derechos de las personas en movilidad humana

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El 11 de mayo de 2018, la Defensoría del Pueblo emitió un pronunciamiento público sobre el respeto a los derechos de las personas en movilidad humana, el cual, en ningún momento, pretendió atentar con la honra de la Asambleísta Ana Galarza. Lamentamos que nuestra postura institucional haya sido interpretada en ese sentido y generado incomodidad a la Asambleísta.

Queremos ratificar que nuestro pronunciamiento se enmarca en el total respeto a las leyes nacionales, la Constitución y los Estándares Internacionales de Derechos Humanos. El espíritu del pronunciamiento está encaminado a la defensa de los derechos humanos de todas las personas ecuatorianas o no, que estén en el territorio y aquellos compatriotas que se encuentran fuera de él.

Hay que recordad que las políticas de movilidad humana debe ser abordada desde una perspectiva integral y no solamente como un tema de seguridad y control, sino también como uno de protección, ya que esta población es considerada en nuestra Constitución como un grupo de atención prioritaria. Además, es importante recordar que el Art. 11, numeral 2 de la Constitución del Ecuador establece que:

Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y oportunidades.

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria (…)

En ese sentido, reafirmamos nuestro compromiso institucional de trabajar por los derechos humanos y exhortamos a todas las autoridades del Estado, especialmente a las encargadas de los temas de seguridad, a que su labor se la realice en apego a las normas y estándares nacionales e internacionales de derechos humanos.

 

Perú: No debe caerse en el falso dilema de no regular o prohibir la publicidad estatal

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  • Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, presentó observaciones a iniciativa sobre gasto en publicidad del Estado.
  • Actual normativa tampoco permite una eficaz fiscalización de los recursos públicos.

“No debe caerse en el falso dilema entre prohibir la contratación de medios privados y permitir que esta se siga llevando a cabo con una regulación deficiente”, manifestó hoy el Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, durante su presentación en la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso de la República.

Durante la sesión, Gutiérrez expuso el análisis realizado por la Defensoría del Pueblo al proyecto de ley en mención y señaló que tanto la iniciativa en debate como la actual normativa sobre publicidad estatal no satisfacen el derecho de la población a estar informados ni el adecuado uso de los recursos públicos.

Refiriéndose al proyecto el Defensor del Pueblo recordó que en las zonas rurales solo el 15,6% de la población usa internet y menos del 2% accede desde su hogar. Si en la zona rural es donde se encuentra la mayor población en situación de extrema pobreza, es claro que no se cumplirá el objetivo de la comunicación.

Respecto a la vigente ley de publicidad estatal (N° 28874), que data de agosto del 2006, el Defensor del Pueblo manifestó que es injustificable que no se haya aprobado su reglamento en los 12 años transcurridos desde su  emisión, lo cual imposibilita la necesaria claridad en los criterios de contratación de la pauta oficial. “La actual normativa no cumple con mecanismos de control suficientes para garantizar que el uso de medios privados se realice de forma eficiente y transparente”, afirmó.

El informe de la Defensoría del Pueblo concluye que la información es un bien público y sostiene que el debate debe centrarse en fortalecer la regulación vigente, precisando los criterios de selección, promoviendo la transparencia y optimizando los sistemas de control. Además, en tanto no se de una nueva norma, se recomienda al Poder Ejecutivo implementar un portal web que contenga la información general y detallada del gasto estatal en publicidad, permitiendo a la ciudadanía realizar la fiscalización del mismo.

Finalmente, recordó que es un deber de los medios de comunicación colaborar con el Estado en la educación y en la formación moral y cultural. Esta obligación debe extenderse a la difusión de información relevante en contexto de emergencia, como un desastre natural. Los medios de comunicación de radio y televisión tienen un compromiso mayor en la medida que para el desarrollo de sus actividades emplean el espectro radioeléctrico que es un bien de dominio público. La prensa no puede eludir su función social y debe reportar a la ciudadanía los asuntos de relevancia pública.

 

Honduras: Denuncias atendidas por el CONADEH, en el 2017: más de 9,600 personas denunciaron ser víctimas de violaciones a los Derechos Humanos

FOTO OMBUDSMAN CON ESTUDIANTES

  • El informe del CONADEH concluye que, de las 9,629 quejas atendidas, el número de personas víctimas fue de 14,958, es decirlo que, además de la persona que denuncia hay otras que también están siendo afectadas directamente por el hecho violatorio.

 Unas 9,629 personas denunciaron ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), ser víctimas de supuestas violaciones a los derechos humanos en Honduras, durante el 2017, revela un informe divulgados por este ente estatal.

El informe detalla que, al menos, 1,914 denuncias fueron por violaciones a la integridad personal, 1,158 por acceso a la justicia, 1,124 por violaciones del derecho a la vida, 827 por violentar el derecho de petición, 532 por violentar el derecho al trabajo.

El CONADEH también atendió denuncias de la población por violaciones del derecho a la salud, educación, propiedad, a la alimentación, la libre circulación, asociación y libre reunión, a la vivienda, al ambiente sano, al debido proceso, honra y dignidad, servicios públicos, al nombre y la libre expresión, entre otros.

El informe revela que, de las 9,629 denuncias atendidas por el CONADEH, a nivel nacional, el 64% corresponden a quejas presentadas por grupos y sectores en condición de vulnerabilidad.

