La Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO), que aglutina a veinte Defensores del Pueblo de Latinoamérica y la península ibérica emitió un comunicado público en el cual «Manifiesta su apoyo a Rolando Villena Villegas, Defensor del Pueblo de Bolivia, y expresa su solidaridad y, por su intermedio, la de todos los miembros de la FIO, frente a cualquier acción que pretenda impedir o dificultar su gestión de defensa de los derechos humanos».
El documento además «exhorta al gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia a generar un clima propicio de comunicación y coordinación con la Defensoría del Pueblo de ese país, a fin de coadyuvar al cumplimiento y ejercicio de los derechos humanos, especialmente de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad».
El Consejo Rector de esta entidad, reunido el pasado 4 de Diciembre en Ciudad de México determinó emitir el pronunciamiento que ya había sido decidido en la Asamblea General del 6 de Noviembre días después que el Instituto Latinoamericano del Ombudsman había emitido otro comunicado en esta misma línea.
La FIO recuerda que «es de interés del Consejo Rector alertar y expresar su rechazo a cualquier acción directa o velada que pretenda impedir, dificultar o intimidar el trabajo y la gestión de sus instituciones miembros en la defensa y promoción de los derechos humanos, sea que provengan de los órganos del Estado o de cualquier ente privado, sindical, corporativo o de otra índole».
El documento, que fue emitido por el Consejo Rector, está suscrito por el Presidente de la Entidad, Raúl Plascencia Villanueva y fue enviado además a la Cancillería del Estado boliviano.
Recientemente, el Defensor del Pueblo fue objeto de duras críticas y acusaciones por parte del propio Presidente del Estado y de varios parlamentarios oficialistas cuando solicitó el retorno el Embajador ante Naciones Unidas, Sacha Llorenti, quien era Ministro de Gobierno durante los luctuosos sucesos de Chaparina, para que se someta a una investigación sobre su participación en éstos, y luego por demandar una investigación a las más de 20 muertes de conscriptos y cadetes en recintos militares y exigir y que se tomen medidas de precaución y protección a quienes sirven a la Patria en cuarteles y unidades de formación castrense.
FUENTE: Defensoría del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia