Una investigación realizada por la Defensoría del Pueblo evidenció que las víctimas de trata y tráfico, y delitos conexos, se enfrentan a una deficiente atención y protección especializada para poder recuperarse de los daños físicos y psicológicos sufridos, al no existir suficientes centros de acogida especializados, ni personal cualificado ni capacitado, dejándolas sin la posibilidad de recuperarse de los daños físicos y psicológicos sufridos, y en riesgo de volver a ser captadas por redes de tratantes. Esta situación refleja el incumplimiento del Estado a lo que dispone la Ley 263 Integral contra la Trata y Tráfico de Personas.
El pasado 12 de febrero la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) convocó a un grupo de organizaciones de la sociedad civil para conocer sus opiniones sobre el contenido del borrador de anteproyecto de la Ley de Urgente Consideración (LUC) que se presentará en los próximos días al Parlamento. La convocatoria apuntaba a conocer las opiniones de la sociedad civil desde la perspectiva del ejercicio y protección de los derechos humanos.
