— Sergio Manuel Rivera Camacho. Las Instituciones Nacionales Defensoras de los Derechos Humanos en Latinoamérica (INDH) han aparecido en los sistemas jurídicos de todo el mundo como respuesta a distintos tipos de contextos de conflicto e injusticias y, a medida en que han cobrado mayor relevancia, independencia y peso político, es cuando comenzamos a ver diversas resistencias de algunas estructuras de poder que responden obstaculizando su trabajo, desprestigiando a la institución y a sus integrantes, luego, es lógico preguntarse: ¿quién defiende al defensor? Los ataques y hostigamientos a las INDH en Latinoamérica cada vez son más evidentes y pueden ayudar a identificar las vulnerabilidades que la institución defensora de los Derechos Humanos padece en general.
— Maximiliano Nitto. Asistimos a un escenario complejo donde los valiosos avances de la ciencia, a la vez que generan una esperanza para la población, se vuelven una amenaza para el sostenimiento de los sistemas sanitarios y un quiebre absoluto en la equidad y la justicia social. Al tiempo que vemos los milagros que provocan en la salud el desarrollo de las nuevas terapias, también vemos la injusticia representada en muertes y enfermedades evitables. Urge poner en debate si los medicamentos seguirán siendo considerados como un bien de mercado o un bien social, puesto que vivir o enfermar no puede seguir siendo un privilegio de cada vez menos personas.
— Alfonso Hernández Barrón. Francisco Tenamaztle ha sido reconocido por distintas instituciones y personal académico como pionero en la defensa de los derechos humanos, por lo que este ensayo propone hacer una revisión de los hechos que involucran a este líder cazcán y reflexionar el por qué se le debe considerar defensor de la dignidad humana. Para ello, se hará un recuento histórico de las acciones y decisiones que ejecutó Francisco Tenamaztle; se estudiará la definición de defensor de derechos humanos propuesta por la Organización de las Naciones Unidas (ONU); se hará un análisis de cómo fue evolucionando este concepto a lo largo de la Historia, especialmente desde el punto de vista de la defensa de los derechos de los pueblos indígenas; y finalmente, se determinará por qué es un precursor de la defensa de los derechos humanos.
— Emmanuel Cristian Barroso Sierra. Los derechos humanos se conciben como aquellas prerrogativas inherentes a la persona y cuya realización efectiva es necesaria para su desarrollo integral; por ello, desde el ámbito de la Justicia Ambiental, se ha exigido el reconocimiento del derecho humano a un medio ambiente sano, el cual necesita ser garantizado por el Estado a través de las instituciones creadas para tales fines.
Por tal motivo, lo que se busca es exponer la manera en que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Poder Judicial de la Federación en México, interpretan y protegen el derecho en cuestión y analizar si su interpretación va acorde de los estándares internacionales en la materia.
— Esmeralda Muñoz. El presente trabajo es un análisis de la realidad que viven las niñas, mujeres y adolescentes en El Salvador, debido a las normas sumamente ineficaces que les impide gozar plenamente el derecho a la salud sexual y reproductiva, situación que les imposibilita tener la libertad autónoma para decidir si procrean o no, y el número de hijos e hijas desean concebir; razón por la que se considera que existe injerencia por parte del Estado en el control del cuerpo femenino, mediante la normativa restrictivas lo que ocasiona afectaciones a otros derechos fundamentales. De igual forma, existe impedimento para que las niñas, mujeres y adolescentes puedan acceder servicios de educación e información de salud sexual reproductiva, condenándolas a concebir embarazos no deseados. Por tal motivo estas leyes no garantizan el pleno goce de los derechos sexuales y reproductivos de las niñas, mujeres y adolescentes; conduciéndolas a la vulneración de sus garantías y derechos fundamentales; lo que significa que hay un retroceso en las leyes salvadoreñas ya que vulneran el principio democrático y la seguridad jurídica impidiendo la consolidación del Estado de Derecho en El Salvador.
