Rashida Manjoo, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre violencia contra mujeres, sus causas y sus consecuencias, al cabo de una misión de ocho días a Honduras, durante la cual viajó a Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba, alabó al Gobierno por su «disponibilidad de responder en este sentido y también por su compromiso para entablar diálogos abiertos y transparentes conmigo durante esta misión». No obstante lamentó la situación actual en la que se encuentran mujeres, niños y comunidad GTBI en el país.
Rashida Manjoo destacó que, el golpe militar del 2009, «exacerbó aún más la situación en el país y ha tenido un impacto negativo en la sociedad hondureña en su totalidad». El nuevo gobierno, que asumió el mando en enero del 2014, despliega «esfuerzos para consolidar las instituciones para fomentar la confianza en el nuevo gobierno, y al mismo tiempo atender el clima de crimen propagado y sistemático, de corrupción y de impunidad».
Pero esos esfuerzos no han evitado, todavía que Honduras sea, según los informes, «uno de los países más violentos del mundo actualmente, debido a numerosos factores incluyendo la alta tasa de homicidios y los niveles alarmantes de otras manifestaciones de violencia, incluyendo lesiones, atracos y extorsiones». A este problema hay que añadir, «además la proliferación de armas pequeñas y ligeras, el narcotráfico y las acciones de las pandillas violentas». También el papel y «la influencia continuos del ejército en general, pero particularmente en las actividades policiales y docentes» es algo que, en opinión de la relatora, «preocupa a muchos de los encuestados debido a lo que el pueblo ha vivido por los militares, y el temor y desconfianza que ha dejado esta institución de legado».
Asimismo el hecho de que en realidad aún no se haya conseguido la consolidación de instituciones, la alta tasa de rotación del funcionariado, y la politización de los procesos de nombramientos» tienen un impacto negativo en la continuidad y sostenibilidad de las políticas y programas del Gobierno». Son problemas que a la Organización Internacional «preocupan sobremanera, y el actual gobierno de Honduras debe ponderar las repercusiones negativas de estas prácticas en la promoción y en la protección de los derechos humanos y el estado de derecho».
La Relatora quiso referirse también a la problemática concreta de la violencia contra las mujeres, que en Honduras «está propagada, es sistemática, y su impacto se manifiesta de numerosas formas en las mujeres y las niñas». Según ha indicado, se trata de una lacra que «Impide el ejercicio de derechos civiles, políticos económicos, sociales y culturales y al desarrollo, y por ende pone trabas a una ciudadanía efectiva», generando un «clima del temor» tanto en las esferas pública como privada.
Sobre este aspecto lamentó que la «falta de rendición de cuentas por violaciones de derechos humanos de mujeres es más bien la regla y no la excepción». Es algo que, además puede constatarse en los dato de empíricos, que indican que están aumentando los incidentes de violencia contra las mujeres. Por ejemplo señalan que entre 2005 y 2013, hubo un aumento de 263.4% en la cantidad de muertes violentas de mujeres. Según la Encuesta Nacional de Salud y Población para el periodo 2011- 2012, el 27% de las mujeres de edades entre los 15 a 49, y el 37% de mujeres entre los 45 y 49 años de edad han sufrido violencia física en algún momento de sus vidas.
Según las estadísticas de Ministerio Público hubo unas 16.000 alegaciones reportadas de numerosas expresiones de violencia contra las mujeres durante el año 2012, 74,6% de ellas relativas a la violencia doméstica e intrafamiliar, y el 20% a delitos sexuales. De 2009 a 2012 fueron presentadas 82,547 denuncias de violencia doméstica, lo que representa un promedio de 20,637 quejas por año, de las cuales 92% fueron interpuestas por mujeres.
Además, la relatora explicó que se la ha informado de que que en el 2013 aproximadamente se presentaron 2851 quejas de violencia sexual, con la tasa de prevalencia aumentando de 4,6 en 2008 a 8,6 en 2010. Asimismo sus interlocutores han destacado el «vínculo entre violencia de género ya sea sexual, física o de otra índole y la migración». En su opinión, «las causas de la migración de mujeres y niñas incluyen la huída por violencia, pobreza, falta de oportunidades y también por un sentido generalizado de inseguridad». Como consecuencia, se produce la violencia, la explotación, las desapariciones y el desplazamiento forzoso de la familia o de la comunidad.
También señaló con preocupación el contexto actual de los informes acerca de los miles de menores no acompañados, tanto niños como niñas, que están migrando a Estados Unidos de América desde los países en la región incluyendo Honduras. «Estos niños que a menudo viajan solos están huyendo por los niveles cada vez más grandes de extrema pobreza, extorsión, el riesgo de reclutamiento forzoso a pandillas en sus comunidades y escuelas locales, violencia física, abuso doméstico y/o otros tipos de inseguridad», indicó
El tráfico de personas para fines de explotación sexual es otra manifestación de la violencia contra la mujer que está infrareportado en Honduras debido a la naturaleza oculta del delito, y también por la prevalencia del crimen organizado.
Una violencia, que se extiende contra los defensores de derechos humanos que se dedican a temas relativos a reclamaciones de tierras, protección medioambiental, derechos de las minorías y otros temas de derechos humanos.
