Hasta Ginebra, Suiza, se trasladó Consuelo Contreras, directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) para exponer en el tercer ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, instancia en que se revisa el estado de situación de los derechos fundamentales de los Estados Parte de la ONU, que se realiza cada cuatro años y en la que se aceptan recomendaciones de distintos Estados.
La representante del INDH forma parte de una delegación integrada también por la Subsecretaría de Derechos Humanos, a la cual le corresponde representar al Estado de Chile y dar cuenta de un informe elaborado por el Poder Ejecutivo con otros estamentos del Estado, en que se presenta la realidad nacional en la materia, entre los años 2014 y 2018.
En este contexto al INDH le correspondió realizar una observancia y la entrega de un informe alternativo en el cual se presenta la visión institucional –autónoma e independiente- a la presentada por el Estado, respecto de la situación de derechos humanos en Chile.
En su Informe Complementario, el INDH hace seguimiento a las recomendaciones que el Consejo de Derechos Humanos realizó al Estado de Chile en el segundo EPU en 2014, identificando recomendaciones cumplidas y las pendientes de cumplimiento por el Estado. Entre las primeras, se encuentran la creación de la Subsecretaría de Derechos Humanos, de la Subsecretaría de la Niñez y la Defensoría de los Derechos de la Niñez.
El INDH también identifica como recomendaciones cumplidas la aprobación del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, la ley de Identidad de Género, la ley que estableció el mecanismo para que ningún sexo supere el 60% en el total de candidaturas al Parlamento, la creación del Acuerdo de Unión Civil, la ley que regula la despenalización de la interrupción del embarazo en tres causales.
En su presentación el Instituto planteó también seis puntos de especial preocupación:
Abuso de la fuerza policial en niños/as, adolescentes, indígenas y manifestantes
El INDH, según su propio informe, ha recibido numerosas denuncias de abuso policial, incluyendo abuso sexual, contra adolescentes mujeres durante manifestaciones. También denunció violencia contra niños y mujeres indígenas, “en que la fuerza ha sido usada sin criterios de necesidad, gradualidad y proporcionalidad”, dijo Contreras en su presentación. Por esto, recomendaron al Estado que se apliquen “sanciones apropiadas a los responsables”.
Beneficios carcelarios a violadores de DDHH
Sobre “las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en dictadura”, señaló Contreras, que se constata la tendencia de los tribunales de aplicar la media prescripción, lo que atenúa la responsabilidad penal y “está reñido con la naturaleza imprescriptible de los crímenes de lesa humanidad”. Agregó que en los últimos meses se han entregado beneficios penitenciarios y libertades condicionales a condenados, sin que exista una colaboración efectiva con la justicia ni arrepentimiento.
La “imprecisión” de la Ley Antiterrorista
La directora del INDH indicó que la definición de terrorismo fue modificada, en octubre del 2010, por la Ley N° 20.467. Sin embargo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que aún se mantienen “los problemas de amplitud, vaguedad, imprecisión y falta de diferenciación con otros tipos penales”. Por esto, sugirió que la nueva ley que se está discutiendo en el Congreso para modificar la norma se adecue a estándares internacionales.
Desproporción en el uso de la prisión preventiva
De acuerdo a los estudios sobre condiciones carcelarias realizados por el INDH, dijo Contreras, en los recintos penitenciarios persisten problemas de infraestructura, precariedad, hacinamiento y uso de celdas de aislamiento como sanción. Además, señaló que “el uso de la prisión preventiva es desproporcionado, pues el 47% de las personas privadas de libertad está a la espera de juicio”. Pidió que se restrinja el uso de esta medida cautelar.
Problemas de mujer: femicidio y brecha salarial
Contreras destacó cuatro puntos en esta materia que cree problemático sobre la mujer. Uno es las cifras de violencia y femicidio, las que, dijo, no retroceden. La segunda es “la sub representación de mujeres en el Congreso, en particular de mujeres indígenas”. El tercer problema, indicó, es “la persistente brecha salarial, que llega al 30% en promedio”. También apuntó a “la inequidad del sistema previsional, que (…) determina que un 59% de las mujeres reciba una pensión menor a la línea de la pobreza”.
Derechos de las personas con discapacidad
Respecto a las personas con discapacidad, uno de los principales desafíos planteados por la directora del Instituto, es modificar la regulación de la capacidad jurídica que priva a las personas con discapacidad psíquica, intelectual y auditiva del ejercicio de sus derechos patrimoniales y personales. Una de las manifestaciones más gravosas de la restricción de la capacidad jurídica, es la práctica de esterilizaciones y otros procedimientos irreversibles a mujeres con discapacidad, sin contar con su consentimiento libre e informado.
Reuniones protocolares
En el marco del EPU, la directora del INDH se reunió con la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, a quien le hizo entrega del Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Chile del INDH 2018.
También sostuvo reuniones en las que planteó la preocupación institucional por las recomendaciones pendientes de cumplimiento por el Estado de Chile, que están consignadas en el informe complementario del INDH. Asimismo, Consuelo Contreras participó en el evento de la sociedad civil previo al EPU y expuso en la reunión de información sobre los DDHH en Chile de la Fundación de defensa de los derechos humanos France Libertés, en que también participaron la Corporación Opción, el Observatorio Ciudadano y el Movimiento de Acción Migrante, organizaciones que están presentes en Ginebra durante el EPU.
Una vez concluido el examen al Estado de Chile, la directora Consuelo Contreras sostendrá dos reuniones de evaluación del EPU, una con la Subsecretaría de Derechos Humanos y otra con la sociedad civil y la delegación de Estado de Chile.