El Defensor del Pueblo (e.f.), Francisco Fernández Marugán, ha pedido a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias que impulse cuanto antes el diálogo con los funcionarios de prisiones.
El objetivo es que la Administración instaure los cambios que se estimen necesarios, viables y oportunos para reducir el actual clima de tensión laboral que se vive en los centros penitenciarios.
El Defensor del Pueblo ha constatado la disposición favorable mostrada por dicha Secretaría General a recuperar el diálogo social con los funcionarios de prisiones y cree que, ahora que ha concluido el proceso de elecciones sindicales, se abre una oportunidad para iniciar una fase de contactos entre ambas partes.
En un escrito enviado a la Administración el pasado 4 de julio, en el marco de una actuación de oficio, la Institución señala que conoce de primera mano la situación de los trabajadores penitenciarios y sus problemas específicos.
De hecho, es habitual que los técnicos de la Institución que visitan centros penitenciarios mantengan entrevistas con representantes de los funcionarios de prisiones, ya que también forma parte de sus competencias recibir quejas sobre sus condiciones de trabajo y sobre las dificultades a las que se enfrentan en el desempeño de su labor.
En este contexto, la Institución ha recibido información de la Administración sobre la reducción del número de agresiones, la mejora de la ratio funcionarios-presos en un contexto de reducción de la población penitenciaria, y sobre el significativo incremento de las convocatorias de plazas para funcionarios en los últimos dos años. No obstante, el Defensor del Pueblo considera que también existen situaciones que necesitan ser mejoradas, como agresiones sufridas de mayor o menor intensidad, o casos en los que los funcionarios se ven obligados a atender a un número de internos muy elevado en lugares determinados.
En opinión del Defensor, el descontento de los funcionarios de prisiones se basa en múltiples facetas, algunas de las cuales pueden ser abordadas en el ámbito de decisión de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y otras lo trascienden ampliamente, por estar relacionadas con la política retributiva del conjunto de la Función Pública en el marco de los Presupuestos Generales del Estado.
En cualquier caso, la Institución está convencida de que la única vía posible de resolución del conflicto pasa por impulsar inmediatamente el diálogo y recuerda que el sistema penitenciario es un relevante servicio público cuyos profesionales merecen el reconocimiento del conjunto de la sociedad.