Quiero expresar a nombre mío y de la institución que hoy me honro en dirigir, mi más profunda gratitud y respeto por todas las mujeres bolivianas, pero especialmente por aquellas que han aportado y aportan cada día a la construcción de una sociedad que haga de la igualdad, la democracia, la libertad y la dignidad, normas de vida, de conducta y de principios.
Valoramos y sostenemos los avances que se han dado en el reconocimiento de los derechos de las mujeres, a través del desarrollo normativo que ha generado la implementación de varias políticas públicas, leyes y decretos en cuya construcción ha participado y aportado la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, este avance se ha visto impedido de aplicarse en beneficio de las mujeres bolivianas debido a la ausencia de institucionalización y de asignación de presupuestos y recursos suficientes y necesarios que nos permitan avanzar hacia la despatriarcalización y acortar la deuda histórica que se tiene con más de la mitad de la población.
Más allá de las cifras y los estudios, es indudable que vivimos y reproducimos un modelo patriarcal e injusto que se mantiene inamovible, que es creciente y sostenido que se refleja en la vigencia plena de normas y conductas sociales que privilegian la violencia y la discriminación hacia las mujeres, especialmente a las que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad.
No otra cosa significa que en Bolivia, pese a los innegables avances en materia económica, social y de derechos, la pobreza extrema afecta principalmente a mujeres indígenas y campesinas, lo que a su vez se refleja en las brechas evidentes entre hombres y mujeres en el acceso pleno y el ejercicio de sus derechos a la educación, la salud, la vivienda, el trabajo, el salario, la justicia y la participación política que, incluso con una normativa de vanguardia y políticas públicas vigentes, mantiene esquemas de discriminación y desigualdad que a veces alcanza niveles alarmantes.
Quizá donde más se evidencia la ideología patriarcal, es en la violencia. Según cifras de organismos internacionales, Bolivia tiene el más alto nivel de violencia física reportado por mujeres de 15 a 49 años en la región. En materia de violencia sexual nuestro país ocupa el segundo puesto, después de Haití. Estas conclusiones no precisan de comprobación ya que resultan evidentes cada día en los hogares, las comunidades, los centros de trabajo, las escuelas e incluso las instituciones.
Pero la violencia no sólo es física, sicológica y sexual. La ideología patriarcal de construcción de la sociedad mantiene el uso permanente del lenguaje sexista en todos los niveles sociales e institucionales, donde la recurrencia de alusiones despectivas, machistas y denigrantes hacia las mujeres no sólo resulta cotidiano y se naturaliza sino que no genera ninguna reacción de condena. Estas formas de violencia cultural, que se mantienen intactas, contribuyen de manera importante a sostener y promover la vulneración de derechos de las mujeres por el hecho a ser mujer.
Pero, aunque creo firmemente que no tenemos motivos para la celebración, estoy persuadido que sí los tenemos para la esperanza. La esperanza que se constituye en la semilla de los cambios y las revoluciones es algo que ya está sembrado en la sociedad gracias a las miles de mujeres que ofrendaron sus vidas día a día, en una lucha temible y desigual contra el sistema patriarcal. Ellas y solo ellas han sido las impulsoras y generadoras de los pequeños cambios que estamos viviendo y que serán el motor de las grandes transformaciones sociales que deben llevarnos por el camino de la construcción de la justicia y la igualdad que no puede alcanzarse si antes no hemos logrado destruir el sistema de dominación patriarcal.
Desde la Defensoría del Pueblo, estamos aportando desde nuestra responsabilidad y nuestro trabajo a que esa esperanza se convierta en una realidad a partir de la definición institucional que la defensa de los derechos de las mujeres es una obligación y una necesidad imprescindible para el logro de todos los demás derechos. Desde esa perspectiva, asumimos plenamente los principios de la despatriarcalización y los manifestamos en todas nuestras acciones, expresiones y decisiones a partir de sostener la búsqueda de equidad, eliminación de la violencia en todas sus formas y promoción de su derecho de participación efectiva, pero que busca fundamentalmente eliminar la visión y las actitudes patriarcales de dominación.
Quiero, finalmente, reiterar el compromiso de conciencia que tengo como Defensor y como luchador por los derechos humanos, con el propósito y la decisión de apoyar y trabajar en todas las iniciativas y luchas de las mujeres por alcanzar la igualdad y la justicia porque entiendo que en este camino serán ellas, desde los espacios políticos, educativos, sociales, culturales, religiosos, artísticos, mediáticos, laborales, judiciales y otros, las que han de alcanzar más pronto que tarde este sueño de una sociedad de iguales en un mundo de libertad, justicia y paz.
FUENTE: Defensoría del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia