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CHIAPAS: La visitaduría de la Mujer se acerca a las mujeres en situación de violencia y se muestra comprometida en la protección de sus derechos

La Visitaduría General Especializada de Asuntos de la Mujer a cargo de Jakelin Mercedes Sauza Marín, asumiendo el compromiso con la protección, difusión y promoción de los derechos humanos de las mujeres llevó a cabo una visita al albergue de mujeres en situación de violencia en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez el pasado 11 de Junio de la presente anualidad, con el objetivo de acercarse a ellas y puntualizar el papel fundamental de dicho organismo.

En ese sentido se impartió una plática sobre las funciones de la Visitaduría de la Mujer, y la forma en que puede accederse a ella como herramienta fundamental en la protección de los derechos humanos de las mujeres, niños, niñas, adolescentes y personas adultas mayores.

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La visitadora General señaló que “resulta lamentable la subsistencia de la violencia de género pese a que existen avances legislativos para la sanción y combate de la misma”. Cabe agregar, que durante la charla, algunas mujeres señalaron haber acudido a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y se mostraron agradecidas con el organismo por el apoyo y orientación jurídica que se les brindó.

Así también, como parte de la visita se supervisaron las condiciones en las que las mujeres se encuentran viviendo, y se concluyó con una plática con el personal de dicho albergue. La Visitadora General resaltó la importancia de la loable labor que se realiza en pro de la protección de las mujeres y se sumó a ella, como aliada en la lucha para atacar la violencia de género.

No está demás mencionar que durante este año la Visitaduría de la Mujer llevará a cabo visitas de inspección e impartirá charlas, conferencias y talleres sobre derechos humanos, a fin de dar cumplimiento con las facultades conferidas en la Ley.

FUENTE: La Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Chiapas

DISTRITO FEDERAL: CDHDF y Sin Fronteras conmemorarán el día Mundial de las personas Refugiadas y señalan sus retos en relación a sus Derechos Humanos

En el año 2001 la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió que el 20 de junio sea el Día Mundial de los Refugiados, conmemorando que en esta fecha se aprobó la Convención sobre elEstatuto de los Refugiados de 1951 que enuncia los conceptos fundamentales para la protección internacional de los refugiados, y apoyando el importante trabajo que se realiza en torno a las personas que dejan sus países huyendo de la guerra, la persecución o el terror.

Por este motivo, Sin Fronteras y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) desean reconocer el trabajo de las personas y autoridades estatales que empeñan su esfuerzo en el cumplimiento de los derechos humanos de las personas refugiadas, al mismo tiempo, es necesario realizar un recuento de temas pendientes que en varios casos han sido detectados a partir del trabajo desde la sociedad civil, y que requieren de la asunción plena de las responsabilidades correspondientes. Estos temas son:

El acceso a la información sobre el derecho de asilo. La deficiencia en la detección adecuada y oportuna de posibles casos de solicitantes de asilo deriva del desconocimiento por parte de la mayoría de la población de este derecho y sus formas de acceder al mismo. El bajo nivel de otorgamiento de la protección internacional por parte del gobierno mexicano(menos del 30% de las solicitudes son positivas). Lo cual sucede a pesar de que se presenta un incremento importante en las solicitudes de asilo y hay una presencia importante de esta población, como en el caso de la Ciudad de México.

Ausencia de políticas sociales dirigidas a favorecer la inclusión y acompañamiento de personas refugiadas. En la integración/inclusión social hay fuertes retos ya que no hay políticas para estos fines ni en el momento de llegada ni durante su proceso de reconocimiento. Es necesaria la creación de políticas de integración donde exista un proceso bidireccional, participativo. Estas políticas requieren un pleno reconocimiento del principio a la igualdad, un trabajo importante en la prevención y en la atención de la discriminación, dentro de una amplia agenda de satisfacción de derechos económicos, sociales y culturales.

Ausencia de un recurso de revisión efectivo cuando es negado el reconocimiento de la condición de refugiado. El principio de doble instancia donde una instancia superior revisa los actos de una inferior es fundamental en este tipo de procedimientos. Adicionalmente, estos trámites deben ser resueltos en tiempos razonables.

