Una investigación realizada por la Defensoría del Pueblo evidenció que las víctimas de trata y tráfico, y delitos conexos, se enfrentan a una deficiente atención y protección especializada para poder recuperarse de los daños físicos y psicológicos sufridos, al no existir suficientes centros de acogida especializados, ni personal cualificado ni capacitado,  dejándolas sin la posibilidad de recuperarse de los daños físicos y psicológicos sufridos, y en riesgo de volver a ser captadas por redes de tratantes. Esta situación refleja el incumplimiento del Estado a lo que dispone la Ley 263 Integral contra la  Trata y Tráfico de Personas.

El pasado 12 de febrero la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) convocó a un grupo de organizaciones de la sociedad civil para conocer sus opiniones sobre el contenido del borrador de anteproyecto de la Ley de Urgente Consideración (LUC) que se presentará en los próximos días al Parlamento. La convocatoria apuntaba a conocer las opiniones de la sociedad civil desde la perspectiva del ejercicio y protección de los derechos humanos.

La Defensoría del Pueblo solicitó al Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) modificar las normas que regulan el plazo y procedimiento que tienen las empresas de servicios de telecomunicaciones para comunicar los incrementos en las tarifas al público usuario, de modo tal que este último pueda contar con información adecuada y en un tiempo oportuno que le permita decidir si permanece con el servicio contratado, lo varía a uno que se ajuste a sus necesidades o cancela el contrato.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) demandó al Estado mexicano atención inmediata a la violencia de género y el feminicidio, ante el asesinato diario de diez mujeres en promedio, muchos de ellos en completa impunidad, y la acumulación de delitos de violencia, acoso, hostigamiento y discriminación en su contra.

El Defensor del Pueblo (e.f.), Francisco Fernández Marugán, ha retomado la queja en la que investigó las quemas agrícolas en Murcia tras recibir nueva información por parte de una asociación ecologista de que persisten los problemas de contaminación atmosférica que originan estas prácticas.

El Defensor del Pueblo, Dr. Freddy Carrión Intriago, y la representante de la agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en el Ecuador, María Clara Martín, suscribieron el acuerdo de donación y uso de un ‘Data Center’ que será utilizado para la implementación integral del Proyecto del Sistema de Alerta y Respuesta Temprana (SART).