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Bolivia: La Defensora del Pueblo denuncia, ante la CIDH, la vulneración estatal de los Derechos Humanos en el periodo poselectoral

Bolivia: La Defensora del Pueblo denuncia, ante la CIDH, la vulneración estatal de los Derechos Humanos en el periodo poselectoral

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, denunció la vulneración de los derechos humanos por parte del Estado boliviano en el periodo poselectoral del 20 de octubre de 2019 y lo hizo en las audiencias públicas del 175 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), realizadas en Haití.

“La Defensoría del Pueblo afirma que en Bolivia, desde el 20 de octubre de 2019 a la fecha, se ha incumplido la obligación de garantía de los derechos a la vida, integridad personal, igualdad ante la ley, protección judicial y libertad de pensamiento y expresión”, manifestó.

La CIDH programó esta audiencia a solicitud de la Defensoría del Pueblo y la denominó “Derechos Humanos en el contexto electoral en Bolivia”. En ella, Cruz presentó  un informe pormenorizado de los hechos que considera vulneraciones a los derechos humanos por parte del Estado boliviano. Y solicitó a los integrantes de esa comisión la llegada al país del Grupo de Expertos (GIEI) para continuar con la investigación de estos hechos.

“La Defensoría pide a la Comisión que asegure, a la brevedad posible, se constituya en Bolivia el Grupo de Expertos (GIEI) para continuar las investigaciones iniciadas desde noviembre 2019 y determinar las responsabilidades estatales”, enfatizó la Defensora.

Ella expuso aspectos relacionados a atentados a derechos como el acceso a la justicia y libertad de expresión, y resumió que “la vigencia de la Convención Americana se encuentra amenazada por la grave situación de vulneración de derechos humanos, que se ha vivido y que se continúa registrando debido a la sistemática conducta gubernamental”.

Relató que los hechos ocurridos desde el 21 de octubre del año pasado dejaron 35 muertes y 833 personas heridas y se preguntó: “¿Dónde estaban las autoridades del Ministerio de Justicia mientras se violaban los derechos humanos de ciudadanos detenidos ilegalmente y sometidos a tratos crueles e, incluso, a torturas?”.

Y denunció que pese a que esas violaciones deben ser investigadas por la justicia ordinaria, el Gobierno emitió un Decreto Supremo que exime de responsabilidad penal a las FF.AA., en especial por las masacres de Sacaba y Senkata. “La Defensoría del Pueblo solicita a la Comisión que inste al gobierno a responder ¿Por qué a la fecha no existe la identificación de los responsables de las masacres de Senkata, Sacaba y Pedregal?”, cuestionó Cruz.

La Defensora hizo un detalle sobre los anuncios de persecución judicial por parte del Gobierno en contra de ex autoridades. “Desde el Ministro de Gobierno dijeron: ‘vamos a ir a la cacería’, que ‘esas personas empiecen a correr porque los vamos a agarrar’”.

Y concluyó que “existe un patrón de vulneración a derechos identificado por el uso excesivo y abusivo de los tipos penales de sedición, terrorismo e incumplimiento de deberes, que transgrede incluso principios como el de presunción de inocencia”.

También relató que desde el 8 de noviembre se evidenciaron diferentes actos de agresión en contra de los periodistas por parte de grupos civiles, hechos que calificó como “omisión en la obligación de especial protección por parte del Estado”.

“En varias ocasiones, el gobierno transitorio ha calificado como sedición a los actos de los trabajadores de la prensa que de alguna manera contradecían la información oficial del gobierno”, reveló en la audiencia.

Y dijo: “Solicitamos que a través de ustedes el Estado responda: ¿Toda ideología diferente al actual gobierno será considerada como la comisión del delito de sedición?, ¿El órgano ejecutivo puede establecer límites a la libertad de expresión?”.

Además, denunció que el Estado no cumple las medidas cautelares emitidas por la Comisión en favor de dos funcionarios de la Defensoría del Pueblo.

Al finalizar su exposición hizo una serie de invocaciones a la CIDH para que recomiende al Estado la adopción de algunas medidas, como:  “que cese la persecución judicial arbitraria e ilegal y se garantice el ejercicio de los derechos políticos de ex autoridades y de dirigentes de organizaciones sociales”, “que el Estado se abstenga de realizar actos de hostigamiento, persecución y represión en contra de los servidores públicos de la Defensoría del Pueblo”, “que el Órgano Ejecutivo respete la independencia del Órgano Judicial y el Ministerio Público” y “que se garantice la libertad de expresión y la protección especial a los trabajadores de la prensa”.

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