BRASIL: MPF/RS quer garantias de assistência para imigrantes

Assunto foi debatido em reunião com o secretário estadual da Justiça e dos Direitos Humanos

O Ministério Público Federal no Rio Grande do Sul (MPF/RS) vem trabalhando no sentido de garantir melhor acolhimento aos imigrantes haitianos e senegaleses, bem como de outros imigrantes, que chegam ao Rio Grande do Sul procurando novas oportunidades de trabalho. Nesse sentido, Suzete Bragagnolo, procuradora Regional dos Direitos do Cidadão substituta, esteve reunida no final da tarde dessa segunda-feira, 8 de junho, com o secretário da Justiça e dos Direitos Humanos do RS, César Faccioli, para discutir o assunto.  

Segundo a procuradora da República, tanto o Governo do Estado quanto a União e Município de Porto Alegre podem avançar mais atuação efetiva de acolher os imigrantes quando chegam ao Estado. Os estrangeiros estão sendo abrigados e acolhidos por diversas entidades não governamentais.   Segundo o secretário Faccioli, o Estado iniciou tratativas com a Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs) a fim de identificar os imigrantes atualmente existentes no Rio Grande do Sul. “Para a implementação de uma política de acolhimento, é necessário que seja identificado o número de imigrantes existentes e as regiões em que estão instalados”, afirma Suzete. Além disso, o Governo do Estado pretende reativar o Comitê de Atenção a Migrantes, Refugiados, Apátridas e Vítimas do Tráfico de Pessoas (COMIRAT).  

A imigração com destino ao Brasil, em especial de haitianos, tomou grande proporção a partir de 2010, quando um forte terremoto devastou parte do país. Para eles, a vinda ao Brasil significa a busca de oportunidades e uma nova vida. Conforme dados da Secretaria Municipal de Direitos Humanos de Porto Alegre, mais de quatro mil imigrantes já foram acolhidos na capital desde 2010.

FUENTE: La Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão

COLOMBIA: Defensoría y Fuerza Pública suscriben protocolo de orientación para definir la situación militar de los ciudadanos

El documento establece una ruta de actuación para asesorar a los colombianos que acuden a las Instituciones del Estado con el fin de pedir acompañamiento en esta materia. Un paso importante para orientar a los ciudadanos que constantemente plantean inquietudes y quejas relacionadas con los procedimientos de incorporación militar y policial, dio el Estado a través de la firma de un protocolo de orientación suscrito entre la Defensoría del Pueblo, el Ejército Nacional y la Policía Nacional

COLOMBIA

El documento, oficializado en un acto especial con la presencia del Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón Bueno, el Defensor, Jorge Armando Otálora Gómez, el Comandante del Ejército, General Jaime Alfonso Lasprilla, el Jefe de Reclutamiento de esa Institución y altos mandos de la Policía Nacional, establece los siguientes parámetros de actuación:

1. Explicar la clasificación de las situaciones en las que se pueden encontrar los ciudadanos durante el proceso de definición de su situación militar.

2. Establecer canales de comunicación directa entre las autoridades de reclutamiento y la Defensoría del Pueblo para gestionar adecuada y oportunamente los casos, solicitudes, peticiones y quejas que sean presentadas por la ciudadanía ante la entidad.

3. Establecer una ruta para la desincorporación, desacuartelamiento o retiro de los jóvenes que ya se encuentran en alguna de las fuerzas y deban ser retirados por estar inmersos en una causal de exención, aplazamiento o ser objetores de conciencia.

4. Incluir un directorio de enlaces directos, que en lo sucesivo existirán entre las Fuerza Pública y la Defensoría del Pueblo para el trámite de los casos de incorporación al servicio militar obligatorio.

La Defensoría del Pueblo y el Comando del Ejército Nacional también firmaron una Directiva Transitoria, a través de la cual las Fuerzas Militares se comprometen a  garantizar el acompañamiento de los entes de control, incluida la Defensoría, en los procesos de incorporación a fin de asegurar el respeto a los derechos humanos, así como a brindar información sobre las causales de exención, a gestionar oportunamente las solicitudes de objeción de conciencia, a evitar la retención de jóvenes no inscritos en el sistema y a realizar un registro fílmico de los procedimientos de reclutamiento para verificar la transparencia de los mismos. 

