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PERÚ: El Defensor del Pueblo pide al gobierno suscribir compromiso internacional a favor de los adultos mayores

Países como Argentina, Brasil y Chile, firmaron la Convención que garantiza los derechos de esta población y se espera que el Perú haga lo propio.

El Defensor del Pueblo, Eduardo Vega, hizo un llamado a las autoridades del gobierno central para que suscriba la «Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores», la cual se aprobó en la última reunión de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), celebrada el lunes último, y que fue firmada por seis países miembros: Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica y Uruguay.

PERU

El funcionario señaló que este cuerpo normativo establece obligaciones concretas para los Estados que lo suscriban, entre ellas, la prohibición de la discriminación por edad en la vejez, el derecho a la participación activa, productiva, plena y efectiva dentro de la familia, la comunidad y la sociedad, promoviendo con ello la integración de las personas adultas mayores en todos los ámbitos.

Indicó que uno de los puntos más importantes del documento es la obligación de los Estados de implementar un sistema público de cuidados o apoyos que garantice la protección de la salud, así como la cobertura de servicios sociales para las personas adultas mayores que decidan permanecer en su hogar y mantener su independencia. “Este sistema debería ser implementado en el Perú con prioridad, ello evitaría que las personas adultas mayores experimenten una sensación de exclusión y abandono” dijo Vega Luna.

El titular de la Defensoría del Pueblo afirmó que la conmemoración del “Día mundial de toma de conciencia del abuso y maltrato en la vejez”, 15 de junio, ha sido un inmejorable marco para que los Estados miembros de la OEA den un paso decisivo en la protección de los derechos de las personas adultas del continente.

“Esperamos que el Perú se sume a este grupo de Estados que suscribieron la Convención, pues se trata de un acto que influirá significativamente en la vida de las personas adultas mayores de nuestro país”, concluyó.

FUENTE: La Defensoría del Pueblo de la República de Perú

PORTUGAL: Provedor de Justiça reafirma profunda preocupação com o envelhecimento da população

Por ocasião da comemoração do Dia Mundial de Sensibilização sobre a Prevenção da Violência Contra Pessoas Idosas, o Provedor de Justiça reafirma a profunda preocupação com as questões do envelhecimento da população.

O Provedor de justiça na promoção e defesa dos direitos das pessoas idosas tem ao dispor dos cidadãos gratuitamente a linha do idoso 800 20 35 31.

Em 2014 o Provedor de Justiça recebeu, através da linha do idoso, cerca de 3139 telefonemas, maioritariamente sobre saúde, maus tratos e apoios sociais. São ainda transmitidas ao Provedor de Justiça situações de isolamento, abandono, negligência de cuidados.

Sublinha-se que em grande parte das situações são as próprias pessoas idosas que contactam o Provedor de Justiça, predominando a faixa etária entre os 71 e os 90 anos de idade, o que revela, de algum jeito, e de forma expressiva, o envelhecimento da população portuguesa.

FUENTE: El Provedor de Justiça de Portugal

BOLIVIA: La Defensoría del Pueblo sobre los Decretos Supremos 2195, 2298 Y 2366 y los derechos de los Pueblos Indígenas

En relación a la promulgación de los Decretos Supremos N° 2195 de 26 de Noviembre de 2014 referido al derecho a la consulta; Nº 2298 de 18 de marzo de 2015, referido a la participación de los pueblos indígenas en los beneficios por la explotación de los recursos naturales en sus territorios y; N° 2366 del 20 de Mayo de 2015, que permite desarrollar actividades hidrocarburiferas en todo el territorio nacional, incluidas zonas consideradas como aéreas protegidas, la Defensoría del Pueblo comunica a la opinión pública lo siguiente:

1.-   La Constitución Política del Estado, en su Art. 218.II faculta e instruye a la Defensoría del Pueblo “la promoción de la defensa de los derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos…”.  Este mandato lo hemos cumplido desde el inicio de nuestra gestión y lo seguiremos cumpliendo hasta el final, ya que no solamente establece una responsabilidad suprema sino que responde a los principios sustantivos del Estado Plurinacional, en el que creemos y al que defenderemos siempre.

