El Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera, cuatro directores nacionales, 38 defensores regionales y 12 defensores delegados presentaron este jueves la Rendición de Cuentas del 2018, en la que se expuso la labor y logros de la Defensoría del Pueblo.
En el evento se habló sobre las 56 alertas tempranas emitidas entre el 1 de marzo y el 31 de diciembre de 2018 sobre los líderes sociales y defensores de derechos humanos que corren riesgo en el ejercicio de su labor. Una situación consolidada por el Sistema de Alertas Tempranas, SAT, gracias al trabajo en terreno de los servidores de la Entidad.
Precisamente, llegar a los lugares más recónditos del país permitió que regiones como el Pacífico y el Catatumbo, entre otras, recibieran acompañamiento institucional frente a la crisis humanitaria que viven las comunidades por la presencia de grupos armados y economías ilegales.
Una de las afectaciones de esos grupos armados es el desplazamiento forzado, por el que se acompañó y fortaleció a 56 comunidades étnicas y a 50 no étnicas en procesos de retorno y reubicación. Es decir, un balance de 96.594 víctimas de desplazamiento atendidas, y 38.000 personas fortalecidas en derechos de la población desplazada.
No solo el desplazamiento de connacionales fue una prioridad para la Entidad, también se acompañó a los migrantes venezolanos que ingresaron al país en el 2018. En visitas a los puntos de frontera, se trabajó porque se respetaran sus derechos y se rompieran barreras de acceso a la identidad, salud, seguridad social, educación y trabajo de este grupo poblacional.
Esta problemática es uno de los ejes temáticos que el Defensor Negret Mosquera desarrolló como Secretario de la Alianza Global de Instituciones de Derechos Humanos, GANHRI, donde también presentó una propuesta relacionada entre el vínculo de corrupción y derechos humanos.
Y es que tanto en otros países como en las veredas, ríos o poblados más alejados de nuestro territorio, la Defensoría garantiza el reconocimiento de los derechos humanos a todos los colombianos sin importar su condición, como a mujeres y personas con Orientación Sexual e Identidad de Género Diversa (OSIGD). En el 2018 se realizaron 3.225 atenciones a 3.100 mujeres y 125 personas OSIGD, y se hicieron 709 talleres que beneficiaron a 12.000 personas.
A esto se suma la labor incansable para proteger a niños, niñas y adolescentes; a la población privada de la libertad; grupos étnicos; campesinos; usuarios de la salud y a las víctimas del conflicto.
Para todo ello ha sido inconmensurable la colaboración de entidades y organismos internacionales y de otros gobiernos, así como el préstamo adquirido con el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, que contribuye a mejorar la efectividad de la gestión institucional y la calidad y eficiencia en la atención y prestación de los servicios defensoriales.