La nueva Ley de Amparo promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto, es el requisito indispensable para concretizar la reforma constitucional en materia de Derechos Humanos aprobada en el 2011, porque permite ahora solicitar el amparo de la justicia federal, por violaciones a los derechos humanos consagrados tanto en la Constitución General de la República, como en los tratados internacionales derecho humanistas que haya firmado nuestro país, afirmó el licenciado José Luis Armendáriz González, presidente de la CEDH.
«La incorporación al texto constitucional de los derechos humanos ha roto paradigmas en materia jurídica, pero además termina con una formación académica con la cual nos formamos muchos abogados, por lo que ahora las nuevas generaciones tendrán oportunidad de enriquecer la interpretación y aplicación de la nueva Ley de Amparo».
De las innovaciones importantes que se detallan dentro de la nueva Ley de Amparo, es la relacionada con la facultad que tendrán los jueces para interpretar los alcances que pueden tener los amparos; es decir, que los integrantes del Poder Judicial tendrán mayor capacidad de decisión para conceder el amparo de la justicia federal ya no solamente en base al interés jurídico, individualista y personalísimo, como lo habíamos hecho desde siempre, ya que ahora con un efecto intensamente humanista y solidario, se puede irradiar al interés común y legítimo de todos los demás.
El Ombudsman Chihuahuense, explicó que «Tenemos como ejemplo la contaminación que una persona o empresa este realizando sobre un rio; anteriormente si una persona presentaba un amparo, tenía que demostrar el interés jurídico, y el juez podría concederle la suspensión y el amparo solamente al quejoso, pero ahora, cuando se demuestre el interés común y legítimo de todos quienes habitan sobre el rio, todos resultan amparados».
«Lo mejor de la reforma es que los jueces tendrán que cambiar su forma de aplicar justicia, sostuvo José Luis Armendáriz González; la manera en que han venido dictando sus sentencias sufrirá una radical modificación, que sin duda será mejor, porque se trata de una ampliación de los derechos de las personas, de una mayor respeto tanto por las leyes como por las propias autoridades.
FUENTE: Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua