A través de los medios de comunicación he tenido conocimiento de dos hechos separados en los que se efectuaron amenazas a muerte en contra de profesionales del periodismo.
El primero es el caso publicado por el periódico digital El Faro, el día veintiuno de enero del presente año, dicho medio informó que la Unidad Especializada contra el Crimen Organizado de la Fiscalía General de la República investiga el origen de una amenaza a muerte que recibió el señor Héctor Silva Ávalos, ex jefe adjunto de la embajada de El Salvador en Washington. En este caso, el Ministro de Seguridad, el día ocho de marzo de dos mil doce, habría avisado que interceptaron una amenaza escrita surgida de una cárcel del país, en contra del entonces funcionario consular.
Desde que el señor Silva Ávalos puso la denuncia, éste habría manifestado sospechas que detrás de la amenaza se ocultaba una advertencia no necesariamente de las pandillas, sino que podría provenir de un grupo de oficiales de la Policía Nacional Civil vinculados a la banda de «Los Perrones», esto debido a que antes de ocupar el cargo diplomático se desempeñó durante muchos años como periodista en el periódico La Prensa Gráfica, donde llegó a ocupar el cargo de gerente de redacción, y desde ese puesto dirigió la investigación a la banda de narcotraficantes y su posible conexión con oficiales policiales.
El segundo caso ocurrió hace dos días, a través de lo publicado en las franjas noticiosas televisivas y en los periódicos, se conoció que un equipo de periodistas, compuesto por una reportera y un camarógrafo del noticiero Hechos de Canal 12 de televisión, fueron amenazados de muerte, esto ocurrió luego de culminar la cobertura de una audiencia en contra de tres personas acusadas de intento de asesinato, la audiencia se celebró en el juzgado Primero de Paz de Santa Tecla. De acuerdo a lo publicado, la periodista al finalizar la audiencia junto a su camarógrafo abandonaron el centro judicial y se dirigieron al vehículo propiedad del Canal, cuando un sujeto no identificado se les acercó y los amenazó de muerte diciéndoles «Si sale algo al mediodía en televisión no respondo por la vida de ustedes dos».
El Canal 12 difundió un video donde se observa a un sujeto a bordo de un vehículo que se atraviesa al frente del automóvil donde van los periodistas, saca un arma de fuego, les apunta en una clara amenaza y luego se marcha. El día de ayer en horas de la tarde, la Policía Nacional Civil informó de la captura de un hombre quien de acuerdo a las autoridades sería la persona que realizó las amenazas.
Estos hechos causan conmoción no solo por la trascendencia que tienen a nivel personal de los periodistas directamente afectados y sus familias, sino que traen repercusiones al ejercicio de la profesión en los medios de comunicación. A juicio de esta Procuraduría, conforme a estos hechos se deben llamar la atención generando una actuación decisiva de las autoridades públicas responsables en el tema de seguridad, pues como Procurador debo señalar que el trabajo de los comunicadores sociales es uno de los más peligrosos en los países de la región de América Latina.
Para esta Institución los asesinatos, agresiones y amenazas en contra de los periodistas, son violaciones a sus derechos humanos, entre ellos la vida, la integridad y la seguridad personales -las dos últimas en casos de amenazas y hostigamientos-. Al respecto esta Procuraduría comparte el criterio de la jurisprudencia de La Corte Interamericana de Derechos Humanos, que establece: «es necesario también que los periodistas y, en general, todos aquéllos que se dedican profesionalmente a la comunicación social, puedan trabajar con protección suficiente para la libertad e independencia que requiere este oficio… El ejercicio de ese periodismo profesional no puede ser diferenciado de la libertad de expresión; por lo contrario, ambas cosas están efectivamente imbricadas, pues el periodista profesional es una persona que ha decidido ejercer la libertad de expresión de modo continuo, estable y remunerado».[1]
También es oportuno precisar que los ataques contra periodistas, producen un efecto paralizante en la sociedad al enviar un mensaje claro a quienes realizan actividades informativas, y se constituye en un método eficaz de censura y manejo de la información. Es por ello que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha establecido que: «9. El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada».[2]
En consonancia con lo anterior, en mi calidad de Defensor del Pueblo, puedo afirmar que es una responsabilidad ineludible del Estado salvadoreño hacer todo lo necesario para garantizar sus derechos, y por ello puede ser responsable directamente cuando uno de sus agentes amenaza, intimida o asesina a un comunicador social; pero también es responsable indirectamente cuando las investigaciones que se realicen carecen de seriedad o cuando no protege efectivamente a las personas en riesgo.
Es por ello que su actuación debe ser tanto preventiva, evitando que las amenazas puedan llegar a concretarse, como decisiva, de forma tal que se establezca un precedente positivo que este tipo de hechos no serán tolerados. En este punto debo señalar lo dicho en el Estudio Especial sobre asesinato de periodistas[3]:
«70. La ausencia de una investigación efectiva de este tipo de delitos y la consiguiente no identificación y sanción de todos los responsables, genera impunidad y, de este modo, propicia la repetición de los mismos y produce nuevamente un efecto inhibidor del ejercicio de la libertad de expresión, especialmente en lo que atañe a la libertad de denunciar e informar sobre la conducta de los agentes públicos. Ese efecto sólo puede ser evitado mediante la acción decisiva de los Estados para investigar, enjuiciar y castigar a quienes amenazan, asesinan o cometen cualquier forma de represalia contra una persona por la manifestación de sus ideas y opiniones.»
Ante estos hechos, que con sus implicaciones comprometen y afectan la libertad de expresión en nuestro país, en mi calidad de Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, a las instituciones gubernamentales y al pueblo en general, les expreso mi fuerte condena y rechazo ante los hechos.
Al mismo tiempo advierto que en caso que ambos casos no sean atendidos adecuadamente las consecuencias podrían afectar a todo el gremio de periodistas y profesionales de la comunicación; por tanto, hago un enérgico llamado al señor Fiscal General de la República, y al señor Director de la Policía Nacional Civil, a efecto que realicen las actuaciones dentro de su mandato constitucional y legal para identificar a todos los responsables materiales e intelectuales, directos o indirectos de las amenazas en los casos mencionados, para que estos hechos no se conviertan en un mensaje de temor e impunidad que afecte negativamente la seguridad de la ciudadanía, la libertad de expresión y el ejercicio periodístico.
En este sentido deseo reconocer a la Fiscalía General de la República y a la Policía Nacional Civil la prontitud de su actuación en este caso, al haber capturado ya a una persona, esperando que toda la investigación culmine satisfactoriamente para bien de la justicia y la libertad de expresión en el país.
De forma especial, me parece oportuno citar las recomendaciones emitidas por el Relator Especial para la Libertad de Opinión y Expresión de Naciones Unidas[4], dirigidas a los propietarios de los medios de comunicación, e instarlos a proveer el apoyo apropiado a las y los periodistas, incluyendo protocolos de seguridad y capacitación adecuada para aminorar los riesgos. Recomendaciones que son perfectamente aplicables para los periodistas que trabajan en medios públicos y comunitarios.
Finalmente, desde mi posición como Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos me comprometo a dar seguimiento a la investigación y el proceso penal , tal como lo dispone mi mandato constitucional.
San Salvador, 24 de enero de 2013
Licenciado Oscar Humberto Luna
Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos
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[1] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión sobre La Colegiación Obligatoria de Periodistas, artículos 13 y 29, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. párrafos 78 y 74.
[2] Comisión Interamericana de Derechos Humanos. CIDH. Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión.
[3] Comisión Interamericana de Derechos Humanos. CIDH. Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Estudio Especial sobre Asesinato de Periodistas. 8 de marzo de 2008. página 40, párrafo 70.
[4] Organización de las Naciones Unidas, Informe de la misión a México del Relator Especial para la Promoción y Protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, señor Frank La Rue, 19 de mayo de 2011. A/HRC/17/27/Add.3 Recomendaciones finales.
FUENTE: Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos