Documentos de Trabajo

El Salvador…la dignidad en el olvido.

— Gertrudis Ernestina Reyes Reyes
Asesora jurídica de la de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador.

Las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos del conflicto armado salvadoreño, a casi 20 años de haber finalizado, no han visto satisfecho su derecho a la reparación, debido a la política de perdón y olvido implementada por el Estado. En este contexto, el documento desarrolla diferentes aspectos fácticos y jurídicos que regulan el derecho a la reparación en El Salvador, identificando los mecanismos previstos para poder garantizarlo. Igualmente, el documento identifica los obstáculos a los que se han tenido que enfrentar las víctimas para ser protegidas.

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El derecho humano al agua y su recepción como derecho fundamental en Argentina

— Norberto Carlos Darcy
Abogado y Procurador, títulos obtenidos en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Máster en “Derechos Humanos, Estado de Derecho y Democracia en Iberoamérica”, Universidad de Alcalá, España (2009). Jefe del Área de Derechos de Consumidores, Usuarios y Administrados de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Docente universitario de la materia “Principios generales del derecho latinoamericano”, Ciclo Básico Común (CBC) de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

El agua es un elemento esencial y de primera necesidad para la vida humana. El Comité para los Derechos Sociales, Económicos y Culturales, en el año 2002, mediante la Observación General N° 15 reconoció, con sólidos fundamentos, que el derecho humano al agua se halla implícito en el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales, agregando así un nuevo derecho humano al catálogo de derechos ya expresamente reconocidos en dicho Pacto. Pese a ello, no es posible afirmar aún que el derecho humano al agua se encuentra definitivamente consolidado, ni que tampoco se haya convertido en un derecho fundamental, plenamente aplicable y exigible al interior de cada uno de los Estados parte en el PIDESC. En la Argentina, el derecho humano al agua, como derecho fundamental, encuentra distintas vías que permiten su favorable recepción: por un lado, el PIDESC goza de jerárquica constitucional al igual que otros instrumentos internacionales de derechos humanos que reconocen expresamente el derecho al agua; por el otro, el derecho al agua (al menos, en alguna de sus facetas) puede deducirse de otras normas que integran el plexo de derechos de la parte dogmática de la Constitución argentina. Desde esta perspectiva, una de las formas de intervención más problemática (aunque, por cierto, no la única, y, tal vez, ni siquiera la más significativa) es el corte total del suministro por falta de pago que, a nuestro juicio, es arbitrario e inconstitucional, en tanto afecta el contenido mínimo del derecho del agua. El ordenamiento jurídico argentino prevé distintas garantías institucionales, principalmente judiciales (aunque también políticas), así como de tipo cuasi-jurisdiccional (como las Defensorías del pueblo), que sirven a la efectiva tutela del derecho al agua, no solo frente al corte total de suministro, sino también frente a otras afectaciones ilegitimas (falta de acceso, contaminación, calidad del agua, etc.).

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El derecho a la alimentación en Argentina

— Daniela Paula Pearce
Letrada de la Asesoría Legal y Contencioso del Defensor del Pueblo de la Nación Argentina.

El derecho a la alimentación en Argentina obliga analizar la normativa constitucional, legal, internacional y su interrelación con otros derechos humanos.
Cuenta con garantías nacionales, tanto no jurisdiccionales (El rol del Defensor del Pueblo. Análisis de los programas de alimentación) y jurisdiccionales (justiciabilidad del derecho a la alimentación y derecho presupuestario).
Además, es protegido por garantías supranacionales no jurisdiccionales (mecanismos de información ante los comités, ante la OIT, sistema interamericano, mecanismo no convencional); cuasi jurisdiccionales (quejas individuales en el sistema universal, peticiones individuales ante la OEA) y jurisdiccionales.

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Juzgar al dirigente: la responsabilidad por autoría mediata en el caso Fujimori

— Mariana Salazar Posada
Encargada de los países de América Latina para ACAT-Francia (Acción de cristianos para la abolición de la tortura) y Responsable del dossier central de la revista de la organización, Le Courrier de l’ACAT. Colaboradora y columnista ocasional de la revista Semana.com, publicación colombiana.

La teoría del autor mediato se ha constituido como una forma de imputación particularmente adecuada, cuando se trata de responsabilizar penalmente a altos dirigentes y a quienes se sitúan en el vértice de un aparato organizado de poder, desde donde se aplican políticas sistemáticas y generalizadas de violación a los derechos humanos. En el caso del ex presidente peruano Alberto Fujimori, esta figura se utilizó tanto en la sentencia de extradición chilena como en la acusación de la Fiscalía peruana, y finalmente en la sentencia emitida por la Sala Pena Especial, ratificada en diciembre de 2009.
La argumentación jurídica de esta histórica sentencia se inscribe en el proceso de justicia transicional que atraviesa Perú, y responde eficazmente a las recomendaciones de la ONU para la judicialización de casos en sociedades en post-conflicto.

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El derecho a la reparación de las mujeres víctimas de violencia sexual. El conflicto armado: la huella en el cuerpo de las mujeres.

— Diana María Salcedo López
Consultora en derechos humanos y estudios de género.

Está demostrado que en épocas de conflicto armado la violencia contra las mujeres se exacerba, de manera especial la violencia sexual. Durante la guerra el cuerpo de la mujer se transforma en objetivo militar y de venganza del hombre que pertenece al grupo contrario. En el caso de Colombia, el conflicto armado que vive desde hace más de 60 años ha afectado particularmente a las mujeres, principalmente a través de actos de violencia sexual y de género, convirtiéndolas en víctimas de una doble o triple discriminación. Ante esta situación, el movimiento de mujeres en Colombia y las organizaciones de mujeres y de derechos humanos han incorporado una perspectiva de género en su trabajo, para abordar la cuestión de las políticas de reparación en un escenario de justicia transicional. En definitiva, es en este escenario en el que la autora desarrolla su investigación, intentando dar respuesta a las siguientes preguntas: ¿de qué manera se puede reparar a una víctima de violencia sexual?, ¿cómo identificar a la víctima de violencia sexual, sin que esto signifique la re-victimización?, ¿cuál de las medidas de reparación integral sería la más idónea para devolver, en la medida de lo posible, a la víctima a la situación que tenía con anterioridad a la vulneración de su derecho?.

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