La Defensoría del Pueblo, el pasado viernes, presentó una propuesta normativa para sancionar a instituciones públicas y empresas privadas que incumplan con la inserción laboral de personas con discapacidad o de padres, madres, cónyuges o tutores a cargo de esta población menores de 18 años o con discapacidad grave y muy grave, a través de multas económicas de un 20% del salario a las máximas autoridades públicas y 10 salarios mínimos nacionales en el sector privado.
El jefe regional del INDH en Valparaíso planteó en la Comisión de Derechos Humanos del Senado, que para el uso de elementos disuasivos no letales, hay estándares internacionales para la protección de la integridad física y psíquica de las personas que deben ser respetados.
