— Emmanuel Cristian Barroso Sierra. Los derechos humanos se conciben como aquellas prerrogativas inherentes a la persona y cuya realización efectiva es necesaria para su desarrollo integral; por ello, desde el ámbito de la Justicia Ambiental, se ha exigido el reconocimiento del derecho humano a un medio ambiente sano, el cual necesita ser garantizado por el Estado a través de las instituciones creadas para tales fines.
Por tal motivo, lo que se busca es exponer la manera en que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Poder Judicial de la Federación en México, interpretan y protegen el derecho en cuestión y analizar si su interpretación va acorde de los estándares internacionales en la materia.
— Esmeralda Muñoz. El presente trabajo es un análisis de la realidad que viven las niñas, mujeres y adolescentes en El Salvador, debido a las normas sumamente ineficaces que les impide gozar plenamente el derecho a la salud sexual y reproductiva, situación que les imposibilita tener la libertad autónoma para decidir si procrean o no, y el número de hijos e hijas desean concebir; razón por la que se considera que existe injerencia por parte del Estado en el control del cuerpo femenino, mediante la normativa restrictivas lo que ocasiona afectaciones a otros derechos fundamentales. De igual forma, existe impedimento para que las niñas, mujeres y adolescentes puedan acceder servicios de educación e información de salud sexual reproductiva, condenándolas a concebir embarazos no deseados. Por tal motivo estas leyes no garantizan el pleno goce de los derechos sexuales y reproductivos de las niñas, mujeres y adolescentes; conduciéndolas a la vulneración de sus garantías y derechos fundamentales; lo que significa que hay un retroceso en las leyes salvadoreñas ya que vulneran el principio democrático y la seguridad jurídica impidiendo la consolidación del Estado de Derecho en El Salvador.
— María Isabel León Esteban. El documento resalta el rol de la Defensoría del Pueblo de Perú como Institución Nacional de Derechos Humanos y como Mecanismo Independiente encargado de promover, proteger y supervisar el cumplimiento de la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, en su condición de garantía institucional del derecho a la salud mental. En ese sentido, se revisan los aspectos centrales del derecho a la salud mental, así como los alcances de las funciones de la Defensoría del Pueblo. El documento explica la contribución de esta Institución para asegurar el ejercicio del derecho. Asimismo, se analizan los avances y temas pendientes en la legislación y políticas públicas. Finalmente, hay algunas propuestas de intervención de la Defensoría del Pueblo.
— Cinthya González Téllez Girón. Este trabajo pretende aportar algunas reflexiones sobre las fortalezas y debilidades del marco jurídico en México para la promoción, respeto, protección y garantía del derecho a la participación de las niñas, niños y adolescentes, y formular algunas propuestas para contribuir al establecimiento de garantías efectivas para su cumplimiento, específicamente, en el ciclo de las políticas públicas. La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes reconoce el derecho a la participación, del cual se realiza un análisis a efecto de determinar si su configuración legal posee un contenido y estándar de protección igual al de las personas adultas, y contribuye a la evolución de la democracia representativa hacia una de carácter deliberativo.
— Mª José Javaloyes López. Este documento tiene por objeto reflejar parte de las actuaciones que el Defensor del Pueblo español ha desarrollado en el ámbito de la protección de los cuidados de larga duración, que se constituyó como un derecho subjetivo en España, y que se reguló, como el cuarto pilar del Estado del Bienestar, con la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, desde su aprobación y entrada en vigor, el 1 de enero de 2007. A la vez que contempla las dificultades de su implantación, principalmente por razones financieras y por la configuración territorial del estado español, que repercute en el derecho de que las personas en situación de dependencia accedan, en condiciones de igualdad, a las prestaciones y servicios previstos en esta Ley, con independencia del lugar del territorio del Estado español donde residen.