BOLIVIA

2.-   A partir de la preocupación expresada por los hermanos y hermanas dirigentes de la Asamblea del Pueblo Guaraní, y que ha sido de público conocimiento, respecto a que el contenido y la naturaleza de esos Decretos estaría afectando los derechos de los pueblos indígenas, establecidos en el texto Constitucional, especialmente en el Art. 30.6 que señala con claridad que las naciones y pueblos indígena originario campesinos tiene el derecho “A ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles. En este marco, se respetará y garantizará el derecho a la consulta previa obligatoria, realizada por el Estado, de buena fe y concertada, respecto a la explotación de los recursos naturales no renovables en el territorio que habitan” y en sujeción al mandato Constitucional, hemos instruido el análisis de los mencionados instrumentos jurídicos a fin de evaluar su contenido, en relación al respeto y cumplimiento de los derechos señalados.

3.-   El resultado del análisis jurídico de los Decretos 2195, 2298 y 2366, a nuestro criterio, muestra que existen serias contravenciones a la normativa jurídica nacional y a los instrumentos internacionales de derechos humanos de los pueblos indígenas, que afectarían en un futuro inmediato el ejercicio de sus derechos, especialmente de aquellos cuyos territorios se encuentran en zonas de interés de explotación de recursos hidrocarburíferos.

4.-   A partir de esas constataciones, y en uso de nuestras atribuciones constitucionales y normativas,  hemos determinado interponer las acciones correspondientes ante la jurisdicción constitucional, la misma que deberá realizar un exhaustivo análisis desde el ámbito de los derechos de los pueblos indígenas y su protección dentro del Estado Plurinacional. 

5.-   La Defensoría del Pueblo expresará su posición y su opinión públicamente en relación al cumplimento y respeto a los derechos humanos señalados en la Constitución Política del Estado, las leyes y los instrumentos internacionales de derechos humanos, cuando considere que estos son vulnerados, en los temas y ámbitos que corresponda.

FUENTE: La Defensoría del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia

COSTA RICA: La Discriminación y desigualdad amplían distancias entre habitantes de Costa Rica

El País debe dar un salto para reivindicar la igualdad; enriquecerse de la diversidad, reconociendo la dignidad y la identidad de cada uno de sus habitantes y buscar mecanismos para romper la gran brecha de desarrollo entre el área metropolitana y el resto de las regiones del país. Costa Rica debe abandonar la violencia, la intolerancia, los ataques a la dignidad, la discriminación y la violación a los derechos, en especial de las personas más vulnerables, para construir una sociedad inclusiva, participativa y más democrática.

El matonismo escolar, la violencia hacia la niñez y adultos mayores, la homofobia a personas con orientación sexual diversa, el hostigamiento sexual y laboral, el racismo contra personas afrodescendientes y pueblos indígenas, la violencia obstétrica, la pobreza, la lentitud del sistema público para garantizar la atención de la salud, el incumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad, son algunas de las principales violaciones a derechos humanos que hacen más amplia la separación entre habitantes en Costa Rica.

A esta lista se suma la problemática de la sobrepoblación y hacinamiento en el sistema penitenciario, los daños al medio ambiente, la seguridad ciudadana y alimentaria, las dificultades de los habitantes más vulnerables para el acceso a derechos tales como pensión del régimen no contributivo y/o asistencia económica estatal temporal; las desigualdades en la distribución de oportunidades entre personas de la Región Central del país y las regiones rurales y costeras.

Adicionalmente esta separación entre habitantes se visualiza en los conflictos sociales por la disponibilidad del agua, la omisión de respuesta que reciben los habitantes en trámites ante instituciones públicas e incluso el alto costo de servicios públicos como la electricidad y los combustibles.

Esta visión general de la situación de los derechos humanos en Costa Rica es puesta en evidencia por la Defensoría a partir de la voz y denuncias de los y las habitantes durante el último año.

“El país debe dar un salto para reivindicar la igualdad; enriquecerse de la diversidad, reconociendo la dignidad y la identidad de cada uno de sus habitantes. Costa Rica debe abandonar la violencia, la intolerancia, los ataques a la dignidad, la discriminación y la violación a los derechos, en especial, de las personas más vulnerables, para construir una sociedad inclusiva, participativa y más democrática”, dijo esta mañana la Defensora de los Habitantes, Montserrat Solano Carboni, durante un resumen del Informe Anual de Labores 2014-2015, que entrega a la Asamblea Legislativa como parte del proceso de rendición de cuentas en su primer año de trabajo al frente de la institución.

Lucha contra la discriminación

La Defensoría de los Habitantes giró su trabajo en el enfoque en la promoción a la igualdad y a la lucha de cualquier forma de discriminación, entendida ésta como la define el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas “toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que se base en determinados motivos, como la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional o social, la posición económica, el nacimiento o cualquier otra condición social, y que tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas”.

Para la Defensoría es claro que Costa Rica carece de un marco jurídico adecuado para el combate de la discriminación, y dicha carencia se refleja en la ausencia de políticas públicas integrales dirigidas hacia asegurar el pleno disfrute de derechos en igualdad de condiciones, incluidas las acciones afirmativas. Las poblaciones que más sufre de discriminación son los niños, niñas y adolescentes, los pueblos indígenas, las mujeres, las personas adultas mayores, las personas con discapacidad, las personas con orientación sexual diversa, las poblaciones afrodescendientes y los asegurados de la CCSS.

Ello no significa que otras poblaciones no sufran de discriminación.

Otro de los enfoques que la Defensoría le dio gran énfasis de acción gira en torno al Enfoque al Desarrollo basado en los Derechos Humanos. Este enfoque, concebido desde el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) toma en cuenta el reconocimiento de las y los habitantes como sujetos de derechos, la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas, y la vigilancia, con miras a un desarrollo sostenible y equitativo, es adoptado por la Defensoría para analizar la política pública.

En ese sentido, la Defensoría considera fundamental la participación ciudadana en la concepción y gestión de políticas públicas como base para la paz social, la confianza en las instituciones del Estado y la legitimidad de la función pública. La falta de participación ciudadana se encuentra en la raíz de conflictos que han estallado en el último año, en particular en relación con el acceso al agua. Algunos de estos conflictos, pudieron haberse evitado a través del diálogo social en la elaboración de las políticas públicas.

Lógicamente, para tener este efecto, la participación ciudadana debe ser real y tener algún impacto, y no ser concebida como un mero formalismo.

La Defensoría ha querido asegurar la participación de distintos grupos sociales en la elaboración de sus propias estrategias a través de la elaboración de agendas desde la sociedad civil, en especial en el ámbito regional. Se han realizado sesiones de consulta con distintos grupos sociales, en las áreas donde la Defensoría cuenta con sedes. En particular, se ha establecido una agenda por parte de los afrodescendientes de la región Caribe para la Defensoría de los Habitantes, así como una agenda de las poblaciones indígenas de todo el país para guiar las estrategias de incidencia de la Defensoría. Esta forma de trabajo se mantendrá en los próximos años, a través de la elaboración de agendas concertadas para otros sectores de la población.

También la Defensoría, en consonancia con el enfoque basado en derechos humanos, procura reforzar la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones internacionales a través de la elaboración de indicadores de derechos humanos en un proceso de largo plazo. Dichos indicadores pretenden medir y evaluar los procesos necesarios que deben tener como resultado una mejora en la prestación de servicios, y los estándares de bienestar del país.