Existencia de tratos diferenciados desiguales en el proceso de solicitud de asilo. Entre las personas que solicitan asilo en libertad y aquellas que lo hacen estando en una estación migratoria existen diferencias sustanciales.

Deficiencias en información relevante. Existe una deficiencia en la generación y transparencia de las estadísticas asociadas al tema de personas refugiadas. Frente a esta situación, es necesario un sistema de información accesible a la sociedad civil, con datos desagregados y perfiles identificados, que permita construir política pública inclusiva.

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Ausencia de perspectiva de género, diversidad sexual (derechos de la población LGBTTTI) y de derechos de infancia. Estas situaciones son transversales, por lo que se debe mejorar: las entrevistas atendiendo las necesidades específicas de la población, la comprensión de las causas de persecución, el análisis de los agentes persecutorios, el reconocimiento del derecho de las niñas y niños a ser tomados en consideración en cualquier decisión que les concierna, la consideración del interés superior del niño, entre otros.

Incorporar los compromisos regionales México en materia de Refugio.Implementar medidas para la aplicación de los criterios de la Declaración de Cartagena de 1984 y de la Declaración y Plan de Acción de Brasilia. Estos últimos emitidos el 3 de diciembre de 2014 plantean atender las causas que generan los desplazamientos, así como ofrecer protección internacional a aquellas personas que la necesitan, y avanzar hacia una progresiva armonización de políticas públicas, normas y procedimientos en materia de protección de las personas refugiadas, desplazadas y apátridas. Este instrumento debe ser ampliamente difundido y se deben adelantar medidas concretas para su plena aplicación en el país.

En razón de lo expuesto, es necesario considerar el tipo de intervención que puede tener cada actor estatal atendiendo a su competencia específica, y observar además que muchos de los problemas de discriminación no sólo se generan respecto de las personas que se desplazan entre países sino también entre las que se desplazan internamente en el país por razones similares.

La CDHDF y Sin Fronteras, hacen un llamado para reconocer los problemas que se asocian a la atención de personas refugiadas, para combatir la discriminación que se da con motivo de nacionalidad o lugar de origen, así como de cualquier otro motivo que en intersección con éstos, provoca un mayor grado de vulnerabilidad de personas que deberían tener el apoyo institucional y social necesario para lograr una integración plena a nuestro país y poder continuar con sus vidas después de las difíciles y en muchos casos trágicas situaciones que les obligaron a desplazarse de su lugar de origen.

FUENTE: La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal

ESTADO DE MÉXICO: Órganos defensores, únicos facultados para conocer violaciones a derechos humanos

No dejarse sorprender por organizaciones que cobren por esos servicios

Ninguna organización o asociación civil puede tramitar una queja por una presunta violación a los derechos humanos, pues no están facultados para hacerlo ni tampoco a cobrar por los servicios que prestan, afirmó Gerardo Cisneros Basurto, Subdirector de Enlace y Vinculación en Derechos Humanos.

El funcionario aseveró que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las Defensorías Municipales son las únicas instancias no jurisdiccionales que pueden conocer las violaciones a los derechos fundamentales de las personas, e hizo un llamado a la población para no dejarse sorprender por organismos u asociaciones que quieran cobrar por sus servicios.

Refirió que las Defensorías Municipales pueden recibir quejas de la población en relación a las presuntas acciones u omisiones por parte de autoridades de su municipio, y a su vez, deben turnarlas de inmediato a la Visitaduría General de la CODHEM, que corresponda a su zona.

Explicó que si bien la Defensoría de Habitantes estatal tiene un convenio de colaboración con 139 Organizaciones No Gubernamentales en materia de capacitación y asesoría, éstas no pueden dar trámite a quejas de la ciudadanía, al no tener atribuciones para ello, por lo que la gente no debe dejarse sorprender cuando les prometan una solución a su problema.

Indicó que la forma clara de ver si una ONG o asociación civil trata de aprovecharse de la población, es cuando solicitan el pago por algún servicio o trámite, vinculado con la defensa de los derechos fundamentales y que es gratuito. Por último, invitó a la población a acercarse a la CODHEM a través de alguna de sus siete Visitadurías o vía telefónica al 01 800 999 4000, para recibir asesoría u orientación totalmente gratuita, en caso de que una autoridad haya violentado sus derechos fundamentales. 

