— Maximiliano Nitto. Asistimos a un escenario complejo donde los valiosos avances de la ciencia, a la vez que generan una esperanza para la población, se vuelven una amenaza para el sostenimiento de los sistemas sanitarios y un quiebre absoluto en la equidad y la justicia social. Al tiempo que vemos los milagros que provocan en la salud el desarrollo de las nuevas terapias, también vemos la injusticia representada en muertes y enfermedades evitables. Urge poner en debate si los medicamentos seguirán siendo considerados como un bien de mercado o un bien social, puesto que vivir o enfermar no puede seguir siendo un privilegio de cada vez menos personas.
— Alfonso Hernández Barrón. Francisco Tenamaztle ha sido reconocido por distintas instituciones y personal académico como pionero en la defensa de los derechos humanos, por lo que este ensayo propone hacer una revisión de los hechos que involucran a este líder cazcán y reflexionar el por qué se le debe considerar defensor de la dignidad humana. Para ello, se hará un recuento histórico de las acciones y decisiones que ejecutó Francisco Tenamaztle; se estudiará la definición de defensor de derechos humanos propuesta por la Organización de las Naciones Unidas (ONU); se hará un análisis de cómo fue evolucionando este concepto a lo largo de la Historia, especialmente desde el punto de vista de la defensa de los derechos de los pueblos indígenas; y finalmente, se determinará por qué es un precursor de la defensa de los derechos humanos.
— Emmanuel Cristian Barroso Sierra. Los derechos humanos se conciben como aquellas prerrogativas inherentes a la persona y cuya realización efectiva es necesaria para su desarrollo integral; por ello, desde el ámbito de la Justicia Ambiental, se ha exigido el reconocimiento del derecho humano a un medio ambiente sano, el cual necesita ser garantizado por el Estado a través de las instituciones creadas para tales fines.
Por tal motivo, lo que se busca es exponer la manera en que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Poder Judicial de la Federación en México, interpretan y protegen el derecho en cuestión y analizar si su interpretación va acorde de los estándares internacionales en la materia.
— Esmeralda Muñoz. El presente trabajo es un análisis de la realidad que viven las niñas, mujeres y adolescentes en El Salvador, debido a las normas sumamente ineficaces que les impide gozar plenamente el derecho a la salud sexual y reproductiva, situación que les imposibilita tener la libertad autónoma para decidir si procrean o no, y el número de hijos e hijas desean concebir; razón por la que se considera que existe injerencia por parte del Estado en el control del cuerpo femenino, mediante la normativa restrictivas lo que ocasiona afectaciones a otros derechos fundamentales. De igual forma, existe impedimento para que las niñas, mujeres y adolescentes puedan acceder servicios de educación e información de salud sexual reproductiva, condenándolas a concebir embarazos no deseados. Por tal motivo estas leyes no garantizan el pleno goce de los derechos sexuales y reproductivos de las niñas, mujeres y adolescentes; conduciéndolas a la vulneración de sus garantías y derechos fundamentales; lo que significa que hay un retroceso en las leyes salvadoreñas ya que vulneran el principio democrático y la seguridad jurídica impidiendo la consolidación del Estado de Derecho en El Salvador.
— María Isabel León Esteban. El documento resalta el rol de la Defensoría del Pueblo de Perú como Institución Nacional de Derechos Humanos y como Mecanismo Independiente encargado de promover, proteger y supervisar el cumplimiento de la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, en su condición de garantía institucional del derecho a la salud mental. En ese sentido, se revisan los aspectos centrales del derecho a la salud mental, así como los alcances de las funciones de la Defensoría del Pueblo. El documento explica la contribución de esta Institución para asegurar el ejercicio del derecho. Asimismo, se analizan los avances y temas pendientes en la legislación y políticas públicas. Finalmente, hay algunas propuestas de intervención de la Defensoría del Pueblo.