Este instrumento pretende servir como guía para la elaboración de políticas públicas, y para alertar al Estado ante eventuales retrocesos contrarios a sus compromisos de derechos humanos. Inicialmente, se ha trabajado en el desarrollo de indicadores relacionados con el combate a la discriminación –específicamente contra las mujeres- y el Derecho a la Salud, por considerarse este último como un derecho integrador en el disfrute de otros derechos así como un factor y una medición esencial del desarrollo.

Estos dos enfoques –combate a la discriminación y enfoque al desarrollo basado en derechos humanos- van de la mano con la obligación del Estado de asegurar un recurso efectivo a las y los habitantes frente a situaciones que violenten sus derechos e intereses.

Este recurso efectivo exige una reparación adecuada del daño cuando se trate de violaciones a los derechos humanos de las y los habitantes. Ello implica exigir una reparación más integral del daño, la cual no contempla únicamente una indemnización económica –que debe ser declarada por los tribunales de justicia-, sino una rehabilitación del o la afectada, la restitución de sus derechos y garantías de no repetición del hecho violatorio. Esto implica, por ejemplo, que frente a un problema de salud sufrido por un habitante por una acción u omisión del Estado, las instituciones públicas deben proveer no solo una indemnización, sino además de los mecanismos necesarios para su debida rehabilitación y garantías de que dicha violación no se volverá a cometer.

Mejorar capacidades y desempeño en la Seguridad Social

La Defensoría en el Informe es clara que los recursos serán siempre limitados y las necesidades por satisfacer siempre serán crecientes, por lo tanto para poder cumplir con el objetivo de realizar el derecho a la salud de las y los habitantes, la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) tiene la obligación de buscar un constante mejoramiento de su desempeño y diseñar nuevas estrategias para maximizar la utilización de los recursos de los que dispone, con planificación, transparencia y rendición de cuentas. A la luz de los estándares internacionales de derechos humanos, el derecho humano a la salud exige una atención sanitaria accesibles, adaptable, disponible y de calidad, sin discriminación de ningún tipo.

Entre los avances destaca una mejoría en la distribución de especialistas, al punto que en el primer trimestre del 2015 llegó a 266 profesionales, y un grupo de ellos ubicados en zonas donde tradicionalmente en los últimos cuatro años no alcanzaban ser asignados como Guápiles, Limón, Ciudad Neilly y Golfito. Entre las deudas están las listas de espera, las cuales tienen rostro humano; son los pacientes y familias que esperan recibir atención médica. Esas filas representan un costo social que asume la familia (pérdida de trabajo, interrupción de proyectos individuales y familiares) y un costo económico que asume el sistema de salud pública en atención a costos de tipo administrativos y de salud tales como atención de respuestas y quejas de los pacientes, atención de complicaciones médicas, repetición de pruebas, nueva medicación, tratamiento psicológico, entre otros. La lista de espera genera inconformidad en los pacientes y sus familias, así como en la relación médico-paciente que se ve deteriorada, generando mayor insatisfacción en el paciente, frustración en el médico y deslegitima a la institución. Si bien una inadecuada gestión administrativa y de disposición de recursos ha tenido incidencia en el tema, se debe ahora resaltar que la falta de transparencia, rendición de cuentas y de planificación constituyen obstáculos que han agravado la problemática de las listas de espera.

ALGUNOS DATOS

Del 2010 al 2014, las solicitudes de intervención se incrementaron en un 46,5%, pasando de 20.687 a 30.264, para una tasa de crecimiento anual del 9,4%. Se estima que para el año 2020, la DHR recibiría unas 40.000 solicitudes de intervención. Por cantón, los habitantes de Pérez Zeledón son quienes presentan más denuncias en la provincia de San José.

Por distrito si tomamos en consideración el cantón central de San José, los habitantes de Pavas son quienes más recurren a la Defensoría. La población atendida es predominantemente de zonas rurales o urbano marginales, de bajo nivel de desarrollo social.