Añade que las personas en condición de vulnerabilidad, en Honduras, son los que enfrentan mayores riesgos de ser sometidos a prácticas estigmatizantes, discriminatorias, excluyentes y de violencia.

Según el documento, durante el 2017, el CONADEH atendió 6,145 denuncias por violaciones a grupos vulnerados de la población como la mujer, niñez, adulto mayor, defensores de derechos humanos, personas con discapacidad, miembros de la diversidad sexual, indígenas, trabajadoras sexuales y migrantes.

En esta radiografía de las violaciones a los derechos humanos en Honduras, se destaca que el CONADEH atendió 3,781 quejas de mujeres, 1120 de adultos mayores, 296 de niñez y adolescencia, 84 de personas con discapacidad, 49 de la diversidad sexual, 49 de personas con VIH, 39 de pueblos étnicos y afrohondureños, entre otros.

En su mayoría, las personas o sectores en condición de vulnerabilidad presentaron sus denuncias, ante el CONADEH, por presuntas violaciones del derecho a la Integridad Personal (1,659), Debido Proceso (1064) y a la Vida (974).

Mujeres las que más denuncian ante el CONADEH

Con una población de 8.7 millones de habitantes, en Honduras, las mujeres representan el 52.3% de la población. Se estima que el total de hogares en el país asciende a 2,060,165, de los cuales, el 30% de estos, tienen como jefes de hogar a una mujer.

El informe del CONADEH detalla que, de las 3,781 denuncias presentadas por mujeres, al menos, 1,267, que representan el 34%, están relacionadas con el derecho a la vida e integridad personal, es decir, mujeres que fueron víctimas de amenazas a muerte, intimidación o coacción y malos tratos.

Roberto Herrera Cáceres, titular del CONADEH, explicó que es motivo de preocupación la violencia que sufren las mujeres en el país, siendo una de las causas más denunciadas la violencia doméstica e intrafamiliar.

Indicó que la muerte violenta de mujeres, sobre todo, por el ensañamiento y el tipo de violencia que se utiliza en cada caso es una causa de preocupación en el país.

Los índices de asesinatos de mujeres, además de incrementarse sustancialmente, remiten a hechos en relación a las víctimas, las cuales incluyen a las amas de casa, empresarias, estudiantes, trabajadoras sexuales, entre otras, al verificarse, en ellas, todo tipo de violencia, amenazas, torturas y mutilaciones, lo que indica un patrón intencional de enseñamiento contra la vida o dignidad de las mujeres.

De acuerdo al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, entre los años 2002 y el 2017 (16 años), el CONADEH registró alrededor de 5,800 mujeres muertas en circunstancias violentas, de las cuales, 1863, que representa el 32%, perdieron la vida entre el 2014 y el 2017.

Registros estadísticos establecen que solo, en el 2017, se registró la muerte violenta de una mujer cada 22 horas y media, siendo los principales escenarios San Pedro Sula y Tegucigalpa donde se reporta alrededor del 64% de los casos.

Cerca de 15,000 personas afectadas

El informe del CONADEH concluye que, de las 9,629 quejas atendidas, el número de personas víctimas fue de 14,958, es decirlo que, además de la persona que denuncia hay otras que también fueron afectadas directamente por el hecho violatorio.

Alrededor de 4,665 denuncias, que representan el 48%, fueron atendidas, a nivel nacional, por presuntas violaciones a derechos civiles y políticos.

El CONADEH también atendió 1,365 denuncias por presuntas violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales.

En este orden, el derecho al trabajo presentó mayores incidencias de presuntas violaciones, representando el 38.97% del total de las denuncias de este grupo de derechos, seguido del derecho a la salud, con un 20.51%; y el derecho a la educación con un 19.12%.

Guatemala: PDH presenta informe “Situación de la Trata de Personas 2017”

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PDH presenta informe “Situación de la Trata de Personas 2017”
 

 

El Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas Andrade, presentó el informe “Situación de la Trata de Personas 2017”, con el apoyo de USAID. En la mesa principal se contó con la participación de la secretaria general, Lavinia Figueroa; Ana Lucía Peláez, defensora de las Personas Víctimas de Trata y Alberto Mazariegos de la Defensoría de los Pueblos Indígenas.

En el acto inaugural el PDH destacó que en el informe en mención se tomó en cuenta el enfoque de la población indígena, la cual es mayoritaria en este país, pero que históricamente ha sido invisibilizada.

Por su parte, la Defensora de las Personas Víctimas de Trata y el representante de la Defensoría de los Pueblos Indígenas se refirieron a la situación del delito y la grave violación de los derechos humanos desde una perspectiva de género y de los pueblos indígenas.

Rosalina Tuyuc Velásquez, de la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (Conavigua) y Otto Rivera, del Observatorio de los derechos de la niñez, promoción e incidencia a favor de los derechos de la niñez, adolescencia y juventud guatemalteca (ODN Ciprodeni), expusieron acerca de los retos del Estado de Guatemala en el abordaje de la trata de personas.

Las palabras de cierre estuvieron a cargo de la secretaria general, Lavinia Figueroa, quien agradeció a la Defensoría de las Personas Víctimas de Trata y en general al equipo de trabajo del PDH por el trabajo realizado.

Guatemala, 15 de mayo de 2018

Ver comunicado http://bit.ly/2GiwMpg

Descargar informe  http://bit.ly/2rJmzh5

 

 

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