    FUENTE: La Defensoría del Pueblo de Colombia

ESPAÑA: El Defensor del Pueblo formula 537 recomendaciones y sugerencias en el primer semestre de 2015

La Institución ha presentado en la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo un balance de gestión de los cinco primeros meses del año y el informe anual del MNP, así como dos estudios monográficos.

Además ha presentado la nueva página web del Defensor del Pueblo, cuyo objetivo es acercar y hacer más comprensible a los ciudadanos el trabajo del Defensor.

Balance

En los primeros cinco meses del año el Defensor del Pueblo ha formulado 537 recomendaciones y sugerencias. El porcentaje de aceptación es del 76 %

La Institución ha iniciado 198 actuaciones de oficio y ha gestionado 8.499 expedientes. De entre las actuaciones de oficio, destacan las relativas a temas económicos, como la iniciada sobre la transparencia en la venta de productos financieros; o urbanísticos, como el acceso de la SAREB al Convenio del Fondo Social de viviendas con el fin de que haya más vivienda pública a disposición de los ciudadanos. Las quejas más destacadas se refieren a asuntos relacionados con la sanidad, como el acceso a determinadas vacunas, o a asuntos educativos, como el acceso a la universidad de personas con discapacidad.

Para dar un mejor servicio a los ciudadanos, la Institución ha realizado un esfuerzo para disminuir los tiempos medios de respuesta del Defensor a los ciudadanos y a la Administración. Así, en la actualidad el Defensor tarda una media de 32 días en responder a los ciudadanos, es decir, la mitad que en 2012 cuando tardaba 64 días.

Informe Anual 2014 del MNP

El Defensor del Pueblo, en su condición de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), formuló 204 resoluciones (84 recomendaciones, 114 sugerencias y 6 recordatorios de deberes legales) en 2014. De ellas, la Administración ha aceptado 148, esto es, el 72,5%.

Entre las mejoras detectadas, la Institución ha constatado que en los centros de privación de libertad ha continuado la implantación de sistemas de videovigilancia. También se ha constatado que se están aplicando las recomendaciones formuladas en el estudio sobre “Partes de lesiones de las personas privadas de libertad”.

Estudio “La escucha del menor, víctima o testigo”

El estudio “La escucha del menor, víctima o testigo” analiza la posición jurídica del menor y su derecho a ser escuchado en tres momentos claves del proceso penal: la sede policial, la preconstitución de la prueba y el juicio oral.

El Defensor del Pueblo formula recomendaciones para que las Administraciones den cumplimiento al nuevo Estatuto de la Víctima en relación a la escucha del menor, víctima o testigo. Además, propone medidas para favorecer entornos que disminuyan en lo posible el impacto emocional que sufren los menores cuando tienen que declarar o testificar.

Estudio “La situación de los presos españoles en el extranjero”

En el estudio “La situación de los presos españoles en el extranjero” se analizan 224 expedientes gestionados por la Institución en los dos últimos años. Se formulan recomendaciones para mejorar la situación de los reclusos facilitando la tarea de los consulados y sobre todo para agilizar los trámites que permitan el cumplimiento de las condenas en España.

Las quejas, que envían los propios internos, sus familiares o las organizaciones no gubernamentales, corresponden a cárceles de 27 países, si bien el informe estudia en detalle la situación de nueve.

Todos los informes pueden consultarse en www.defensordelpueblo.es

FUENTE: El Defensor del Pueblo de España

EL SALVADOR: CIDH condena asesinato de defensora de Derechos Humanos de las personas trans en El Salvador

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato en El Salvador de Francela Méndez, mujer trans y defensora de derechos humanos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex (LGBTI). De acuerdo con la información recibida, en lo que va del año fueron asesinadas al menos siete personas trans en El Salvador, en circunstancias aún no esclarecidas. La información disponible revela que existiría un alto nivel de impunidad en los crímenes contra personas trans en el país. 