En el 2014 se recibieron 30.264, de las cuales el 52% tiene rostro de mujer, en especial, con edades entre los 25 y 34 años. Desde finales de los años 90, la Defensoría cuenta con una acreditación como institución de estatus A, según los Principios de París, y por lo tanto con Estatus consultivo especial ante los órganos de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Según PNUD, Costa Rica es el país de América Latina con menor participación ciudadana.

En el 2014 se reportaron 20,6 muertes maternas más que en el 2013, aunque Costa Rica sigue siendo el país con las tasas de mortalidad más bajas de Latinoamérica y el Caribe. Costa Rica cuenta con 24 territorios indígenas reconocidos y el Estado prácticamente no ha realizado ningún proceso de recuperación de tierras.

En el último año la Defensoría de los Habitantes participó activamente como mediador del conflicto en los muelles de Limón; en la conformación de una alianza interinstitucional para la lucha contra la violencia infantil; impulsó con Unicef la campaña contra el maltrato hacia los niños y niñas; estableció encuentros con poblaciones indígenas del país y con personas afrodescendientes de Limón en aras de una agenda de trabajo conjunta; inició un proceso de diálogo y consulta a sectores del país para la revisión del cumplimiento de las recomendaciones del Comité del Niño hechas a Costa Rica, a la luz del 25 aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño.

También trabaja en procesos de capacitación en Derechos Humanos con personal del MEP, entregó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos un informe de seguimiento a la sentencia contra Costa Rica en el caso FIV, implementó el programa “Oficina sin paredes” que va a permitir recorrer en este 2015 unas 70 comunidades más alejadas del Valle Central para la atención de denuncias y consultas y, la participación activa en redes interinstitucionales en las regiones. También cabe destacar 47 actividades de divulgación enferias comunales y charlas. Asimismo remitió a la Asamblea Legislativa más de 70 criterios sobre proyectos de ley

FUENTE: La Defensoría de los Habitantes de la República de Costa Rica

PANAMÁ: La Defensoría del Pueblo realiza capacitación en Policlínica Gustavo A Ros

“Derechos Humanos, Derecho a la Salud, el VIH (SIDA), y la Violencia Doméstica”; fueron parte de los temas abordado por la Oficina Regional de la Defensoría del Pueblo en Chiriquí, durante la capacitación dirigida a los usuarios de la Policlínica Gustavo A, Ros, en el Distrito de David.

Igualmente, se hizo énfasis en temas como “el acceso a la salud”, derecho de las personas con discapacidad, y se explicó el contenido y alcance de las diferentes campañas que realiza la institución en contra de la violencia a la mujer.

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Además, se presentó una presentación sobre la imagen de la Institución, sus atribuciones y funciones, Visión, Misión, Objetivos y demás; también sobre los diferentes afiches de las campañas que realiza la Defensoría del Pueblo, las medidas de protección cuando se presenta la violencia doméstica y como reconocer si se está siendo víctima de la violencia doméstica y finalmente, sobre las Ley No. 68 que regula los derechos y obligaciones de los pacientes, en materia de información y de decisión libre e informada.

Los presentes agradecieron a la Defensoría del Pueblo por dictar la capacitación y tomar importancia a los usuarios de la Policlínica Gustavo A. Ros, por orientarlos sobre temas donde son vulnerables en su diario vivir.

La Defensoría del Pueblo mantendrá estas capacitaciones no sólo a los usuarios de la Policlínica Gustavo A. Ros sino a otros sectores de Salud, donde los usuarios de los centros y servicio de salud, ya sea públicos y privados se beneficien de estas capacitaciones.