FUENTE: La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de México

MICHOACÁN: CEDH por erradicar el trabajo Infantil

Para la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) la erradicación del trabajo infantil, es una premisa impostergable para garantizar el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes.

En el marco del Foro Estatal 2015 “Trabajo Infantil en el Estado de Michoacán. Implicaciones, reflexiones y acciones, el Ombudsman michoacano, José María Cázares Solórzano, consideró urgente, extender la protección y la educación a la primera infancia; ofrecer una educación de calidad y gratuita, así como garantizarla.

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Dijo que el trabajo infantil en México es la consecuencia de un descuido multifactorial, ante la costumbre de incluir a los niños  en el contexto laboral desde una edad muy temprana, por las condiciones de pobreza, los matrimonios prematuros y los distintos factores sociales y económicos que inciden su entorno.

“Es necesario ofrecer  a los y las jóvenes capacidades y habilidades necesarias para una vida digna, alejada de la delincuencia; y eliminar las disparidades de género; los niños se deben dedicar a labores propias de su edad que garanticen su sano desarrollo”, enfatizó.

La CEDH en Michoacán camina comprometida con las distintas instituciones representantes de la Sociedad Civil y las dependencias gubernamentales para trabajar en la promoción y divulgación del respeto del derecho fundamental a la vida digna, a través de la educación, tanto como hacer una realidad que año con año disminuya el trabajo infantil y la deserción escolar.

Cabe mencionar que en 2002, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) declaró el 12 de junio como Día Internacional contra el Trabajo Infantil con el propósito de dar a conocer el alcance del problema y promover iniciativas para resolverlo, con la participación de los gobiernos, las empresas, los sindicatos, la sociedad civil, y los ciudadanos en general.

FUENTE: La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán

NUEVO LEÓN: Celebran universitarios tercer encuentro estatal

Las promotoras y promotores universitarios que conforman la red de voluntarios de la Comisión Estatal de Derechos Humanos celebraron por tercera ocasión en encuentro anual de fraternidad y planeación para actividades en las universidades y la comunidad.

Minerva Martínez Garza, presidenta de la CEDH aplaudió la participación de estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad Metropolitana de Monterrey y la Universidad de Monterrey que colaboran activamente en los programas de promoción estudiantil y formación profesional en materia de derechos humanos.

Destacó la importancia de fomentar lazos entre las promotoras y promotores y fortalecer el intercambio de ideas entre las universidades participantes, así como la retroalimentación con la CEDH para ampliar en el siguiente año de trabajo el alcance de la red estatal hacía la población estudiantil.

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El Tercer Encuentro de Promotores Universitarios de Derechos Humanos convocó a estudiantes de tres casas de estudio a rendir cuentas sobre las actividades y logros obtenidos en el último año y a trazar nuevas metas conjuntas, explicó Martínez Garza.

FUENTE: La Comisión de Derechos Humanos del Estado Nuevo León

YUCATÁN: Llamado a nuevas autoridades municipales a respetar los derechos de la población maya

Especialistas, autoridades y representantes de pueblos indígenas se reunieron en el conversatorio “Principales violaciones a los Derechos Humanos de los pueblos indígenas y propuestas de solución” a fin de proponer políticas públicas y definir nueva relación del Estado con este grupo en situación de vulnerabilidad.

El evento fue convocado por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Encabezaron el conversatorio, el Presidente de la CODHEY, Dr. Jorge Alfonso Victoria Maldonado; la Cuarta Visitadora General de la CNDH, Mtra. Norma Inés Aguilar León y el Director de Promoción y Difusión de los Derechos Humanos de los Pueblos y Comunidades Indígenas, de la Cuarta Visitaduría General de la CNDH, Lic. Margarito Cruz Mateos.

Victoria Maldonado recordó que la Encuesta Estatal sobre Discriminación señala que hay factores asociados a la etnia maya, como vestimenta, lengua, color de piel y apariencia que son motivo de rechazo social.

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“La problemática es compleja y representa un riesgo para las autoridades nacionales, estatales y municipales”, precisó.

Asimismo, hizo un llamado a las autoridades electas de los 106 municipios del estado para que tomen el tema de los derechos de la población indígena como un tema prioritario y ponerle su empeño y atención.

Por su parte, la Visitadora precisó que actualmente no se hacen efectivos los derechos de la población indígena, los cuales quedaron plasmados en la reforma de 2011.

“Es necesario luchar día a día para que los derechos se hagan realidad y no sean simplemente derechos de papel; actualmente algunos pueblos y comunidades indígenas siguen en condiciones de vulnerabilidad y con frecuencia son discriminados, desplazados y marginados”, precisó. Y detalló que este conversatorio tiene el reto de plantear las necesidades y posibles soluciones de la población indígena en Yucatán y en México.

En representación del Gobernador, Rolando Zapata Bello, el Sub Consejero Jurídico, Raúl Pavón Flores, precisó que el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas representa un importante reto que debe ser enfrentado de la mano con los líderes de las comunidades y los estudiosos de su cultura, tradiciones y costumbres.

Puntualizó que se busca que existan condiciones para que cuenten con empleo que les permita obtener un ingreso digno para el sustento de sus familias, sin sacrificar su modo de vida y tradiciones.

La actividad está motivada en que la relación entre el Estado, los pueblos indígenas y la sociedad, establecida en las leyes nacionales y en los instrumentos internacionales signados por el Estado Mexicano,debe fundarse en el conocimiento de sus condiciones de desarrollo, así como en la necesidad de incorporar sus demandas en las políticas económicas, sociales y culturales en los tres órdenes de gobierno.

El conversatorio busca también fomentar el libre intercambio de ideas, visiones y argumentos para la identificación de las principales violaciones a los Derechos Humanos de los pueblos indígenas con intercambio de ideas entre varios especialistas, autoridades y representantes de pueblos indígenas, para escuchar sus propuestas de solución, todo ello con la finalidad de exponerlas ante un grupo selecto de invitados, interesados en la materia.

De esta manera se busca identificar los problemas más graves que enfrenta la población maya; señalar y proponer los principales elementos que deben ser considerados para el diseño de una política pública orientada a respetar y proteger los derechos de los pueblos indígenas, así como jerarquizar y definir las acciones necesarias para iniciar el proceso de una nueva relación del Estado con los pueblos indígenas.

Al evento fueron convocadas organizaciones de la sociedad civil, autoridades, líderes indígenas, público en general y funcionarios públicos.

Entre los participantes se encuentran: Dr. Fidencio Briceño Chel, investigador titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia; Profr. Valerio Canché Yah, presidente de Kuch Kaab Yéetel J-Men Mayao'ob, A.C (Consejo de Ancianos y Sacerdotes Mayas, A. C.); Antrop. Karla Teresita Caballero Negrón, presidenta de Kaaj Jela'an, A.C.; Profr. José Antonio Cruz Medina, presidente de Maya’on, A.C.; Lic. Ileana Ruby Estrada Quintal, Presidenta de Manos Unidas para el Desarrollo de los Mayas, A.C

FUENTE: La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán

URUGUAY: Se realizó la IV Asamblea Nacional de DDHH

Este 18 de junio se realizó la IV Asamblea Nacional de Derechos Humanos, con la participación de decenas de organizaciones civiles y autoridades de organismos estatales.

La Asamblea sesionó en el Instituto de Perfecionamiento y Estudios Superiores, entre las 9.00 y loas 17.00hs  y contó con la presencia del ministro del Interior Eduardo Bonomi, la defensora del vecino de Montevideo Ana Agostino y la profesora Belela Herrera, entre otros.

URUGUAY

Al principio del encuentro la presidente de la Institución, Mirtha Guianze y los directores Juan Raúl Ferreira, Mariana González, Juan Faroppa y Ariela Peralta realizaron una rendición de cuentas sobre el trabajo realizado este año.

