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Brasil: Plano Mais Brasil está marcado por inconstitucionalidades y profundizará las desigualdades en el país, advierte PFDC

Brasil: Plano Mais Brasil está marcado por inconstitucionalidades y profundizará las desigualdades en el país, advierte PFDC

En una nota técnica al Congreso Nacional, la Oficina del Fiscal señala que el paquete representará un deterioro en la administración pública y en la oferta de políticas y servicios en el área.

El paquete de medidas presentado por el Gobierno Federal para cambiar el presupuesto público, el llamado Plan Mais Brasil, aumentará la grave situación de desigualdades existentes en el país, además de violar las garantías fundamentales establecidas por la Constitución Federal de 1988 y también en los tratados y convenios internacionales de que el país es signatario

La alerta es del Fiscal Federal para los Derechos de los Ciudadanos (PFDC), del Ministerio Público Federal, y se envió este lunes (10) al Congreso Nacional en una Nota Técnica para respaldar el análisis que los parlamentarios harán de las propuestas, que ya se están procesando. en la casa.  

El Plan Mais Brasil consta de tres enmiendas propuestas a la Constitución (PEC 186/2019, 187/2019 y 188/2019), presentadas conjuntamente por el Gobierno Federal en noviembre de 2019. En el documento a diputados y senadores, la Oficina del Fiscal identifica aspectos central para cada una de las propuestas, enumerando aspectos legales, datos y estudios sobre los impactos sociales de estas medidas.

Entre las preocupaciones de PFDC está el deterioro en la administración pública y en la provisión de políticas y servicios en el área, en caso de que se aprueben las propuestas de PEC 186. La propuesta trae una serie de deliberaciones que van desde la prohibición de crear nuevos puestos, la realización de nuevos concursos, la progresión funcional y la promoción, los reajustes y las revisiones, hasta la reducción temporal de las horas de trabajo y la adaptación de subsidios y salarios a la nueva carga de trabajo. .

"Al abrir la posibilidad de reducir la jornada laboral en un 25%, por ejemplo, lo que el gobierno está enviando es el intento de 'naturalizar' el empeoramiento del suministro de servicios públicos a la mayoría de la población". El órgano del Ministerio Público Federal también señala que, desde la Enmienda a la Constitución 95, la expansión y mantenimiento de los servicios públicos en Brasil se ha visto seriamente afectada.

"Basta con mirar las líneas de espera en el INSS, en Bolsa Família, la falta de medicamentos en el SUS, la precariedad de las universidades públicas, el aumento de la población callejera sin la contrapartida de las políticas de asistencia, entre muchos otros ejemplos que podrían enunciarse aquí" .

La Nota técnica cita estudios según los cuales el techo del gasto público brasileño, en el mediano plazo, debería reducir los gastos estatales en alrededor del 13% del Producto Interno Bruto (PIB), que es el nivel de los países africanos. En cuanto a la cantidad de servidores públicos, según datos de la OCDE, Brasil sigue el promedio de América Latina, que es más bajo que el de los países desarrollados.

"Por cada cien trabajadores brasileños, 12 son funcionarios públicos, mientras que en los países más desarrollados, el porcentaje suele ser al menos el doble, con un promedio de 21 funcionarios por cada 100 trabajadores. En países como Noruega y Dinamarca, más de 1/3 de la población económicamente activa está empleada en el servicio público ", enfatiza PFDC.

En cuanto a PEC 187, que busca extinguir todos los fondos públicos de la Unión, los Estados, el Distrito Federal y los municipios, con la excepción de los previstos en las constituciones y leyes orgánicas de cada entidad federativa, la Oficina del Fiscal advierte del hecho de que la extinción de tales fondos comenzaría a exigir que los programas que son financiados por ellos ahora sean viables por otros instrumentos disponibles dentro de las agencias públicas.

"En ausencia de tales instrumentos, los programas están en grave peligro de ser extinguidos junto con sus vehículos de financiación". Además de llamar la atención sobre los riesgos de desorganización severa en los estados y municipios, la Nota técnica del PFDC enumera más de 20 fondos que podrían extinguirse si se aprueba el PEC 187. Entre ellos, el Fondo de Apoyo a los Trabajadores (FAT), el Fondo de Reforma Agraria y de Tierras, el Fondo de Financiación para Estudiantes de Educación Superior (Fies) y también el Fondo Nacional de Seguridad Pública, creado en 2001 con el objetivo de apoyar proyectos bajo la responsabilidad de los gobiernos estatales en el área de seguridad.

Derechos sociales en riesgo

Para la Fiscalía Federal, entre las tres propuestas que conforman el llamado Plano Mais Brasil, el PEC 188 es sin duda el que genera el mayor impacto en los derechos sociales, con la inclusión de un párrafo en el art. 6 de la Constitución para establecer el derecho al equilibrio fiscal intergeneracional en la promoción de los derechos sociales, además del fin de la vinculación financiera de los recursos de salud y educación de forma independiente. En la práctica, la medida permitirá que los recursos en las dos áreas compartan los vínculos entre ellos, en lugar de que el legislador busque otras fuentes para satisfacer las necesidades de estos derechos.

"De hecho, la educación tiene capas superpuestas de prejuicios en PEC 188: (i) la exención de la Unión en relación con su deber de cofinanciar la educación, ya que los recursos de la contribución del salario educativo para los programas didácticos de material escolar, el transporte, la alimentación y la atención médica, hasta entonces llevados a cabo por el FNDE, se transfieren directamente a los estados, municipios y el Distrito Federal; (ii) las entidades federadas se liberan de la expansión de la red de educación pública, pudiendo pagar becas de estudio para toda la educación básica en escuelas registradas ".

La Nota Técnica del PFDC también recuerda que el PEC 188 deroga los artículos 46 a 60 de la Ley 12.351 / 2010, que definió el Fondo Social Pre-Salt y la asignación del 75% para educación básica y del 25% para salud a tiempo parcial. recursos financieros para la exploración de petróleo y gas natural. "Vale la pena recordar que la financiación de la salud y la educación ya ha estado sufriendo los efectos de la CE 95 y tiende a disminuir en los próximos 20 años", destaca la Fiscalía.

Para el Fiscal Federal para los Derechos de los Ciudadanos, lo que revela el Plan Mais Brasil, de manera bastante explícita, es la opción de avanzar en la falta de fondos para los derechos sociales a fin de generar un excedente que permita la sostenibilidad del servicio de la deuda pública, contrario a su propio espíritu de protección social de la Constitución.

"La Constitución de 1988 es un espacio normativo para la conquista de múltiples luchas emancipadoras, que traducen políticas públicas destinadas a superar la desigualdad histórica en Brasil. Se inserta en el modelo de constitucionalismo social, en el que no es suficiente, para la observancia de la igualdad, que el Estado abstenerse de instituir privilegios arbitrarios o discriminación. Por el contrario, parte de la premisa de que la igualdad es un objetivo a perseguir a través de acciones o políticas públicas, que, por lo tanto, exige iniciativas concretas en beneficio de los grupos desfavorecidos ".

La Nota Técnica está firmada por la Fiscal Federal para los Derechos de los Ciudadanos, Deborah Duprat.

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