Las Relatorías Especiales sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, y sobre la situación de los defensores de derechos humanos de la ONU refrendaron su respaldo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) frente a las descalificaciones en su contra emitidas por el Presidente de México y otras autoridades federales.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhorta al Gobierno federal considerar la perspectiva de derechos humanos respecto de la Gestión Integral de Residuos, y prever el uso de tecnologías de vanguardia en la gestión sostenible de los mismos, ya que se trata de imperantes necesidades cuya implementación en la agenda nacional debe considerarse en las actividades de seguimiento del Plan Nacional de Desarrollo, incluido el Programa de Mejoramiento Urbano, y contribuir a la mejora de los servicios en la vivienda, que en 2018 afectaba a 24.7 millones de personas en el país.

La Institución Nacional de Derechos Humanos, en cumplimiento de su mandato constitucional y legal, ha emprendido una serie de acciones para monitorear y vigilar el ejercicio de derechos en el contexto del paro nacional y la declaratoria del Estado de Excepción ante las vulneraciones que la población vive actualmente.

Región Lima aún no emite ordenanza que implemente instancia de concertación para la lucha contra la violencia hacia la mujer.Durante la presentación del reporte de supervisión del Plan Nacional Contra la Violencia de Género 2016-20121 (PNCVG), la Defensoría del Pueblo advirtió hoy que aún se encuentran pendientes en Lima el cumplimiento de indicadores que aseguren una lucha frontal contra este flagelo, tanto a nivel provincial como regional. Esta situación complica la atención adecuada de las víctimas, más aun sabiendo que la región concentra el mayor número de casos denunciados (36,843 hasta agosto de 2019).

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, la tarde de este jueves, expuso ante la Comisión Mixta que investiga la retardación en casos de feminicidio, al menos 16 obstáculos identificados por la institución que dificultan el acceso a la justicia en casos relacionados con este delito.

Cruz explicó que dichos obstáculos fueron identificados en la atención de casos a través del Sistema de Servicio al Pueblo, en la verificación que se hizo sobre el cumplimiento de medidas de atención y protección a mujeres en situación de violencia en el marco de la Ley 348 y el seguimiento al cumplimiento de las determinaciones defensoriales emitidas al respecto, en los resultados preliminares de la intervención a municipios rurales en el marco del  “Plan 175 Al Encuentro con el Pueblo” y en el relevamiento de información en 34 expedientes judiciales a nivel nacional sobre el estado de situación de 64 hijas e hijos de víctimas de feminicidio.

Entre las dificultades identificadas está el incumplimiento de obligaciones que afecta el derecho al debido proceso y acceso a la justicia, observado en 117 denuncias sobre vulneración de derechos en casos de feminicidio que la institución defensorial registró entre 2013 y 2019, mismas que están referidas a la suspensión de audiencias, inasistencia de fiscales y trabas por parte de la Policía en la presentación de denuncias.