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Bolivia: Pronunciamiento institucional de la Defensoría del Pueblo

Bolivia: Pronunciamiento institucional de la Defensoría del Pueblo

La Defensoría del Pueblo, ante el actual conflicto que se enfrenta desde hace más de un mes, ha impulsado acciones para promover la apertura de un espacio de acercamientos que posibilite la pacificación del país, en ese marco ha sido parte, conjuntamente a otras instituciones estatales y sociales, de mesas de diálogo en Oruro, Potosí, Santa Cruz, Chuquisaca y Cochabamba, en la mayoría, con buenos resultados para posibilitar que se levanten bloqueos de caminos y se suspendan las movilizaciones.

Desde el 21 de octubre, cuando comenzó el conflicto post electoral, la institución ha solicitado reiteradamente al Ministerio Público acciones legales dentro del ámbito penal por hechos vandálicos contra la propiedad privada y pública, por la afectación a la integridad física de personas, la muerte de personas durante enfrentamientos entre civiles y durante la intervención policial-militar, para que se pueda identificar y sancionar a los responsables.

Asimismo, ha intervenido en puntos específicos del conflicto cuando se registraron hechos de violencia en el sector de Vila Vila y Huancarani, en la carretera Oruro-Potosí, donde se secuestró a un universitario quien fue liberado días después con mediación defensorial y se hizo seguimiento a la denuncia de la violación a universitarias; y, en el marco del acceso a la justicia por las muertes en Sacaba y Senkata durante las actuaciones conjunta de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas.

En Cochabamba, la Defensoría del Pueblo, conjuntamente a una comisión ministerial del Gobierno, instaló una mesa de diálogo en la que se arribó a acuerdos que permitan levantar las medidas de protesta en ese departamento. En coordinación con el Ministerio de la Presidencia y las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, se acordó participar en una reunión del sector cocalero para informar de los puntos acordados y posibilitar que se depongan las medidas de protesta que se amplificaban hacia el país.

La arenga expresada por la Máxima Autoridad de la Defensoría del Pueblo, responde a los pedidos de justicia y memoria a las víctimas de este conflicto, que el propio Gobierno ha reconocido que no pueden quedar impunes; asimismo, dentro del llamado de la OEA para avanzar en un proceso eleccionario que permita el cese de la violencia, se ha hecho una reflexión al sector cocalero para que opte por participar de las próximas elecciones generales y cesar en sus movilizaciones al igual que a toda la población.

Respecto a las solicitudes de renuncia de la Defensora del Pueblo, éstas deben ser canalizadas a través de la Asamblea Legislativa Plurinacional y será esta instancia la que resuelva en el marco constitucional lo que corresponde.

Ante las protestas por grupos de personas en puertas de la oficina nacional de la institución, se debe entender que éstas se constituyen en un enorme perjuicio para las poblaciones en situación de vulnerabilidad que recurren para ser atendidas, por lo que se pide que se deje de lado esta afectación que se suma al perjuicio en la atención de casos que en promedio llegan a 10.000 casos a nivel nacional. El Código Penal sanciona a quien por cualquier medio, atentare contra la seguridad o el funcionamiento normal de los servicios públicos de agua, luz, substancias energéticas, energía eléctrica u otras.

Si bien se respeta el derecho a la protesta, los cánticos con mensajes de odio no pueden ser admitidos ni bajo el amparo de libertad de expresión, quienes protestan en puertas de la Defensoría del Pueblo, puedan generar violencia y discriminación. Cabe recordar que los insultos o agresiones verbales por motivos racistas o discriminatorios están tipificados como delitos en el artículo 281 del Código Penal; de igual forma, esta norma sanciona a quien impida, obstaculice o restrinja la libertad de trabajo.

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