Otras forma de violencia
Pero la violencia física en fomra de fminicio no es la única a la que ha hecho referencia la relatora. La representante de la ONU ha explicado que la vilenia también se extiende a la comunidad LGTBI y adopta formas diversas, como la imposibilidad para muchas mujeres de aspirar a puestos de trabajos que no proporcionen la remuneración más baja.
Además, según los datos oficiales del Instituto Nacional Penitenciario actualmente hay 292 mujeres en el penal, «que tiene capacidad para 200 mujeres». Esto significa que «aumenta la cantidad de mujeres encarceladas en Honduras y la mayor causa de encarcelamiento tiene que ver con asociación con pandillas, extorsión y actividades relacionadas al narcotráfico».
En su opinión en Honduras no se atienden suficientemente las causas estructurales y de raíz del encarcelamiento; la violencia vivida durante el mismo; y las consecuencias del encarcelamiento de mujeres.
Retos a nivel nacional
A nivel nacional la relatora percibió el desarrollo de medidas legislativas institucionales, entre otras las enmiendas recientes al Código Penal para tipificar el femicidio como crimen específico, y la adopción de una política nacional de derechos humanos y su plan de acción correspondiente que abarca el periodo 2013 a 2022.
En este sentido, remarcó que la adopción de la ley sobre la violencia doméstica en 1997 y su enmienda a través de los decretos número 250/ 2005 y 35 en 2013 «no ha generado una respuesta legislativa efectiva a la violencia doméstica, y sigue siendo la causa principal de los crímenes que se denuncian contra personas a nivel nacional».
Pero quizás el mayor problema se visualice a nivel de rendición de cuentas. El nivel de impunidad, remarcó, es del 95% por casos de violencia sexual y femicidio. En lo relativo a los casos de violencia doméstica, el comité CEDAW señaló en 2006 que solamente se resolvía el 2,55% de ellos.
En consecuencia, «la falta de aplicación efectiva de la legislación, los obstáculos como la discriminación en el sistema judicial, las inconsistencias en la interpretación y aplicación de la legislación, y la falta de acceso a servicios que promuevan la seguridad y que atiendan a la prevención de futuros actos de violencia son los principales desafíos identificados para encarar la violencia contra las mujeres.» Además muchos interlocutores la representante «indicaron que no consideran el sistema de justicia como una opción viable para conseguir recurso, por distintos factores , a saber respuestas deficientes de la policía, el que no se investiguen los casos debidamente, los bajos niveles de imputación, las actuaciones larguísimas, y las tasas de condena bajísimas en los casos de violencia contra mujeres».
En este sentido recordó que el Estado tiene «el deber de brindar una protección diferenciada y apropiada a las mujeres y no puede justificar la imposición de su responsabilidad primaria que es prevenir actos de violencia contra mujeres y proteger víctimas, a terceras parte»s.
Otra fuente de preocupación es la prohibición del aborto y de la contracepción de emergencia, pues tiene un impacto negativo en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas hondureñas, incluyendo los de las que han sido violadas. La creación de una unidad o departamento de género con personal profesional para atender las necesidades terapéuticas y de otra índole de las mujeres forma parte de los esfuerzos de los gobiernos de municipios para brindar servicios a ese nivel. Desafortunadamente estos servicios están vinculados a las financiaciones de donantes y su sostenibilidad es fuente de preocupación. También ha suscitado preocupación el cierre o la fusión de las unidades de investigación, pues se traspapela la especificidad en el enjuiciamiento de los crímenes contra las mujeres, como también la falta de equipo y de herramientas apropiados, y los escasos recursos humanos, pues todo esto erosiona la rendición de cuentas por este tipo de crímenes.
Conclusión
Manjoo resaltó que «es de capital importancia reconocer que la violencia contra las mujeres y niñas es una violación de derechos humanos, que está arraigada en múltiples formas de discriminación y desigualdad transversales y que está sumamente vinculada a la situación social y económica de las mujeres». Es un tema a tomar en serio, puesto que «no se puede exagerar nunca la importancia que se convierta en norma la rendición de cuentas por actos de violencia contra la mujer, sobre todo dentro de un contexto de impunidad generalizada hacia la violencia en las esferas pública y privada».
Asimismo consideró importante recordar que Honduras tiene obligaciones internacionales legales que cumplir, como están plasmadas, entre otros tratados, en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención sobre los derechos del niño. En este sentido indicó que «el Estado tiene la responsabilidad de actuar con debida diligencia para eliminar todas las formas de violencia contra mujeres y niños. Esta responsabilidad incluye la protección, la prevención, la investigación, la sanción y el suministro de recursos efectivos incluyendo medidas de resarcimiento. Además el Estado tiene la responsabilidad de exigir cuentas a las autoridades del Estado que incumplen en el momento de proteger y prevenir las violaciones de los derechos humanos de las mujeres debido a la falta de respuesta, o debido a respuestas ineficaces. Es imperativo que el gobierno de Honduras, en su respuesta, se oriente por el interés superior de todas las mujeres y niñas».
Puede leer la declaración íntegra de la Relatora de las ONU, Rashida Manjoo, pinchando Aquí
FUENTE: Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras