- Entre el 2016 y agosto del 2018, el CONADEH atendió alrededor de 2000 denuncias de personas y unidades familiares de las cuales, entre el 40 y 45% fueron obligadas a salir de sus hogares mientras que el resto estaban en situación de riesgo.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres, destacó hoy el valor de la vida y calificó de “reprochable” las constantes muertes que ocurren en el país.
“Es reprobable lo que está ocurriendo y es un dolor inmenso para toda la familia hondureña, para toda la nación, sentir como nos estamos exterminando entre nosotros mismos”, dijo el Ombudsman hondureño.
Expresó que la vida es el don más precioso porque de allí emanan todos los demás derechos, sin embargo, pareciera que no es valorada por algunas personas.
La principal responsabilidad es querernos a nosotros mismos y pedir que respeten nuestra dignidad, pero, al mismo tiempo, respetar la dignidad de los demás, declaró.
Se estima que en los últimos 9 años (2010-2018), alrededor de 51,000 personas perdieron la vida violentamente en el país, un promedio de 472 víctimas por mes.
En los últimos años, el Gobierno de la República puso en práctica una serie de acciones, en materia de seguridad pública, con el fin de reducir el número de muertes violentas en el país.
Esa política y estrategia de seguridad pública se desarrolla principalmente desde un enfoque represivo y, poco preventivo de los hechos de violencia y criminalidad.
Si bien es de reconocer que dichas acciones han incidido en el descenso significativo de la tasa de muertes violentas, a nivel nacional, al pasar de 86.5 homicidios por cada 100,000 habitante en el 2011 a menos de 45 en el 2018, preocupa al CONADEH que se base únicamente en este indicador para considerar que la política pública atendida trae consigo la paz y tranquilidad en el país.
Hay una serie de problemas sociales no resueltos en Honduras que causan grave sufrimiento a la dignidad de los habitantes, al grado, de afectar a un sinnúmero de personas o poblaciones enteras, que se ven forzadas a huir hacia el interior o exterior del país en busca de protección.
Miles de personas se desplazan
Herrera Cáceres explicó que mucha gente se ve en la obligación de desplazarse de sus lugares de origen hacia otras zonas del país o del extranjero por temor a perder la vida ya sea porque es víctima de amenazas o es objeto de extorsión.
Agregó que hay tanta articulación entre los que hacen el mal que, a veces, las víctimas se ven obligados a salir forzadamente del país a falta de una protección que le garantice su vida e integridad.
Entre el 2016 y agosto del 2018, el CONADEH atendió alrededor de 2000 denuncias de personas y unidades familiares de las cuales, entre el 40 y 45% fueron obligadas a salir de sus hogares mientras que el resto estaban en situación de riesgo.
Solo en el 2016, el ente estatal atendió 757 casos, de los cuales, el 58% fueron presentadas de manera individual por las víctimas mientras que el 42% por unidades familiares de tres o más personas que huyen de la violencia. Del total de casos registrados, en ese año, se identificaron 370 denuncias en las que las víctimas estaban en situación de riesgo, mientras que los 387 restantes, de desplazamiento.
En los 20 meses restantes (2017 y agosto de 2018) el CONADEH atendió alrededor de 1250 denuncias en las que se vieron involucradas cerca de 2900 personas, de las cuales, por diversas razones de violencia, se vieron obligadas a desplazarse de su lugar de residencia habitual o se encontraban en riesgo de serlo
De acuerdo al comportamiento de los casos identificados en situación de riesgo o desplazamiento, en el 2017, el CONADEH atendió un promedio de 57 quejas mensuales, cantidad que se incrementó a 70 en los primeros ocho meses del 2018.
Según el ente estatal, es una grave situación que se presenta para una porción considerable de la población hondureña debido a vacíos en las políticas de prevención, atención y protección para las personas desplazadas internamente.
De acuerdo a las denuncias atendidas por el CONADEH, muchas personas se ven forzadas a salir de sus hogares por ser testigos de actos criminales, otras por desacatar las normas impuestas o las peticiones realizadas por las asociaciones ilícitas, por residir o laborar en lugares controlados por
estructuras criminales e incluso hay casos de niñas y mujeres jóvenes que lo hicieron por negarse a tener relación sentimental o marital con un miembro de asociación ilícita.