COLOMBIA: Por presencia de minas antipersonal y atentado contra dos torres de energía eléctrica

El Defensor del Pueblo, Vólmar Pérez Ortiz, rechazó la activación de una carga explosiva que derribó el pasado 10 de agosto las torres de conducción de energía eléctrica 307 y 308, ubicadas en el resguardo indígena Awá Inda Sabaleta, localizado en jurisdicción del municipio de Tumaco, y que provocó la suspensión del suministro de energía eléctrica a los municipios de Barbacoas, Magüí Payán, Roberto Payán y Ricaurte en el departamento de Nariño.

Igualmente, la Defensoría del Pueblo tuvo conocimiento de la muerte violenta el pasado 14 de agosto del señor Antirio Loza, integrante del pueblo indígena Los Pastos, como consecuencia de la activación de una mina antipersonal en el resguardo Inda Sabaleta. En este hecho resultaron heridos los indígenas Awá, Santiago Pascal y Aldiner Rodríguez.

La Defensoría del Pueblo también confirmó que el pasado 11 de agosto, cuando el señor José Melandro Paí Pascal, de 17 años de edad y estudiante de la institución educativa de Inda Sabaleta, se dirigía a realizar labores de cacería y pesca, fue víctima de un accidente por mina antipersona y se ordenó su traslado a la ciudad de Tumaco para recibir tratamiento médico de urgencia por la gravedad de sus heridas.

El pasado 13 de agosto, el soldado profesional John Edison Riveros Escalante, de 24 años de edad y quien ingresó a la zona del atentado para proteger las tareas de reparación de las torres eléctricas de la empresa Centrales Eléctricas de Nariño (CEDENAR) con el propósito de poner de nuevo en funcionamiento esa infraestructura, perdió la vida cuando fue activado un campo minado. En el mismo hecho resultó lesionado el soldado profesional Hader Reyes Rodríguez, de 24 años de edad.

El 14 de agosto también resultaron víctimas de accidente con mina antipersonal en la misma zona los funcionarios de CEDENAR, Arcelino Chávez Hoyos, de 34 años de edad, y Ángel Arbey Ordóñez Andrade de 27 años de edad, ambos oriundos del municipio de Buesaco.

Envío de comisión humanitaria

De otra parte, la subcomisión de Prevención el Comité Departamental de Justicia Transicional de Nariño, sostenida el 13 de agosto y convocada por solicitud de la Unidad Indígena del Pueblo Awá (UNIPA), se decidió el envío de una comisión humanitaria al resguardo indígena Awá Inda Sabaleta en el municipio de Tumaco para evaluar la situación de confinamiento de la población.

La comisión humanitaria conformada por representantes de la Gobernación de Nariño, la Unidad Especial de Atención a Víctimas, el Departamento para la Prosperidad Social, ICBF y la Defensoría del Pueblo, entre otras instituciones, tiene el encargo de verificar con las autoridades competentes las condiciones de seguridad en la zona para decidir su retorno al resguardo y atender la crisis humanitaria que viven las comunidades indígenas.

Información allegada a la Defensoría del Pueblo por parte de integrantes de la comunidad Awá, señala que los campos minados que han provocado los accidentes por MAP, se encuentran ubicados a 600 metros de la institución educativa del resguardo Awá Inda Sabaleta, lo que ha provocado la suspensión de las clases.

Medidas de protección

Por lo anterior, el Defensor del Pueblo instó a las autoridades competentes a implementar medidas de prevención y atención para la protección del derecho a la vida, la integridad física y la libertad de movilidad de las comunidades asentadas en el Resguardo Awá Inda Sabaleta y cumplir con lo establecido en el Plan de Salvaguarda Étnica fijado por la Corte Constitucional en el Auto 174 del 9 de agosto de 2011 en el que se prevén la protección de los territorios tradicionales y ancestrales, la prevención del impacto de la confrontación armada y el desplazamiento forzado en los Pueblos Indígenas.

También la Defensoría del Pueblo pidió a las FARC y demás grupos armados ilegales que operan en esa región del país, que respeten el Derecho Internacional Humanitario (DIH) absteniéndose de someter a la población civil a restricciones en la movilidad con lo que se les afecta el acceso a la salud, la educación y alimentación.

FUENTE: Defensoría del Pueblo de la República de Colombia