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Noticias desde las Defensorías del Pueblo

Todo el acontecer noticioso desde las Defensorías del Pueblo de Iberoamérica

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México: CNDH alzará la voz ante el poder silenciador de homicidios y desapariciones de periodistas, para demandar seguridad y acabar con la impunidad del 90% en esos casos

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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) subraya que frente al poder silenciador que representan los 133 homicidios de periodistas en el país, la desaparición de 21 más y los 52 atentados contra medios de comunicación, alzará su voz en favor de informadores y comunicadores, y exigirá a las autoridades acabar con la violencia contra ese gremio y dotar a sus integrantes de condiciones para que desempeñen su actividad profesional en forma segura.

Comunicado

Panamá: Sobre las modificaciones al Decreto 12 de 2018, relacionadas con la paridad política Consejo Consultivo de Género de la Defensoría del Pueblo

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El Consejo Consultivo de Género (CCG), manifiesta su preocupación, ante la reforma realizada por el Tribunal Electoral al Decreto 12
de 2018, mediante el Decreto 19 de 2018, en lo relativo a la participación política de las mujeres.

En este sentido, recordamos que la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW),

aprobada por Panamá mediante la Ley No. 4 de 1981, establece que los Estados deben tomar las medidas apropiadas para eliminar
la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país, garantizando entre otros aspectos, que las mismas puedan ser
elegibles para todos los cargos de elección popular.

Este instrumento, que se conoce como la Carta de Derechos Humanos de las Mujeres, define la discriminación como “toda
distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce
o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos
humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera”.

Desde el año 2010, el Comité de seguimiento de la CEDAW, realizó observaciones al Estado Panameño, pues no había tomado las
medidas necesarias para garantizar que los partidos políticos cumplieran con la cuota de participación, destacando su preocupación,
en palabras del Comité, por la “falta de conciencia e interés de los partidos políticos sobre la inclusión de más mujeres”.

Una manera en que Panamá buscó cumplir con su obligación de tomar medidas para eliminar la discriminación contra las mujeres,
en lo referente a la participación política, fue mediante la adopción de una serie de reformas legislativas, las que conllevan a que, en
la actualidad, el artículo 303 del Código Electoral disponga que se debe garantizar que, como mínimo, el 50% de las candidaturas
sean para mujeres; correspondiendo al Tribunal Electoral adoptar las medidas reglamentarias pertinentes, para asegurar que los
partidos políticos cumplan con lo dispuesto por la ley.

En este contexto, el CCG considera que las reformas recientes, podrían interpretarse como un incumplimiento por parte del Estado
de su deber de garantía con respecto al derecho a la igualdad. Esto, puesto que en lugar de fortalecer las medidas que se habían
dispuesto para asegurar el cumplimiento del artículo 303, las mismas se flexibilizaron aún más. Lo anterior, representa un retroceso
en la materia, pues obstaculiza el logro de la igualdad sustantiva, facilitando la perpetuación de la exclusión histórica de las mujeres
de los espacios de poder.

Desde el CCG, como ente consultivo de la Defensoría del Pueblo, encargado entre otros aspectos del monitoreo de las acciones
realizadas por el Estado en materia de derechos de las mujeres, lamentamos profundamente esta decisión, por lo que nos
solidarizamos con el Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos (FONAMUPP) y el Grupo Iniciativa por la Paridad, organizaciones
integrantes del CCG, quienes han encabezado la defensa del derecho a la participación política de las mujeres desde que se
conocieron estas reformas.

A su vez, recomendamos al Tribunal Electoral realizar una revisión exhaustiva de las últimas decisiones adoptas, con la finalidad de
adecuar las mismas, a los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos de las mujeres e indicamos que nos
mantendremos alertas y en acompañamiento de las acciones que se realicen, para garantizar los derechos humanos de las mujeres
en los diversos ámbitos, incluyendo en la esfera de participación política.

Suscrito por: Central General de Trabajadores de Panamá (CGTP), Centro de la Mujer Panameña (CEMP), Centro de Estudios y
Capacitación Familiar (CEFA), Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM),
Espacio de Encuentro de Mujeres (EEM), Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos (FONAMUPP), Fundación para la Equidad
de Género (FUNDAGÉNERO), Grupo Iniciativa por la Paridad, Instituto de la Mujer de la Universidad de Panamá (IMUP), Red
Nacional de Mujeres Afrodescendientes de Panamá (REMAP), Unión Nacional de Abogadas (UNA), Unión Nacional de Mujeres de
Panamá (UNAMUP), Programa Mujeres Seguras de la Alcaldía de Panamá, Instituto Nacional de la Mujer (INAMU), Defensoría del
Pueblo de la República de Panamá.