FUENTE: La Defensoría del Pueblo de la República de Panamá

VENEZUELA: La Defensoría del Pueblo atiende a Comité de Víctimas del Sicariato Campesino

Este lunes el Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, se reunió con el Comité de Víctimas del Sicariato Campesino quienes acudieron a la Institución Nacional de Derechos Humanos para denunciar a las 186 víctimas asesinadas a manos de sicarios, durante los años 1999 a junio del 2015, por parte de dueños de grandes extensiones de tierra.

El Defensor del Pueblo recibió por parte del Comité una data con los nombres de las víctimas del sector campesino asesinadas por supuestos sicarios, discriminados por estados del país, destacándose con mayor número de casos los estados: Zulia con 43 víctimas, Barinas con 40, Apure con 24 asesinados y Portuguesa con 20. Además se han presentado casos en otras entidades como Aragua, Miranda; Anzoátegui, Carabobo, Monagas, Guárico, Sucre, Táchira, Trujillo, Mérida y Falcón, entre otros.

El titular de la Defensoría del Pueblo (DdP) precisó que según los denunciantes, tras la promulgación de la Ley de Tierras por parte del Ejecutivo Nacional, además de otras resoluciones y leyes para reivindicar su derecho a la tierra, “los terratenientes los han convertido en objetivos, para ser amenazados, perseguidos y en el peor de los casos, como acabo de mencionar, asesinados”.

El Defensor del Pueblo se refirió a la necesidad de articular con los organismos del Estado, “para frenar de manera absoluta esta campaña de exterminio de este sector vulnerable de la sociedad Venezolana”. En ese sentido, informó que ya se dio una primera reunión con la participación de autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, del Instituto Nacional de Tierras, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y el Comité de Víctimas del Sicariato Campesino.

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Tarek William Saab indicó que se coordinarán otros encuentros interdisciplinarios para abordar, no solo las investigaciones de carácter policial y penal para la detención de los presuntos responsables (directos e indirectos) de estas 186 muertes, sino también para buscar políticas de carácter preventivo para las familias afectadas.

En ese sentido señaló la necesidad de crear un “plan de asistencia integral” para los campesinos y campesinas que abarque lo económico, social, psicológico y familiar. A su vez, pidió sincerar la propiedad y regularización de la tierra en articulación con los ministerios respectivos, bajo la supervisión de todas las autoridades del Ejecutivo Nacional; así como la creación de la Misión Mujeres del Campo y el desarrollo de Escuelas de Formación de Cuadros en el Campo con el apoyo de la Universidad Campesina de Venezuela Argimiro Gabaldón.

Tarek William Saab adelantó que conjuntamente con el Comité de Víctimas del Sicariato Campesino se trabajará en un proyecto de ley de protección a las víctimas del sicariato campesino que se presentará ante la Asamblea Nacional., en concordancia con las atribuciones constitucionales de la DdP.

Por último, el Defensor del Pueblo responsabilizó a los dueños de grandes extensiones de tierra de ser los responsables de manera directa de las muertes de centenares de campesinos y campesinas.

“Yo responsabilizo a ese sector, a los latifundistas, a los terratenientes como los responsables directos de este sicariato”.

FUENTE: La Defensoría del Pueblo de la República Bolivariana de Venezuela

PORTUGAL: Provedor de Justiça alerta para irregularidades na contratação de técnicos responsáveis pelo desenvolvimento de atividades de enriquecimento curricular

O Provedor de Justiça recebeu diversas queixas apresentadas por candidatos a procedimentos de seleção e recrutamento de técnicos responsáveis pelo desenvolvimento de atividades de enriquecimento curricular, promovidos para o ano escolar de 2014/2015.

