En el Día Internacional de la Mujer, que se conmemora este domingo 08 de marzo, la Defensoría de los Habitantes insiste en que Costa Rica debe acelerar el paso para alcanzar la igualdad de género para el 2030.

Este fue uno de los compromisos adquiridos por el país, al adoptar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos y todas.

Con motivo de la conmemoración del “Día Internacional de la Mujer”, la Defensoría del Pueblo (DPE) y la Universidad UTE presentaron el libro intitulado “Violencia contra las mujeres en Ecuador. Selección de ensayos”, una producción bibliográfica que reúne los criterios de especialistas en la investigación de los procesos de lucha y reivindicación histórica de los derechos de las mujeres.

“Como querellantes el Instituto tiene la convicción más absoluta, desde un principio, de que estamos frente al asesinato de Camilo Catrillanca, a las torturas en contra del adolescente que lo acompañaba y al encubrimiento en la investigación (por Carabineros)”, declaró el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, minutos antes del inicio del juicio oral que finalmente comenzó hoy en el Tribunal de Angol, y hasta donde se trasladaron también los consejeros Salvador Millaleo y Eduardo Saffirio.

El Consejo Centroamericano de Procuradores y Procuradoras de los Derechos Humanos (CCPDH), integrado por el Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras, la Procuraduría  para la Defensa de los Derechos Humanos de Nicaragua,  la Defensoría de los Habitantes de la República de Costa Rica, la Defensoría del Pueblo de Panamá y el Ombudsman de Belice, reunidos en la ciudad de Copán Ruinas, en el Departamento de Copán, Honduras, del 25 al 26 de febrero del 2020, donde se abordó temas de especial interés, respecto al goce efectivo de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales, como premisa fundamental del respeto a la dignidad humana de nuestros respectivos pueblos, hemos tomado nota de las participaciones de los diferentes Ombudsman, quienes plantearon los principales problemas atinentes a sus respectivos países, así como el diseño de una estrategia para la consolidación de alianzas de cooperación mutua con varias organizaciones internacionales, lo que fue analizado y valorado de forma colegiada, llegando a importantes conclusiones para el fortalecimiento de nuestras Instituciones Nacionales de Derechos Humanos y para lograr el respeto de la dignidad humana en el istmo.

Luego de culminar una visita oficial de trabajo por diversas ciudades del país, donde se reunieron con autoridades y representantes de la sociedad civil, los miembros del Grupo de Trabajo de Expertos sobre Afrodescendientes de las Naciones Unidas (ONU) concluyeron en alentar al Gobierno Peruano a que aplique las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo planteadas en el informe “Análisis del Plan Nacional de Desarrollo para la Población Afroperuana 2016-2020”, así como en aprobar una Política Nacional contra la Discriminación.

Durante su intervención ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el Defensor del Pueblo, Carlos Negret, agradeció a Michel Forst, relator para los defensores de derechos humanos de la ONU, por asumir su visita a Colombia "con la máxima disposición para escuchar a todos los sectores de Gobierno, justicia, órganos de control y sociedad civil, para hacer una valoración ponderada y justa con la realidad".

La Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), a través del Departamento de Inclusión Social de la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad, se adhiere a la campaña de la Defensoría del Pueblo del Perú “Súmate por las Personas Mayores”

La Comisión de la Verdad entregó, ayer martes 3, su Informe de Gestión a la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, en oficinas de la institución protectora de los derechos humanos, consistente en 11 tomos empastados que contienen su investigación sobre los delitos de lesa humanidad acontecidos en Bolivia entre el 4 de noviembre de 1964 y 10 de octubre de 1982.