La Defensoría nacional considera que además de la desigualdad y discriminación de la mujer, que se advierten en comunidades patriarcales como las de nuestro país, se observa un aniquilamiento de la facultad de ejercer derechos por parte de grupos como travestis, trans, etc., o la ignorancia de tales derechos por parte de las personas que los conforman y, por vía de consecuencia necesaria, la imposibilidad de ejercerlos o intentar hacerlo.
El TC declaró inadmisible la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad que cuestionaba las atribuciones del Instituto Nacional de Derechos Humanos para presentar acciones judiciales por el delito de torturas.
