Jesualdo Arzuaga, director ejecutivo de la Federación Nacional de Personerías (Fenalper), habló con El Espectador sobre las amenazas que enfrentan los personeros y personeras del país, y de los retos que tienen los funcionarios como la falta de recursos económicos, la atención que brindan a los líderes sociales y a los migrantes.
En los últimos años hubo dos homicidios contra personeros municipales en el país. Freddy Chavarro, del municipio de Puerto Rico, Caquetá, fue asesinado en diciembre de 2017. Paula Rosero Ordóñez, personera de Samaniego, fue baleada el lunes 20 de mayo de este año cuando salía de una fiesta infantil acompañada de su esposo.
La Federación Nacional de Personerías (Fenalper) señaló que actualmente hay 110 personeros amenazados, de los cuales 40 están en situación de amenaza extrema. El mismo organismo denuncia que el 90% de las personerías trabajan con muy pocos recursos para cumplir sus funciones, al estar ubicadas en municipios de sexta categoría (que tienen 10.000 o menos habitantes y sus ingresos corrientes no son superiores a 15.000 salarios mínimos legales mensuales, es decir cerca de $12.500 millones).
Con ese trasfondo se llevará a cabo el 11 y 12 de julio en Valledupar la IX Asamblea Nacional de Personerías, un evento en donde los personeros del país se reunirán para analizar la situación de amenazas y asesinatos a líderes sociales, la ola migratoria y pedir al Estado fortalecer su entidad. Sobre estos temas, El Espectador conversó con Jesualdo Arzuaga, Director Ejecutivo de Fenalper.
¿Por qué piden fortalecer las personerías?
En Colombia hay alrededor de 1.102 personerías y el 90 % de estas son de sexta categoría, las cuales funcionan con $120 millones anuales de los cuales tiene que salir el salario del personero y su secretario. Ello dificulta que cumplan con todas las funciones que tienen.
¿Qué funciones tienen los personeros y personeras?
Son varias, pero se pueden agrupar en tres categorías. La primera es la promoción y protección de derechos humanos en los municipios. La segunda es la función disciplinaria, pues las personerías son las encargadas del control de las funciones públicas de los funcionarios locales. La tercera es que las personerías pueden intervenir en los procesos judiciales en los que sean delegadas por el procurador general de la Nación, o en donde las partes necesiten la intervención del ministerio Público para garantizar el debido proceso.
¿Cómo fortalecer las personerías?
Urge un proyecto de ley de fortalecimiento de las personerías y en la Asamblea vamos a pedir al procurador, al defensor y al señor presidente de la República que apoyen la labor de las personerías que es tan importante en el país. Permanentemente surgen nuevas situaciones, como la ola migratoria, y son los personeros quienes las afrontan.
¿Qué hace la Federación cuando un personero es amenazado?
En la Federación activamos una ruta de atención a través de la cual la Unidad Nacional de Protección (UNP) analiza el nivel de riesgo del personero amenazado y determina las medidas de protección necesarias. Sin embargo, quisiéramos que fuera más eficiente, pues a veces se toman dos meses entre el momento en que se determina la medida y el momento en que se implementa. Allí es cuando pueden ocurrir los atentados y las afectaciones a los derechos.
¿En qué regiones se presentan mayores amenazas a los personeros?
No solo a personeros, sino también a líderes sociales. Son, principalmente, Nariño, el Catatumbo (Norte de Santander), Arauca y el Bajo Cauca. De hecho, en el Bajo Cauca se ha creado, junto con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos, una red especial de protección de personeros porque es una región que nos preocupa mucho por el incremento de la violencia que se ha dado allí.
¿Por qué se están presentando más amenazas en esas regiones?
Son lugares afectados por nuevas expresiones de violencia que se configuraron después del acuerdo de paz, y allí hay una serie de actores armados que estarían amenazando a los líderes.
¿Han identificado cuáles grupos están detrás de las amenazas?
No nos atrevemos a decir cuáles grupos porque ni las autoridades encargadas en el tema lo han hecho. Eso sí, el Estado está en deuda de empezar a generar información concreta de quiénes están detrás de todo esto.
Cuando se presentan amenazas a líderes sociales, ¿qué hacen las personerías?
Lo primero es que dicha amenaza debe ser denunciada ante la Fiscalía, y en ese proceso la personería acompaña al líder social o al defensor de derechos humanos ante el ente investigador para que presente la respectiva denuncia. También, la personería se dirige a la UNP porque los líderes y los defensores de derechos humanos son sujetos de protección por parte de los programas que administra esta entidad. Entonces, básicamente en todo este proceso el líder es acompañado por el personero municipal, hasta que se toma la decisión final sobre qué medidas se aplican en cada caso.
¿Qué hacen las personerías frente al fenómeno migratorio?
Cuando se dio el registro de las personas venezolanas que llegaron a Colombia, los personeros municipales junto con la Gerencia de Frontera y Migración Colombia registraron a los migrantes para identificarlos, regular su situación y que pudieran acceder a la oferta de servicios del Estado. Hoy los personeros orientan a la población venezolana sobre sus derechos y los mecanismos de protección a los que pueden acceder. Por ejemplo, cuando una mujer embarazada migrante no es atendida en un hospital, puede acudir a una personería para que a partir de un mecanismo de protección de derechos, como la tutela, sea atendida.
¿Qué retos se vienen para las personerías frente a la ola migratoria?
Se viene una renovación del permiso de permanencia para los migrantes venezolanos y la contribución que harán las personerías a la reestructuración de la política pública de cara los nuevos retos que presenta la migración.
¿Qué mensaje quieren enviar en la Asamblea que se aproxima?
Las personerías fueron creadas en 1776 y es la única institución del ministerio Público que ha sobrevivido a todas las reformas constitucionales con una naturaleza muy importante, y es la defensa y protección de los derechos de los ciudadanos. Fortalecerlas es necesario para que puedan proteger a los ciudadanos.