Luego de un intercambio entre el Consejo Directivo y los asistentes a la Asamblea se realizó el trabajo en equipos que en esta instancia estuvo dividido en Acceso a la Justicia, Salud Mental, personas privadas de libertad, Medio Ambiente y Eduación, siendo el tema central  del encuentro Igualdad de trato y no discriminación.

La Asamblea Nacional de Derechos Humanos es el mecanismo de sesión extraordinaria del Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH).

Es una instancia pública prevista en la Ley Nº 18.446 para la participación plenaria, con voz y sin voto, de las organizaciones sociales, organismos gubernamentales y otras entidades objeto del contralor de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.

El Consejo Directivo de la INDDHH tiene la obligación de convocarlas al menos una vez al año. El artículo 62 de la Ley Nº 18.446 establece que puede convocarse a otra Asamblea, por iniciativa de una mayoría superior al 20% del total de las organizaciones sociales habilitadas. (Art. 62 de la Ley Nº 18.446).

FUENTE: La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo de Uruguay

COLOMBIA: La Defensoría coordina asistencia humanitaria a niñas encontradas en Vaupés

La Institución permanece vigilante al resultado de las investigaciones que permitan establecer las circunstancias que rodearon la misteriosa desaparición de las menores de edad.

Luego de haber sido encontradas en las selvas del Vaupés tras 20 días de desaparición, la Defensoría del Pueblo acompañó las gestiones para garantizar la asistencia médica y humanitaria a las cinco niñas indígenas que habían sido reportadas como extraviadas el pasado 9 de junio.

A través de la Defensoría regional se realizaron las coordinaciones para el envío de un equipo médico por vía aérea hasta la zona donde finalmente aparecieron, con el propósito de evaluar su estado de salud y asegurar el pronto traslado de las menores a la ciudad de Mitú.

COLOMBIA

Con base en los primeros diagnósticos, que dieron cuenta de cuadro general de deshidratación y desnutrición, la Defensoría estuvo vigilante para agilizar la remisión de las niñas al Hospital San Antonio de Mitú, donde reciben atención especializada.

Cabe recordar que la desaparición se produjo el 29 de mayo, razón por la cual la Defensoría del Pueblo sigue pendiente de las investigaciones que se adelantan para determinar las circunstancias que rodearon estos hechos, los cuales fueron denunciados 10 días después de haberse producido.

La Defensoría mantendrá el apoyo psico-jurídico para evitar la revictimización de las menores durante las diligencias judiciales, propiciar la ruta para el restablecimiento de sus derechos y demandar la claridad necesaria respecto a su misteriosa desaparición y posterior hallazgo.

FUENTE: La Defensoría del Pueblo de la República de Colombia

GUATEMALA: Pilotos y pasajeros del transporte colectivo víctimas de la violencia

Respecto de las extorsiones en el transporte colectivo, urbano y extraurbano, el titular de la Defensoría del Usuario del Transporte Público de la institución del Procurador de los Derechos Humanos, Edgar Guerra, indicó a un medio de información, el 16 de junio, que según denuncias recibidas en dicha defensoría son varias las rutas que se ven afectadas por este flagelo.

El funcionario indicó que esto es un negocio floreciente para las bandas criminales y a pesar de eso no se toman las medidas correspondientes, por lo que la sociedad civil demanda a las autoridades la creación de un juzgado específico en temas de extorsiones, entre otras peticiones, ya que la percepción de la población es que las gestiones por parte del Estado son insuficientes, por lo que también solicitan acciones concretas que contrarresten el clima de inseguridad que se vive en el transporte público. OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Guerra comentó que del 1 de enero a la fecha, 125 personas perdieron la vida en ataques al transporte público, entre ellos pasajeros, pilotos, ayudantes, taxistas, conductores de tuctuc y presuntos delincuentes.

Ante esta estadística, enfatizó que el Magistrado de Conciencia, Jorge Eduardo De León Duque, insiste en que estos números no se deben ver como simples datos fríos, sino que hay que abordar el tema de la humanización y la sensibilización, ya que son muchas personas las que han perdido la vida, mujeres que quedaron viudas y niñas y niños huérfanos, por lo que es indispensable tomar acciones inmediatas al respecto, concluyó. 

FUENTE: La Procuraduría de los Derechos Humanos de la República de Guatemala

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