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Dr. Roberto Herrera 15

 Para evitar atropellos: Insta a la población constituir asociaciones de protección de usuarios de la energía eléctrica.
 Recomendó a la CREE que promueva la transparencia  en las tarifas para que todo se haga en beneficio equitativo de los habitantes, acorde con la realidad del consumo para evitar costos excesivos que afecten la economía de la población

 El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres, dijo hoy que la intervención del Presidente de la República, Juan Orlando Hernández, en torno a lo que está ocurriendo en la Empresa Energía Honduras (EEH), debe producirse constantemente y llevarla hasta sus últimas instancias porque ningún poder del Estado puede eludir el cumplimiento de sus responsabilidades de proteger el derecho humano  a la energía que tienen los habitantes.

Ante la serie de atropellos que se estarían cometiendo en contra de los usuarios, el ombudsman hondureño instó  a la población a constituir asociaciones de protección a los usuarios de le energía eléctrica, en cada comunidad, para evitar seguir siendo víctimas de violaciones a sus derechos humanos. Indicó que temas fundamentales, para el pueblo hondureño,  como el de la energía eléctrica debe ser resuelto lo más pronto posible y tener una solución permanente.

Declaró que la energía eléctrica es un derecho tanto de las personas, como un derecho colectivo, que debe protegerse en función de los intereses de las comunidades, especialmente de los sectores más desfavorecidos.

Recordó que en el 2016 y en el 2017 tuvo reuniones con representantes de la Comisión Reguladora de la Energía Eléctrica (CREE) porque es la entidad que tiene por función estar supervisando que situaciones como el alza inmoderada de los cobros no se produzcan.

La Comisión Reguladora de la Energía Eléctrica (CREE),  fue  creado por la Ley General de la Industria Eléctrica, vigente desde el 2014, que tiene entre sus atribuciones supervisar la aplicación debida de la Ley y, en particular, la continuidad y seguridad del servicio público.

Explicó que una de las funciones del  CONADEH es investigar hechos  que puedan  implicar un ejercicio arbitrario, abusivo y discriminatorio  de parte de la administración pública y de entidades privadas que presten servicios públicos como el de la energía eléctrica, que tiene que ver con la vida  y otros derechos humanos de las personas y de las comunidades.

“Proveer energía eléctrica a los habitantes es una responsabilidad del Estado, porque es un derecho humano que el Estado debe garantizar a la población, por medio de un servicio público continuo, disponible, accesible y de calidad, sin exclusión alguna”, precisó.

En su criterio, es necesario aplicar principios sobre el objetivo del servicio público que es beneficiar a los habitantes y a la universalidad que posibilite que ninguna persona quede excluida del abastecimiento, en especial, se asegure la inclusión de los  sectores más desfavorecidos de la población.

Reiteró que es obligación del Estado garantizarles ese acceso a la  energía eléctrica,  que es servicio esencial indispensable para el desarrollo de un vida digna, en los hogares y en las comunidades.

Herrera Cáceres calificó como importante dar pronta respuestas a las  quejas que la población ha venido interponiendo,  tanto a título personal como a nivel colectivo en los municipios, donde han  visto interrumpido y,  en varios casos por prolongado tiempo,  el servicio de la energía eléctrica, lo que constituye una amenaza a la continuidad y seguridad del servicio público y al cumplimiento de normas de calidad que, en beneficio de los usuarios, deben regirlo.

El CONADEH recomendó a la Comisión Reguladora de la Energía Eléctrica que examine los daños que se están causando no sólo a los hogares, sino que también a las comunidades en materia de alumbrado público y de servicios prioritarios como la educación, la salud, la recreación y en una serie de necesidades que implican derechos humanos.

Además que promueva la transparencia  en las tarifas para que todo se haga en beneficio equitativo de los habitantes, acorde con la realidad del consumo para evitar costos excesivos que afecten la economía de la población.

Finalmente hizo un llamado a la población en general, para que se constituya en  asociaciones de protección de los usuarios de la energía eléctrica y contribuir a defender este derecho humano a la energía eléctrica, en cada comunidad.

 

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