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Noticias desde las Defensorías del Pueblo

Todo el acontecer noticioso desde las Defensorías del Pueblo de Iberoamérica

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Bolivia: Defensoría inicia socialización de decreto presidencial de amnistía, indulto parcial e indulto total

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La Defensoría del Pueblo inició la socialización del Decreto Presidencial de Amnistía, Indulto Parcial e Indulto Total. Son 365 días en los que las Personas Privadas de Libertad podrán acogerse a la amnistía, el indulto parcial o el indulto total, la vigencia corre a partir del 18 de abril de este año. “Estamos empezando por la población femenina en el Centro Penitenciario de San Sebastián Mujeres. Existen varios artículos destinados por género ya sean, mujeres embarazadas, mujeres de 55 años adelante, que se beneficiarán con la reducción de la pena; esto apunta al descongestionamiento del sistema penal y al deshacinamiento”, señaló el Defensor del Pueblo.

A su vez, la autoridad remarcó que “el trámite es gratuito y estará a cargo de Defensa Pública”.

“Lo que queremos es que, tanto mujeres como varones, estén debidamente informados, se realizará esta socialización a nivel nacional para llegar a todas las cárceles y carceletas del país por muy alejadas que sean, es un trabajo que hay que hacerlo articuladamente, con universidades, Defensa Pública y en las jornadas de descongestión judicial con fiscales y jueces” enfatizó la autoridad

 

Ecuador: Defensor del Pueblo (s) hace un llamado a velar por la atención humanitaria y protección de derechos de desplazados en la frontera norte

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Para entender el conflicto en la frontera norte del país, hay que entender un proceso histórico señaló, Patricio Benalcázar, defensor del Pueblo (s) la mañana de hoy en una entrevista en Pichincha Universal.

La situación de la población fronteriza responde a años de abandono de los gobiernos de Ecuador y Colombia que genera una economía ilícita, no solo producto del narcotráfico, sino también de minería ilegal, contrabando, e incluso relacionada a la agricultura.

El Defensor (s) también explica que el tema del desplazamiento de la población en la frontera se remonta hace más de 15 años, específicamente en la zona de Tumaco. “Son episodios que se repiten. En estos días, la situación se ha agudizado por dos instancias específicas: no es un tema solamente de post-conflicto donde estos grupos ilícitos desplazan a la población o quieren que participen de esta economía ilícita. Entonces vives en silencio o mueres”.

La Defensoría del Pueblo ha sido enfática en señalar la importancia de generar más posibilidades y opciones de vida para esta población, con el fin de evitar el crecimiento de esta economía ilícita y la vinculación de la ciudadanía con grupos armados. “La estrategia solo militar no es suficiente. No garantiza la distinción entre víctimas y victimarios”, señaló Benalcázar.

La segunda instancia tiene relación con la división de estos grupos disidentes, que ya estaban presentes vinculados al narcotráfico, paramilitarismo y demás, lo que genera una disputa por el territorio y esto significan enfrentamientos y agresiones a las poblaciones locales.

Precisión en términos objetivos es el pedido del Defensor (s) ante el tema de desplazados. La Institución cuenta con equipos operativos en San Lorenzo - Esmeraldas para el levantamiento de las cifras. Además, trabaja conjuntamente con otras instancias del Estado y Naciones Unidas para dar atención a los desplazados.

“El primer desplazamiento que ocurre después de la detonación de la primera bomba el pasado 27 de enero, fueron cerca de 200 personas que llegaron a San Lorenzo. Este grupo logró integrarse a las familias cercanas. No fue un desplazamiento en el estricto sentido en albergues, a pesar de haber albergues. El desplazamiento que ahora estamos viviendo habla de 151 personas, alrededor de 41 familias. Hay dos albergues dispuestos en San Lorenzo que tienen capacidad para 400 personas”.

Benalcázar asegura que estos desplazamientos van a continuar por el temor latente en la zona. Además, hay que tomar en cuenta la presencia de pueblos indígenas, específicamente el pueblo Awá que se encuentra en cuatro provincias: Carchi, Esmeraldas, Imbabura y Sucumbíos. Hay cerca de nueve de estas comunidades afectadas en la zona de San Lorenzo (Esmeraldas) que agrupa a cerca de 2.500, de un total aproximado -en el cordón fronterizo- de 5.200 personas. La información oficial señala que no existen desplazamientos de estas comunidades hasta la fecha. Los líderes de la comunidad no consideran como opción salir de sus territorios.

Finalmente, se informó sobre el trabajo conjunto de la Defensoría con instituciones del Estado, locales, defensoras de los derechos Humanos, entre otras. “La lógica es ir a apoyar a las comunidades. Es un tema humanitario que no se puede descuidar y de Derechos Humanos”.

Audio completo de la entrevista

Uruguay: La INDDHH condena los asesinatos de Marielle Franco y Gavis Moreno

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La INDDHH condena el asesinato de dos defensoras de los derechos humanos ocurridos en este pasado mes de marzo.

El 14 de marzo fue asesinada la activista brasileña Marielle Franco.

Era mujer, feminista, líder afrodescendiente, socióloga, lesbiana. Había sido elegida como concejala en Río de Janeiro en 2016 y en febrero de este año designada relatora en la seguridad pública para ese estado.

Marielle conocía profundamente la realidad de las favelas. Había nacido y crecido allí. Desde esa cercanía su voz era la de millones de mujeres, de afrodescendientes, de integrantes de la comunidad LGTB, de la población pobre brasileña, que sufren la violencia estructural de un sistema que les considera como ciudadanos de segunda categoría, les niega derechos, les excluye, les atribuye la causa de la inseguridad, les persigue y les mata.

Marielle reunía todas las condiciones para ser excluida, pero desafió el sistema y alcanzó un espacio desde donde poder hacer visible estas inequidades y reclamar por los cambios imprescindibles.

Su muerte fue planeada desde un poder que ve en el movimiento feminista, en la organización de los jóvenes afrodescendientes, en la protesta de los segregados por su condición económica, una amenaza a la permanencia de privilegios indebidos.

El 28 de marzo asesinaron a Gavis Moreno, mujer afrodescendiente, feminista y activista en derechos humanos de Ecuador de forma muy similar a la que terminó con la vida de Marielle.

Gavis Moreno desarrollaba un importante trabajo para lograr la reinserción de mujeres privadas de libertad.

Se trata de ejecuciones extrajudiciales, muertes de personas que revisten la condición de ser defensoras de derechos humanos producidas en un contexto de violaciones a los derechos humanos incompatible con la efectiva protección al derecho a la vida.

La muerte de activistas de derechos humanos genera desamparo en quienes se identifican con sus acciones y son destinatarios de sus reivindicaciones.

Es de vital importancia y de especial cumplimiento la obligación estatal de proteger a quienes trabajan en la promoción y garantía de los derechos humanos.

Es deber ineludible de los Estados la investigación de estos crímenes en tanto que constituyen graves violaciones a los derechos humanos. Se debe desarrollar una acción estatal para esclarecer los hechos, identificar y sancionar a los responsables. Pero también es necesario adoptar las medidas imprescindibles para revelar los patrones sistemáticos que derivaron en estas ejecuciones y promover los cambios necesarios para evitar su repetición.

Las reivindicaciones de los movimientos feministas, afrodescendientes, LGTBI siguen vigentes, la ejecución de estas activistas revela que los postulados que sustentan estos colectivos buscan remover las estructuras del poder para alcanzar una sociedad más igualitaria, donde todos y todas gocen de los mismos derechos.

La INDDHH se suma al reclamo internacional para que se lleve a cabo una investigación rigurosa de estos asesinatos y la sanción de los responsables a la vez que se establezcan garantías efectivas de no repetición.

 

El Salvador: PDDH Modernizará su Sistema de Información de Gestión Institucional (SIGI) mediante convenio con el proyecto derechos y dignidad

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La Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, licenciada Raquel Caballero de Guevara, y representantes de la organización Proyecto Derechos y Dignidad firmaron el 12 de abril un importante Convenio.

El propósito es apoyar a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador (PDDH) proveyéndoles el diseño, desarrollo e instalación de un Sistema de Información de Gestión Institucional (SIGI) personalizado y la entrega de equipo tecnológico junto a los programas necesarios que permitirán a la institución instalarlo y  usarlo de forma efectiva.

“Es tan importante el nuevo Sistema de Protección de Derechos Humanos con enfoque holístico de la PDDH que fue concebido en 2012, hoy vemos que será un sueño hecho realidad, de cara a la atención de nuestros usuarios. Un sistema informático de gestión institucional SIGI eficiente y ágil”, expresó la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos.

En general, el objetivo, es mejorar la efectividad de la PDDH para procesar y resolver los casos que recibe. El sistema servirá como un portal para difundir información de la PDDH, su impacto en los derechos humanos y estadísticas actualizadas sobre informes de derechos humanos en El Salvador.

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Una de las actividades clave del Proyecto Derechos y Dignidad es brindar asistencia técnica y apoyo a las entidades gubernamentales, permitiéndoles mejorar su gestión en el manejo y atención a los reportes de violaciones de derechos humanos. Cabe destacar que por iniciativa de la Procuradora Raquel Caballero de Guevara, en abril de 2017, el Proyecto recibió una solicitud formal de asistencia técnica para apoyar a la institución con el diseño, desarrollo e instalación de un SIGI personalizado, capaz de manejar el rango de información que recibe la PDDH y accesible para la toma de decisiones precisas y oportunas.

Adicionalmente, el sistema SIGI será capaz de compartir información fácilmente con el Observatorio de Derechos Humanos planeado por el Proyecto. El sistema PDDH-SIGI procesará los casos de presuntas violaciones de los derechos humanos con sus respectivos informes estadísticos, generará otros tipos de informes, proporcionará un tablero con indicadores para la gestión y facilitará una administración más eficiente de la PDDH.

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El equipo y suministros de informática, así como los servicios de consultoría en informática que recibe la PDDH, hacen un valor total de la contribución por $230,890,00.

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