De acuerdo a información pública disponible, Francela Méndez era una activa defensora de los derechos de la comunidad transgénero en El Salvador. Integró la directiva del Colectivo Alejandría desde su fundación en 2010, el cual se dedica a la promoción de los derechos de las personas LGBTI. También estuvo involucrada en la implementación de un programa que combate el VIH, la tuberculosis y la malaria, y formaba parte de la Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos. La información recibida indica que fue asesinada por personas desconocidas el 30 de mayo de 2015, cuando se encontraba en casa de una amiga, la cual también resultó muerta en el ataque. 

La CIDH urge al Estado a investigar de oficio este asesinato de manera exhaustiva y con debida diligencia, y a procesar y sancionar a las personas que resulten responsables. En particular, la CIDH insta al Estado de El Salvador a seguir líneas de investigación que tengan en cuenta si el asesinato de Francela Méndez está relacionado con su labor de defensa de los derechos humanos de las personas LGBTI, o si fue cometido en razón de su identidad de género. La Comisión saluda el mensaje del procurador para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, David Morales, quien de acuerdo a versiones periodísticas, habría solicitado a la Fiscalía una investigación de este asesinato sin criterios discriminatorios, y habría manifestado que la impunidad en la que se encuentran muchos de los asesinatos de mujeres trans fomenta su repetición.

La CIDH toma nota de los esfuerzos desplegados por el Estado para proteger y promover los derechos de personas LGBTI en años recientes, tales como la firma del Decreto Ejecutivo No. 56/2010 para evitar la discriminación en la Administración Pública, la creación de la Dirección de Diversidad Sexual dentro de la Secretaría de Inclusión Social y de la Mesa Permanente sobre los Derechos Humanos de la Población LGBTI dentro de la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos.  Sin perjuicio de ello, la información con que cuenta la CIDH señala que la situación de violencia contra personas LGBTI en El Salvador se ha exacerbado en años recientes.

En el contexto de los países con altos niveles de inseguridad ciudadana y delincuencia organizada, es particularmente importante que los Estados adopten un enfoque diferenciado para garantizar los derechos a la vida e integridad de personas LGBTI y de defensores/as de derechos humanos de las personas LGBTI, quienes, según se informa, son particularmente vulnerables a la violencia por parte de grupos armados.

En este sentido, la Comisión insta al Estado de El Salvador a adoptar medidas adicionales para combatir la discriminación y violencia contra personas LGBTI. Es necesario adoptar una ley de identidad de género y otras medidas que permitan erradicar los prejuicios sociales existentes sobre la identidad de género y la orientación sexual. Asimismo, es indispensable avanzar en la adopción de medidas legislativas y de políticas públicas, entre otras, que ofrezcan una protección efectiva a defensoras y defensores de derechos de personas LGBTI. La CIDH recomienda al Estado a producir registros oficiales sobre actos de violencia y discriminación contra personas LGBTI.

Los ataques contra líderes y lideresas de organizaciones LGBTI generan un efecto de amedrentamiento en ellos y ellas y, en general, en personas LGBTI. Este miedo es exacerbado por la impunidad en que estos ataques suelen permanecer, lo cual resulta en su repetición. La labor de defensores y defensoras es esencial para la construcción de una sociedad democrática sólida y duradera, y tienen un papel protagónico en el proceso para el logro pleno del Estado de Derecho y el fortalecimiento de la democracia. En este sentido, la CIDH urge al Estado a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el derecho a la vida, la integridad y la seguridad de las defensoras y defensores de derechos humanos, incluyendo a quienes se dedican a temas relacionados a la discriminación por orientación sexual o por identidad o expresión de género.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

FUENTE: La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de la República de El Salvador

URUGUAY: IV Asamblea Nacional de DDHH

El próximo 18 de junio se realizará la IV Asamblea Nacional de Derechos Humanos. Los interesados en participar deberán registrarse antes del 12 de junio.

La Asamblea sesionará en el Instituto de Perfecionamiento y Estudios Superiores, ubicado en Asilo 3255, de las 9.00 a las 17.00hs.

En estos días, los integrantes del Consejo Directivo realizarán una gira por varias ciudades del  país para intercambiar puntos de vista y convocar a la Asamblea.

La Asamblea Nacional de Derechos Humanos es el mecanismo de sesión extraordinaria del Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH).