 

Perú: Defensoría del Pueblo demanda la adhesión del Perú a la Convención sobre las personas mayores

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Convención Interamericana es el primer instrumento internacional en el mundo para la defensa y protección de las personas mayores

  • Más de tres millones de personas serán beneficiadas.
  • Se generarán políticas públicas adecuadas al envejecimiento de las personas.

Mediante oficio remitido al Ministerio de Relaciones Exteriores, la Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por la dilación del proceso de adhesión del Perú a la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, aprobada el 15 de junio del 2015 por la Organización de Estados Americanos.

El 25 de noviembre del 2017, se publicó la resolución suprema que dispone el envío de la documentación relativa a la Convención al Congreso de la República y, de acuerdo a lo informado por Cancillería, dicha documentación ha sido remitida hoy al Congreso para  continuar con el trámite requerido para su aprobación.

Con la adhesión de nuestro país, se dará inicio a una nueva etapa para garantizar los derechos de las personas adulta mayores que – según el INEI – representan el 10.1% de la población en nuestro país.

Dicho documento es el primer instrumento específico para la protección de los derechos de las personas mayores con enfoques diferenciados. Contar con este marco legal internacional nos permitirá generar una transformación hacia políticas públicas sobre envejecimiento.

La Convención reconoce el derecho a un sistema integral de cuidados que provea la protección y promoción de la salud, cobertura de servicios sociales, seguridad alimentaria y nutricional, agua, vestuario y vivienda. Además, brinda un marco para la adecuada regulación de los servicios de cuidado a largo plazo, los cuales son requeridos por las personas adultas mayores en dependencia.

Es por ello que la Defensoría del Pueblo hace una invocación para que el Congreso de la República, adopten las medidas necesarias a fin de lograr que la adhesión de nuestro país a la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, se concrete en el más breve plazo.

 

Venezuela: Defensoría inició plan de formación a funcionarios sobre medios alternativos de resolución de conflictos en comunidades

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La Defensoría del Pueblo dio inicio este jueves a un proceso de formación dirigido a las funcionarias y funcionarios de la institución denominado “Plan de Medios Alternativos de Resolución de Conflictos en Comunidades”, el cual arrancó en Caracas para luego extenderse a otras regiones del país.

La actividad que se realizó en la sede del Centro Financiero Latino, en Caracas, contó con la apertura de la Directora General de Promoción y Divulgación de Derechos Humanos, María Reyes y como facilitadores: Deirdre Carrillo y Merwin Pérez, quienes expusieron todo lo referente al plan nacional medios alternativos de resolución de conflictos.

Dicho plan tiene como objetivo principal sensibilizar e impulsar a las comunidades para la resolución de los conflictos que puedan generarse dentro de sus espacios, y por ser a su vez parte fundamental de las estructuras de organización existentes actualmente, como base para la justicia comunitaria del país.

Entre los objetivos del Plan destacan: desarrollar la convivencia ciudadana en una cultura de paz, a través medios alternativos de resolución de conflictos con la premisa del “Punto y Círculo”, que se afianzará con la formación de las organizaciones comunitarias;  formar a líderes y lideresas comunitarias para la resolución de conflictos y la transformación de problemáticas comunitarias en rutas para la paz y la vida en condiciones de dignidad; creación de espacios de mediación y resolución de conflictos dirigidos por la comunidad en atención a su propia realidad con acompañamiento de la Defensoría del Pueblo.

El Plan Nacional está estructurado en 4 fases: Formación de funcionarios y funcionarias adscritos a la institución; Socialización del Plan de Medios con los funcionarios para después abordar a las comunidades organizadas, así como con sus líderes y lideresas; la cooperación con las comunidades; la multiplicación de mediadores; y por último, el impulso y acompañamiento por parte de la Defensoría del Pueblo en espacios comunitarios para la resolución de conflictos. Fin / Juan Figueroa – Fotografía / Yacmaily Perdomo

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