A apreciação destas queixas, a consulta e análise de diversos avisos de abertura dos concursos, bem como a intervenção junto das entidades visadas, evidenciaram invalidades e irregularidades que levaram o Provedor de Justiça a endereçar ao Secretário de Estado do Ensino e da Administração Escolar um conjunto de reflexões e sugestões, com o intuito de evitar a repetição dos problemas ocorridos e, assim, contribuir para o aperfeiçoamento da ação administrativa.
Em tal comunicação, foram designadamente assinalados os principais problemas detetados na adoção e aplicação de requisitos e critérios de avaliação, bem como a necessidade de adotar práticas e regras procedimentais que promovam uma conciliação mais equilibrada entre os direitos e interesses dos candidatos, e o interesse público na célere contratação dos técnicos responsáveis pelo desenvolvimento de atividades de enriquecimento curricular.
FUENTE: El Provedor de Justiça de Portugal

MÉXICO: Afirma el Ombudsman Nacional que las violaciones a Derechos Humanos que afectan a la sociedad demandan acciones contundentes de las tres órdenes de Gobierno

Luis Raúl González Pérez y el gobernador Mariano González Zarur suscribieron un convenio general de colaboración, para la enseñanza y difusión de los derechos fundamentales en la entidad

Asuntos que pueden representar violaciones a los derechos humanos como la tortura, migración,discriminación en todas sus formas –especialmente hacia las mujeres—, derechos de los pueblos indígenas, trata de personas, agresiones a periodistas y defensores de derechos humanos demandan acciones contundentes por parte de todas las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, con el fin de que se investiguen y sancionen cuando ocurran conductas violatorias de derechos humanos.

Así lo afirmó el Ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, quien destacó que la desigualdad, la pobreza, las necesidades y diversos problemas que enfrentan amplios sectores de nuestra población son campo fértil para el desarrollo de actividades ilícitas que afectan la seguridad y tranquilidad en algunas zonas del país.

Al suscribir este día un Convenio General de Colaboración con el Gobernador de Tlaxcala, Mariano González Zarur, González Pérez señaló que como institución, la CNDH se adapta a las nuevas visiones y lógicas que han imperado en materia de derechos humanos, cuya principal incidencia ha sido el reconocimiento gradual de un catálogo más amplio de derechos fundamentales.

El Presidente de la CNDH apuntó que el reto de la reforma constitucional de junio de 2011 está en su operatividad. Aseguró que no es suficiente proclamar los derechos normativamente, pues se requiere además garantizar su vigencia y eficacia. En la implementación de las reformas constitucionales y legales se debe asegurar que la sociedad civil participe en su observancia, vigilancia y seguimiento, enfatizó.

“Un aspecto central para lograr su efectividad –dijo— es impulsar su promoción, lo cual requiere la participación de todas las entidades públicas y de los diversos actores sociales para generar una nueva cultura de respeto a los derechos humanos, toda vez que si conocemos y entendemos en qué consisten, podremos asumir los mismos como eje de nuestra vida diaria”.

La labor preventiva –dijo— también está en sus Recomendaciones, informes y documentos que tienen una influencia educativa para los funcionarios públicos y la sociedad en general. La autoridad a la que va dirigida una Recomendación debe ver en ella una acción de colaboración y no de reproche. Su propósito es lograr un mejor funcionamiento de la administración pública. Su aceptación y cumplimiento expresa la voluntad política de la autoridad con su compromiso con los derechos humanos.

El Convenio General de Colaboración suscrito hoy tiene por objeto establecer las bases para desarrollar e impulsar acciones conjuntas para promover el estudio, la enseñanza, la observancia, la defensa, el respeto y la divulgación de los derechos humanos en el Estado de Tlaxcala; elaborar y ejecutar programas de capacitación, campañas informativas y de enseñanza; así como el intercambio de información, en materia de derechos humanos.

En este acto estuvieron también Francisco Mixcoatl Antonio, Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Tlaxcala, y Joaquín Narro Lobo, Secretario Técnico del Consejo Consultivo de la CNDH.

Como parte de su gira de trabajo por esta entidad, el Ombudsman nacional se reunió al mediodía con dirigentes de organizaciones no gubernamentales, con quienes intercambió puntos de vista respecto de la situación que guardan los derechos humanos especialmente en Tlaxcala y firmó con ellos convenios de colaboración, en materias de enseñanza y difusión de los mismos.

FUENTE: La Comisión Nacional de Derechos Humanos de México

NICARAGUA: PDDH denuncia a Policia Nacional de León por abuso de autoridad al permitir salidas de celdas preventivas a condenado por violación agravada

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) denunció públicamente al  Comisionado Claudio Cortez Pastora, Segundo Jefe de  la Policía Nacional de León y al Jefe de Operaciones, el Capitán Juan Carlos Muñoz Aguille,  de exponer en situación de peligro y de re victimización a una adolescente, al permitir la salida de las celdas preventivas a Oscar Santiago Martinez Reyes, para que visitara su casa de habitación, a pesar de estar condenado a 12 años de prisión por el delito de violación agravada y violencia psicológica en perjuicio de su hijastra.

Dicha denuncia,  la hicieron la Procuradora Especial de la Niñez y Adolescencia, Martha Toruño y el Delegado Territorial de Occidente, Francisco Samayoa,  en conferencia de prensa, en la que expusieron detalles del caso, así como la solicitud de las sanciones correspondientes a los oficiales que violentaron la disposición judicial de condena, al autorizar, a su discrecionalidad las salidas del privado de libertad Martinez Reyes, ex policía voluntario.

Explicaron que la mamá de la adolescente denunciò  ante la PDDH de Leòn, que el pasado 17 abril 2015, Martinez Reyes, se presentó  a  la casa,  y que su hija se alteró y atemorizó al ver a su agresor libre y en la comunidad.

NICARAGUA

En la investigaciones realizadas por esta Institución de Derechos Humanos, pudo conocerse de la acusación presentada por el Ministerio Publico contra Martinez Reyes por el abusó en reiteradas ocasiones de su hijastra, desde la edad de 8 años hasta que la víctima cumplió 15 años. Durante todo ese tiempo mantuvo bajo amenaza e intimidación a la adolescente.

Así mismo, señalaron los funcionarios de la PDDH,  que se pudo constatar los oficiales de policía mencionados,  violentaron el  derecho humano referido al debido proceso administrativo  de la denunciante, y de su hija, “se comprobó que el Comisionado Cortez Pastora autorizó el permiso para que el privado de libertad referido pudiera visitar su casa de habitación,  y el Jefe de operaciones capitán Muñoz, responsable por omisión del deber de cuidado, cooperó para que el condenado, saliera de las celdas preventivas de la Policía Nacional de León,  en dos fines de semana a su casa y producto de eso fue visto por la adolescente provocando de esta manera la re victimización secundaria”, explicó ampliamente Samayoa, delegado territorial de la PDDH

Es por ello que esta Institución condena enérgicamente la actitud de ambos oficiales, que violentaron el derecho humano referido al debido proceso administrativo, y en razón de ello envió al Comisionado General Juan Ramón Gradiz, Inspector General de la Policía Nacional, aplique la sanción que corresponda, al Comisionado Claudio Cortés Pastora, Segundo Jefe de  la Policía Nacional de León, en este caso el descenso en un grado, por un período de uno a dos años.

En el caso del Capitán Juan Carlos Muñoz Aguille,  Jefe de Operaciones la Policía Nacional de León, se recomienda aplicar restricción en el lugar de servicio de siete a quince días. Además, la PDDH solicita al Inspector General de la Policía Nacional que oriente a la instancia de Asuntos Internos para que inicie un proceso investigativo para determinar si existe la participación de otros oficiales del área de control de  detenidos, en los hechos denunciados.

Y por último que, en base a las consideraciones hechas en la presente Resolución, emitida por la PDDH, se oriente al Comisionado Luis Fernando Barrantes Jefe de la Delegación Policial de León, la revisión y mayor control de las salidas de los privados de libertad, las autorizaciones y la autoridad competente que las emite.

FUENTE: La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de la República de Nicaragua

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