URUGUAY

Es una instancia pública prevista en la Ley Nº 18.446 para la participación plenaria, con voz y sin voto, de las organizaciones sociales, organismos gubernamentales y otras entidades objeto del contralor de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.

El Consejo Directivo de la INDDHH tiene la obligación de convocarlas al menos una vez al año. El artículo 62 de la Ley Nº 18.446 establece que puede convocarse a otra Asamblea, por iniciativa de una mayoría superior al 20% del total de las organizaciones sociales habilitadas. (Art. 62 de la Ley Nº 18.446).

Próximamente se publicará el orden del día y el cronograma de la jornada. Por consultas comunicarse con:  Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

  FUENTE: La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo de Uruguay

PERÚ: La Defensoría del Pueblo registró 211 conflictos sociales durante el mes de mayo

La Defensoría del Pueblo presentó hoy el Reporte de Conflictos Sociales N° 135, correspondiente al mes de mayo de 2015, el cual da cuenta –entre otros aspectos– que durante ese período se registraron 211 conflictos sociales (152 activos y 59 latentes). Respecto al mes anterior vemos que se incorporaron nueve casos nuevos, se resolvieron dos, cuatro salieron del registro debido a su inactividad prolongada y cuatro casos pasaron de estado activo a latente.

Los casos nuevos se presentaron en Áncash (pobladores de San Marcos denuncian que Antamina no está cumpliendo acuerdos), Cajamarca (pobladores de Hualgayoc exigen a la Dirección de Salud la entrega de los resultados de análisis de plomo en la sangre), Ica (trabajadores ligados a Shougang exigen atención de su pliego de reclamos) y en Lambayeque (trabajadores activos y jubilados exigen a la empresa Tumán el pago de remuneraciones vencidas).

En Lima Provincias (pescadores de Chilca denuncian que han sido afectados por la empresa termoeléctrica Enersur-GDF), Puno (población de Moho protestan contra la concesión de 30 ha del Lago Titicaca, pobladores de Vila Vila reclaman acuerdos con la empresa Aruntani, y pobladores de Pomata que protestan contra el otorgamiento de concesiones mineras en Puno) y Ucayali (el frente de defensa de Curimaná exige al Ejecutivo la atención de las necesidades del distrito y a la empresa Duke Energy que desarrolle actividades de responsabilidad social).

Por otro lado, se resolvieron dos conflictos. El primero se trató de un caso laboral en Lambayeque entre la empresa agroindustrial Pomalca y sus trabajadores. El segundo fue un caso socioambiental en Oyón (Lima Provincias) entre la comunidad campesina Quichas y la empresa minera Raura S.A. En ambos casos los conflictos se resolvieron con la suscripción de actas de acuerdos entre los actores involucrados.

peru

Respecto a la distribución territorial de los conflictos reportados, Apurímac concentra la mayor cantidad de casos que se desarrollan en una sola región (22 casos), seguida de Áncash (21) y Puno (20). En cuanto a la tipología, los casos socioambientales continúan siendo los más abundantes (67.8%). En relación a actividades extractivas relacionadas a conflictos, la minería continúa siendo la que se relaciona con más casos socioambientales (66.4% de los casos). Estas proporciones prácticamente no han variado con respecto al mes anterior.

En cuanto a la violencia en los conflictos, entre el 1 y el 31 de mayo se registraron 208 heridos y 5 muertos (en el reporte anterior se dio cuenta de algunos de ellos, ocurridos en la primera semana de mayo). Con estos nuevos casos registrados, el 2015 se ha convertido en el año con la mayor cantidad de heridos de los últimos diez años, a pesar no haber llegado a la mitad del año. Esta situación preocupa a la Defensoría del Pueblo, ya que esto demuestra que los actores involucrados están recurriendo cada vez más a la violencia como forma de expresar sus diferencias.

Para  una visión  ampliada  y  detallada  del  Reporte Mensual  de  Conflictos Sociales se  invita  a  los interesados       a       visitar       la       siguiente       dirección       electrónica: http://www.defensoria.gob.pe/conflictos-sociales/.

FUENTE: La Defensoría del Pueblo de la República de Perú

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