La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, emitió la Recomendación General número 20, sobre agravios a periodistas en México y la impunidad imperante, dirigida a los titulares de la Secretaría de Gobernación, Comisión Nacional de Seguridad, Procuraduría General de la República y Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, así como secretarios de seguridad pública y procuradores generales de justicia de las entidades federativas.
El Organismo público autónomo observó un notable incremento en la cantidad de agresiones en perjuicio de miembros del sector periodístico sin que las autoridades procuradoras de justicia, en un importante número de casos, hayan esclarecido los sucesos que motivaron los ilícitos cometidos en su contra, tales como homicidios, desapariciones, atentados, lesiones, amenazas e intimidación, entre otras.
La CNDH denuncia también que las autoridades encargadas de la seguridad pública no han logrado inhibir a los agresores o desarrollado políticas públicas en materia de prevención del delito, tendentes a impedir la violencia que aqueja al gremio, lo cual constituye, por acción o por omisión, un aliento a la impunidad.
Considera que, en su conjunto, esta situación implica una violación a los derechos fundamentales a la vida, a la integridad y seguridad personal; a la libertad de expresión y sus correlativos a la información y la libertad de prensa.
Asimismo, se quebranta el derecho a la seguridad jurídica, en la que debe contemplarse una debida procuración e impartición de justicia en favor de los gobernados, así como a salvaguardar su derecho a conocer la verdad de los hechos y, además, de que se les repare el daño causado.
Del 1 de enero de 2000 al 31 de julio de 2013, la Comisión Nacional recibió a través de su Programa de Agravio a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos, un total de 842 expedientes de queja relacionados con violaciones a derechos humanos cometidas en agravio de comunicadores y medios de comunicación. En diversas etapas, la CNDH ha tenido conocimiento de los casos relacionados con la muerte de 85 periodistas o trabajadores del sector periodístico, asesinados, presumiblemente, por razón de su trabajo.
Igualmente, se ha documentado la desaparición de 20 profesionales de la comunicación, así como 40 atentados a instalaciones de distintos medios de comunicación, hechos ocurridos en 24 entidades
federativas.
En su Recomendación General número 20, la CNDH solicita a las autoridades mencionadas procedan a la investigación, esclarecimiento de la totalidad de los casos y garanticen el acceso a la justicia.
Al Secretario de Gobernación, gobernadores y Jefe de gobierno del Distrito Federal pide garantizar las condiciones de seguridad y prevención suficientes, a fin de que el desempeño de los comunicadores no se vea coartado ni amenazado por circunstancia alguna; implementar las políticas públicas tendentes a garantizar su seguridad, especialmente para quienes cubren situaciones de riesgo; promover las adiciones y
reformas necesarias a las leyes y capacitar en materia de derechos humanos y libertad de expresión a los servidores públicos.
Al Comisionado Nacional de Seguridad y secretarios de seguridad pública de las entidades federativas, se les pide impulsar un sistema de seguridad pública efectiva, completa e independiente, a fin de prevenir y disuadir las agresiones contra los integrantes del sector periodístico.
Tanto al Procurador General de la República, como a los procuradores generales de justicia de las entidades federativas, les solicita integrar indagatorias eficaces, con objeto de agotar todas las líneas de investigación e implementar y aplicar de manera permanente las medidas necesarias para impulsar un combate a la impunidad, a fin de que se resuelvan las averiguaciones previas procedentes a la brevedad posible.
FUENTE: Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México